George Rodríguez/Foto-Medios
La crisis humanitaria que padecen los centenares de migrantes nicaragüenses varados en la frontera Costa Rica-Nicaragua, es responsabilidad, únicamente, del régimen encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, denunció la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.
Ello se enmarca en la persistente violación a los derechos humanos, por parte de ese gobierno, expresó la directora ejecutiva de la fundación, Lina Barrantes.
En el contexto de emergencia en el puesto fronterizo costarricense de Peñas Blancas, a unos 311 kilómetros al noroeste de San José, la capital nacional, la fundación exhortó, a organizaciones humanitarias, a financiar la obtención de pruebas del nuevo coronavirus, causante de la pandemia mundial de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19), indicó la entidad, en un comunicado.
“Esta crisis con los nicaragüenses en la frontera tiene un solo culpable, y es la dictadura Ortega-Murillo, quienes irrespetan los más sagrados valores universales de respeto a la dignidad humana”, planteó Barrantes, citada en el comunicado.
La fundación, que lleva el nombre del ex presidente costarricense (1986-1990, 2006-2010) Oscar Arias -galardonado en 1987 con el Premio Nobel de la Paz-, formuló un llamado, a organizaciones humanitarias, a financiar las pruebas, se informó en el comunicado.
“Las pruebas COVID-19 para los nicaragüenses varados en la frontera norte (costarricense) empezaron a realizarse hoy 31 de julio, tras obtener los fondos suficientes para financiarlas casi en su totalidad”, señaló la fundación, en el texto de cinco párrafos que tituló
“Los recursos provienen de organizaciones humanitarias e individuos que respondieron al llamado de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y el Centro de Derechos Laborales que, con la generosa contribución de la Clínica Bíblica, y bajo la coordinación del Gobierno de la República de Costa Rica a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, han logrado iniciar el proceso”, agregó.
La fundación aludió así, n el primer caso, a la Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica (Cdlsinfro-CR), organización defensora y promotora de los derechos de la población trabajadora migrante, refugiada, indígena, afrodescendiente en condición de vulnerabilidad.
En el segundo caso, se refirió a uno de los principales hospitales privados costarricenses.
También informó que, “en las últimas semanas ha entregado a los funcionarios costarricenses destacados en la frontera norte mascarillas, termómetros, alcohol, jabón, desinfectante y lavatorios valorados en varios millones de colones”.
“A la vez, se han facilitado cubre bocas y otros productos para personas en condiciones de vulnerabilidad en diferentes partes del país”, precisó.
Al respecto, Barrantes destacó la solidaridad demostrada por las instituciones y las personas quienes respondieron al llamado.
“Hoy, más que nunca, es cuando sale a flote la solidaridad de las y los costarricenses”, expresó.
“La crisis humanitaria en la frontera norte, de cientos de hermanos nicaragüenses, movilizó a individuos y organizaciones privadas a poner en práctica esa regla de oro de todas las religiones: el amor al prójimo”, reflexionó.
Los migrantes nicaragüenses varados en Peñas Blancas, en el extremo occidental de la frontera binacional, permanecen a la espera de autorización, del gobierno de Ortega, para regresar a su país de origen.
Las autoridades de Nicaragua afirman, entre otros planteamientos, que, los ciudadanos quienes deseen regresar, deben someterse a la prueba médica que determine si están infectados con el virus.
Entretanto, durante los más de 10 días que esa situación tiene lugar, al otro lado de la frontera terrestre de 309 kilómetros, el régimen de Ortega ha desplegado tropas, para impedir el ingreso de esas personas.
Al respecto, el secretario general de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), el abogado Álvaro Leiva, denunció, el 29 de julio, en conferencia de prensa en San José, que el gobierno de Ortega ha tropas regulares lo mismo que paramilitares en ese sector del límite binacional.
“Tenemos información de que han sido trasladados grupos paramilitares -civiles armados-, acompañando al traslado de las fuerzas armadas, en función de crear el caos, crear más incertidumbre, crear más miedo”, denunció, en la sede donde la Anpdh opera, desde 2018, en el exilio, en Costa Rica.
“Esa es la imagen que está dando el régimen Ortega, frente a sus ciudadanos y a la comunidad internacional: de que, en Nicaragua, no existe la voluntad política de mejorar el tema de la radiografía de los derechos humanos”, reflexionó, para agregar que “es lamentable cómo está respondiendo, el régimen, frente a una crisis humanitaria”.
En opinión del defensor de derechos humanos, “verdaderamente, aquí, lo que se debía de esperar, es la facilitación para el ingreso de estos civiles”, ya que, reafirmó, “no son militares, no son fuerzas armadas, como para tener que reforzar, militarmente, o estar intimidando con grupos ilegales armados, para emplazarlos contra una ciudadanía civil, que, simplemente, lo que quiere es ingresar a su país de origen”.
La pandemia mundial que, que golpea económica y socialmente a diferentes países
-Nicaragua incluida-, se suma, en el caso nicaragüense, a la violenta crisis sociopolítica que, hace algo más de dos años, afecta al país centroamericano, y se caracteriza por la severa represión antiopositora imperante desde entones.
De acuerdo con los datos más recientes que la Anpdh, la represión policial y paramilitar del gobierno orteguista ha cobrado, desde abril de 2018 -cuando estalló la crisis sociopolítica-, más de 720 vidas.
