Diputada Thelma Ramírez lidera mesa interinstitucional para regularizar territorios en once comunidades de Izabal
Un paso significativo hacia la garantía del derecho a la tierra se dio este jueves en el municipio de Livingston, departamento de Izabal, en Guatemala. La diputada distrital Thelma Ramírez, del partido oficialista Vamos, encabezó una mesa de trabajo interinstitucional que busca agilizar el proceso de certeza jurídica sobre los terrenos que actualmente ocupan once comunidades del sector Sierra Santa Cruz.
Las comunidades involucradas —Semachaca, Becerro, Cerro Blanco, César Kikip, César Kipek, La Franja, Adelitas, Zapotillo, Sesap, Cepac y Sierra Santa Cruz— han convivido durante años en condiciones de incertidumbre legal respecto a sus territorios. En esta sesión de diálogo participaron representantes clave de instituciones estatales como el Fondo de Tierras (Fontierras), el Registro de Información Catastral (RIC), el Ministerio de Finanzas Públicas, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco).
Durante el encuentro, se delineó una hoja de ruta para la regularización de las propiedades comunales. El proceso, según explicaron las autoridades, consiste en determinar si los terrenos en disputa se encuentran dentro de áreas protegidas. En caso contrario, se procederá a su inscripción formal a través de Fontierras.
Manuel Henry, delegado del Conap, adelantó que se verificó que las fincas no se encuentran en zonas protegidas. Esta información será oficializada el próximo 8 de julio ante el Consejo Nacional, que deberá luego trasladarla al Fondo de Tierras para avanzar con la entrega de la documentación a las comunidades.
Por su parte, el alcalde de Livingston, Enrique Xol, expresó su respaldo total al proceso y se comprometió a facilitar los trámites municipales necesarios. “Estamos con ustedes en este esfuerzo por mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades”, afirmó.
La diputada Ramírez, impulsora de la iniciativa, subrayó la necesidad de que las comunidades comiencen a proyectar obras de interés público —escuelas, centros de salud, canchas deportivas y cementerios— en los terrenos legalizados, en nombre de la alcaldía. “El acceso a la tierra es un derecho fundamental y esta certeza jurídica es la base para planificar un futuro con dignidad”, manifestó.
Este avance representa no solo una victoria legal, sino también un acto de reconocimiento hacia pueblos históricamente postergados del Caribe guatemalteco. La articulación entre comunidades, gobierno local e instituciones nacionales ofrece una vía concreta para democratizar el acceso a la tierra y promover el desarrollo rural.
Recuadro informativo:
¿Qué es Fontierras?
El Fondo de Tierras de Guatemala es una entidad pública que promueve el acceso a la tierra para familias campesinas, como parte de los compromisos del Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996.
Importancia de la certeza jurídica de la tierra:
Contar con documentos legales sobre la propiedad de los terrenos permite a las comunidades acceder a servicios básicos, créditos agrícolas, infraestructura pública y protección legal ante despojos.
