En una reflexión reciente, Gerardo Leal Orias, candidato a diputado del Partido Comunal Unido por San José, planteó un análisis profundo sobre la informalidad laboral en Costa Rica, calificándola no como un problema moral, sino como una realidad social que debe abordarse con comprensión y políticas públicas inclusivas.
“La informalidad no es un problema moral, sino una realidad social que necesita comprensión, acompañamiento y políticas que premien, no castiguen”, afirma Leal Orias.
Una realidad extendida y multifacética
Según explica Leal Orias, la informalidad abarca a todas aquellas personas que generan ingresos mediante actividades económicas, pero no se han formalizado ante las instituciones responsables. Esto incluye tanto a profesionales independientes como a pequeños emprendedores que aún no han cumplido los procesos administrativos ante entidades como:
El Ministerio de Hacienda, responsable de la recaudación de impuestos.
Las Municipalidades,
a través de la obtención de patentes comerciales.La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), encargada de la cobertura de salud y pensiones.
El Instituto Nacional de Seguros (INS), para la protección de patrimonios y personas.
El Ministerio de Salud, mediante las autorizaciones sanitarias.
Para Leal Orias, estas personas no deben ser vistas como evasoras o irresponsables, sino como agentes productivos que sostienen familias, generan ingresos y dinamizan la economía nacional.
“De la sanción al estímulo”
El político comunal cuestiona que la respuesta institucional ante la informalidad haya sido, tradicionalmente, punitiva: multas, cierres de locales o confiscación de inventarios. En su lugar, propone un cambio de paradigma, donde la formalización sea vista como un proceso de acompañamiento y estímulo.
Entre las medidas que sugiere están:
Reducir los cobros iniciales para quienes inician el proceso de formalización.
Simplificar los trámites administrativos.
Difundir los beneficios de la formalidad en la vejez y la protección social.
Fomentar el uso digno de los servicios públicos y la confianza en las instituciones.
Facilitar el acceso al crédito y al sistema bancario.
Promover políticas públicas que apoyen la producción y el emprendimiento local.
El valor económico y social de la formalización
Para Leal, cada persona trabajadora informal representa una voluntad productiva y un potencial de desarrollo económico. Por ello, considera que la formalización debe entenderse como una alianza de beneficio mutuo: mientras el Estado fortalece su recaudación, los ciudadanos obtienen seguridad social, acceso a créditos y mayor estabilidad laboral.
“La formalización no solo mejora la calidad de vida de quienes producen, sino que refuerza los cimientos de la colectividad”, señala Leal Orias, insistiendo en que el desarrollo sostenible comienza cuando todos participamos de un mismo sistema de derechos y deberes.
Una invitación a la acción colectiva
El candidato concluye su reflexión con un llamado a la unidad social:
“Para corregir las imperfecciones, debemos, como ciudadanos, actuar a una sola voz. Reflexionemos y actuemos juntos por una economía formal, justa e inclusiva.”
En un país donde más del 40% de la fuerza laboral se mantiene en la informalidad, la propuesta de Gerardo Leal Orias abre un debate necesario sobre cómo construir un Estado que incentive, acompañe y premie la productividad, en lugar de penalizarla.
