El Gobierno de Costa Rica ha desclasificado una serie de documentos relacionados con acuerdos bilaterales firmados con El Salvador. Estos incluyen siete memorandos de entendimiento y un acuerdo, que habían sido declarados confidenciales por la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Transparencia en Costa Rica
La solicitud de acceso a esta información fue realizada por Brandon Toruño, jurista costarricense, quien posteriormente compartió los documentos con diputados salvadoreños, entre ellos Marcela Villatoro, Claudia Ortiz y Francisco Lira. Toruño utilizó la red social X para comunicar su acción:«Hermanos salvadoreños, en atención a su solicitud sobre tener conocimiento de los acuerdos alcanzados entre el gobierno autoritario de Nayib Bukele y el de Rodrigo Chaves, ya que el señor Bukele los declaró en reserva, este servidor había solicitado toda la información detallada y ya la presidencia me dio respuesta».
Acuerdos bajo Reserva en El Salvador
La visita de Bukele a Costa Rica en noviembre de 2024 marcó la firma de estos acuerdos, los aborda cuales temas como comercio internacional, seguridad transfronteriza, crimen organizado e inmigración. Durante su visita, Bukele recibió la máxima condecoración otorgada por Costa Rica.
Sin embargo, los documentos firmados fueron clasificados como confidenciales por el Gobierno de El Salvador. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, los acuerdos estipulan que ninguna de las partes puede divulgar la información relacionada.
Críticas a la Confidencialidad
Diputados salvadoreños han cuestionado la reserva de estos documentos. Marcela Villatoro, legisladora del partido ARENA, expresó:«La información de todos los instrumentos públicos debe ser de carácter público. Es ridículo que se escondan acuerdos hechos entre países, a menos que tengan intenciones oscuras».
Por su parte, Costa Rica ha destacado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, contrastando con la postura de El Salvador en este asunto.
La liberación de esta información ha abierto un debate sobre la importancia de la transparencia en los acuerdos internacionales y los derechos de los ciudadanos a conocer las decisiones de sus gobiernos.
Este caso subraya las diferencias en las políticas de acceso a la información entre ambas naciones, dejando en evidencia la tensión entre la confidencialidad y el derecho público a la información.
