La historia política de Guatemala desborda personajes corruptos, situaciones de violación de derechos humanos -incluidos crímenes de lesa humanidad-, brutalidad escuadronera, contexto del cual el país no logra del todo salir.
Apenas una muestra de lo último, es el golpe de Estado preventivo, actualmente en lenta aunque inexorable marcha, para impedir que los centroizquierdistas Bernardo Arévalo y Karen Herrera asuman, el 14 de enero, respectivamente, la presidencia y la vicepresidencia del país centroamericano.
Los famosos e históricamente turbios poderes fácticos, no solamente no descansan sino que sobrecumplen, cuando están enfrentados a situaciones que consideran de alto riesgo para sus intereses -como la presente-.
Las alarmas en la corrupta y criminal clase política tradicional chapina fueron masivamente activadas por el inesperado salto que el binomio Arévalo-Herrera -la exitosa fórmula del políticamente satanizado Movimiento Semilla- dio, desde el fondo de las encuestas de intención de voto, al segundo lugar en la primera vuelta electoral -el 25 de junio-, y, de ahí, a ganar la segunda, la definitiva -el 20 de agosto-.
Ante ello, los dueños del país decidieron que la democrática Revolución de Octubre (1944-1954) no se repetirá en vértice del tan violento cuanto corrupto Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Guatemala, Honduras-.
Quienes administran a Guatemala como si fuese una empresa -su empresa-, están particularmente aterrorizados por el hecho de que Arévalo, además de que, en la campaña, prometió combatir la corrupción, es hijo de uno de los dos presidentes de la Revolución: el centroizquierdista Juan José Arévalo.
El padre del mandatario electo, fue el primer gobernante cuya administración (1945-1951) se enmarcó en ese democrático período que fue la Revolución, proceso que, inaugurado el 20 de octubre de ese año -con la instalación de la Junta Revolucionaria de Gobierno (1944-1945)-, dio inicio a la década de liderazgo caracterizado por la sensibilidad social.
La revolución finalizó, ilegal y abruptamente -como no podía ser de otro modo en el contexto político local-, cuando su segundo presidente (1951-1954), el progresista coronel Jacobo Árbenz, fue derrocado, por la vía del golpe de Estado del 27 de junio de 1954.
La operación PB Success (PB Éxito) -que reemplazó a la abortada PB Fortune (PB Fortuna, o PB Suerte)-, estructurada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del Tío Sam, fue el instrumento -apoyado principalmente por el gobierno de Estados Unidos, la colonizadora/feudalmente explotadora compañía frutera estadounidense United Fruit Company, y el dictador nicaragüense (1933-1956) Anastasio “Tacho” Somoza García-.
Según relatos históricos de la época, durante una reunión que desarrolló con el entonces presidente estadounidense (1945-1949, 1949-1953), Harry Truman, en el marco de su primera visita oficial a Estados Unidos, Somoza aseguró que, si ese país le proporcionaba las armas necesarias, “limpiaría a Guatemala”.
El golpe fue planificado durante el gobierno de Truman, y ejecutado bajo la administración (1953-1957, 1957-1961) del general retirado Dwight “Ike” Eisenhower -héroe estadounidense de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)-.
También de acuerdo con referencias documentales de ese momento, el entonces embajador de Estados Unidos en Guatemala, John Peurifoy, celebró el desarrollo del derrocamiento de Árbenz, disparando balazos, al aire, en la entrada a la embajada, empuñando un par de revólveres Colt.
Así fue cómo el mediocre/ultraderechista coronel Carlos Castillo Armas -con su ridículo bigote estilo hitleriano, aunque no tan ridículamente cuadrado- llegó, en 1954, al poder, manteniéndose allí hasta 1957, cuando fue ejecutado -la noche del 26 de julio-, en la Casa Presidencial, aparentemente, por un soldado quien, según diferentes versiones, de inmediato, se suicidó.
A diferencia de 1954, en lugar de movilizar tropas, los dueños del país activaron, ahora
-para la ejecución del golpe que vienen desarrollando desde la noche del 25 de junio-, al Ministerio Público (MP), con su jefa y fiscala general de la República, Consuelo Porras, como líder de la delictiva fuerza de tarea.
Entre sus mandos subalternos inmediatos, Porras cuenta con el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP, Rafael Curruchiche -bautizado, en manifestaciones populares de protesta, como “Corrupchiche”-; el juez Freddy Orellana, titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal; el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda.
El gobierno de Estados Unidos, por la vía de su Departamento de Estado, ha incluido, en distintos momentos, a los integrante de ese nefasto cuarteto, en la lista -periódicamente actualizada- de personajes involucrados en actos de corrupción.
Más recientemente, el gobierno de Joe Biden, también vía el Departamento de Estado, anunció, el 11 de diciembre, “restricciones de visa” para “casi 300 nacionales guatemaltecos, incluidos más de 100 miembros del congreso guatemalteco, así como representantes del sector privado y miembros de sus familias, por minar la democracia y el Estado de Derecho”.
Sin dar a conocer los nombres de los afectados, la administración norteamericana dijo, al condenar las actuales acciones golpistas -absteniéndose de calificarlas, puntualmente, como tales-, que “el pueblo guatemalteco ha hablado”, y que “sus voces deben ser respetadas”.
En reacción a ese castigo, y haciendo alarde de su natural patanería, el corrupto abogado y ex diputado Fernando Linares Beltranena -aliado de violadores a los derechos humanos durante la guerra interna guatemalteca (1960-1996)- difundió por lo menos dos videos, en la red social TikTok, burlándose de la decisión estadounidense.
En cada grabación -de aproximadamente un minuto cada una-, Linares -luciendo su habitual corbatín, como presunto indicio de originalidad- hizo alarde de que, en dos momentos, le fue retirada la visa estadounidense, y que, en el primer caso, la recuperó.
Adoptando una actitud como de condescendencia, señaló un supuesto error, por parte del gobierno de Biden, al implementar la medida, además de que, en actitud injerencista, se declaró -nada sorprendente- seguro de que el Partido Republicano será el ganador en las elecciones de 2024.
La cereza del pastel: en tono de burla, recomendó, en ambos casos, a los sancionados, destinos turísticos alternativos a Estados Unidos.
“Acaban de quitar 300 visas, a muchos diputados, y a jucho empresarios”, afirmó, en el inicio de uno de los videos.
“Pero, ahora que ya no tienen la visa, no se dio cuenta, el Departamentos de Estado, que ya no pueden escalar la sanción”, porque “una vez que quitan la visa, es como si lo hubieran vacunado: ya no se la pueden volver a quitar una segunda vez”.
No obstante, a continuación, dijo que, “a mí, me la han quitado en dos oportunidades”.
“La primera, fue política”, pero “litigué, por la ley de información pública, y logré que me la devolvieran”.
“La segunda vez, me la quitó el embajador Robinson, del ex presidente Obama”, agregó.
La alusión fue, respectivamente, a Todd Robinson, embajador estadounidense en Guatemala (2014-2017), y a Barack Obama, presidente de Estados Unidos (2009-2013, 2013-2019).
“No voy a intentar que me la devuelva, hasta que no cambie el gobierno, en los Estados Unidos, y entren, los republicanos, al poder, en noviembre”, aseguró, en obvia y servil alusión a su alma gemela estadounidense -el corrupto patán misógino llamado Donald Trump-.
En su natural ignorancia, Linares confundió la fecha de realización de las próximas elecciones en Estados Unidos -el 5 de noviembre de 2024- con la de juramentación del próximo presidente -el 20 de enero de 2025-.
A continuación, pronosticó que, “entonces, así como me la quitaron, me la van a devolver, porque las visas van y las visas vienen”.
Dirigiéndose a los sancionados, expresó: “para mientras, les recomiendo ir a México”.
“Es un maravilloso destino turístico”, dijo, a continuación.
“El norte, tiene excelentes hospitales, en Monterrey, y está pegadito a la frontera de los Estados Unidos”, agregó, en referencia a la capital del nororiental estado mexicano de Nuevo León, limítrofe con ese país norteamericano.
En la otra grabación, reiteró, en términos generales, los planteamientos del primero, con algunas variantes.
Por ejemplo, al referirse al gobierno estadounidense, se refirió al secretario de Estado, Antony Blinken, y al mencionar a Robinson y a Obama, el planteamiento presentó un componente racista.
“Biden y Blinken, del Departamento de Estado de Estados Unidos, están utilizando, la remoción de visa, como una arma política”, dijo -como compartiendo una novedad-.
“Cada vez, quitan más visas, y, algunas, podríamos decir que están justificadas, otras, son armas políticas para doblegar, a los funcionarios guatemaltecos, a hacer lo que piensan que ellos (el gobierno estadounidense) creen que es defensa de la democracia”, siguió desvariando.
“Miren: es un arma de dos filos, porque, primero, hay reciprocidad, y, segundo, es un arma débil, porque, al momento que le quitan la visa, a un funcionario, lo vacunan, y ya no se la pueden quitar una segunda vez”, agregó.
“Además, las visas van y las visas vienen”, siguió reiterando, además de reiterar que, “a mí, ya me quitaron la visa, una vez -por una amistad política-, y, sin embargo, logré recuperarla”.
“Robinson Obama, me la volvió a quitar, porque me opuse a reformas constitucionales”, agregó, en racista combinación de apellidos, teniendo en cuenta que el ex embajador en Guatemala y el ex presidente, son afrodescendientes.
Respeto al retiro de su visa estadounidense, aseguró que la medida “valió la pena, porque tengo la conciencia clara, honesta, y lo que podemos dejar, a los niños, no es una visa”.
“Lo que le podemos dejar es la honra y la dignidad haber actuado correctamente, de acuerdo con los principios”, se permitió aseverar.
También en este caso, recomendó un destino turístico, en compensación por la imposibilidad de ir a Estados Unidos.
“Por último, si quitan la visa, acuérdense que hay Disney, en París”, dijo, sonriente.
La referencia, de Linares, respecto a conceptos tales como “conciencia”, “honra”, “principios”, es particularmente insultante.
Ello, porque el nefasto personaje es la antítesis de todo eso, y de todo lo que implica decencia, honestidad, ética, sensibilidad.
Se trata de alguien quien, entre otras acciones antidemocráticas, fue, en 2018 y 2019, uno de los corruptos diputados participantes en una ilegítima movida para reformar la Ley de Reconciliación Nacional.
El objetivo de la modificación: amnistiar a los autores de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra interna, tales como desaparición forzada, genocidio, tortura, violación.
Al respecto, mientras el congreso debatía la iniciativa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) fundamentó, en un comunicado que, sobre el tema, emitió el 25 de enero de 2019, la flagrante ilegalidad implícita en iniciativas de tal naturaleza.
La Cidh formuló, entonces, la advertencia de que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas”.
Las acciones de esa índole, son “prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, precisó, a continuación.
“Los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persiguen”, a causa de lo cual es necesaria la “garantía de no repetición de atentados contra la democracia y de atrocidades inolvidables”, agregó.
En línea con su complicidad complicidad en esos crímenes -por justificarlos, al defender a sus perpetradores-, Linares se destacó en la revictimización de la religiosa estadounidense Diana Ortiz, quien, en Guatemala, fue amenazada, secuestrada, torturada con particular ensañamiento y reiteradamente violada en grupo por sus captores.
Para la presunta investigación del caso, el gobierno del entonces corrupto y autoritario presidente guatemalteco (1991-1993) Jorge Serrano, designó a Linares, como fiscal, oportunidad que el corrupto abogado no desperdició para demostrar su deleznable naturaleza, al sabotear la denuncia de la religiosa.
De acuerdo con la relación de hechos que formuló, en 1996, a la Cidh, Ortiz, una monja de la orden Ursulina, llegó, en setiembre de 1987, al país centroamericano, para sumarse a la labor social que varias colegas venían desarrollando en comunidades indígenas en el noroccidental departamento (provincia) de Huehuetenango
-principalmente, en la localidad de San Miguel Acatán, así como en otras comunidades-.
La mayoritaria y marginada población indígena constituyó uno de los sectores más golpeados por la guerra, habiendo, las fuerzas militares, arrasado con centenares de aldeas, en operaciones de masacre y destrucción -que incluyeron la violación y el posterior asesinato masivos de mujeres y niñas-, acciones que, en numerosos casos, se desarrollaron durante varios días.
Si bien el conflicto afectó a la totalidad del país, Huehuetenango –“Huehue”, como popularmente se lo conoce- fue uno de los departamentos más golpeados.
Al igual que la población indígena, el campesinado guatemaltreco fue acusado, por los militares, de colaborar con la entonces guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng), y también fue brutalmente reprimido.
La despiadada naturaleza de la persecución, generó el masivo exilio -principalmente hacia el limítrofe sur de México-, así como la creación de las Comunidades de Población en Resistencia (Ccpp), integradas por miles de campesinos quienes optaron por permanecer en el territorio nacional, desplazándose constantemente en un esfuerzo por eludir la brutalidad militar.
A causa de su labor con la población indígena de Huehuetenango, Ortiz y otras religiosas fueron marcadas, por el represor militarismo, como colaboradoras con la Urng.
En ese contexto, al final de 1998, el entonces obispo de Huehuetenango (1988-1996), Julio Bethancourt, recibió un texto anónimo que contenía la acusación de que Ortiz y las demás religiosas establecidas en San Miguel Acatán, proyectaban una reunión con integrantes de la Urng, identificados, en el mensaje, como “subversivos”.
Esta expresión fue usada durante décadas, el siglo pasado, por dictaduras militares y fuerzas armadas latinoamericanas, para referirse a las guerrillas activas entonces en numerosos países, ya que los represores se negaban describirlas como lo que esas fuerzas combatientes eran.
En casos como los de Argentina y Uruguay, los regímenes de facto usaban, igualmente, el término “sediciosos”.
Entre otras violaciones a la libertad de expresión y de información, los militares uruguayos prohibieron, a los medios de comunicación, usar palabras tales como “guerrilla”, “guerrillero” o “guerrilleros” -además de que llegaron al colmo de prohibir la difusión de algunos tango del emblemático Carlos Gardel, cuyas letras hacen referencia a la población en situación de pobreza-.
En el contexto de represión que imperaba entonces en Guatemala, Ortiz recibió, durante el primer trimestre de 1989, tres cartas anónimas -una de ellas, enviada por correo-, advirtiéndole que abandonara el país, porque su vida peligraba.
La religiosa se trasladó, a mediados de ese año, a la Ciudad de Guatemala -la capital nacional-, para recibir clases de español, contexto en el cual fue personalmente amenazada por un desconocido quien, además de asegurarle que “sabemos quién es usted”, y de referirse a su labor religiosa en Huehuetenango, le dijo que debía irse de Guatemala.
En ese contexto de persistente hostigamiento, Ortiz salió, el 15 de julio de ese año, regresando el 18 de setiembre, tras lo cual recibió, el 13 de octubre, en su lugar de hospedaje capitalino, otra amenaza escrita, incidente que se repitió cuatro días después, en San Miguel Acatán, adonde se había trasladado.
Esto, determinó que la monja se trasladase, a manera de refugio, a la surcentral ciudad de Antigua Guatemala -a unos 25 kilómetros al oeste de la capital-, hospedándose, a manera de refugio, en la religiosa Posada de Belén.
En ese hospedaje, ocurrió, el 2 de noviembre de 1989, su secuestro, por parte de dos hombres, al menos uno de ellos armado -el otro, a quien, por la voz, identificó como el que la había amenazado, meses antes, personalmente, en la capital-.
Los secuestradores la condujeron -parte del trayecto, a bordo de un automóvil de patrullaje de la Policía Nacional, conducido por un agente uniformado-, a un amplio edificio -al parecer en las afueras de la capital-.
Allí estuvo sometida a tortura -fue reiteradamente quemada con cigarrillos-, además de que sus captores, la violaron en grupo, en numerosos momentos.
La víctima fue retirada del lugar, por un hombre -con acento al parecer estadounidense-, quien la ubicó en un automóvil, para trasladarla a un lugar no determinado, circunstancia que Ortiz aprovechó, en un momento en que, a causa del tránsito pesado, el vehículo no avanzo, para huir.
Ayudada, en la capital, principalmente por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Odha), Ortiz logró regresar a Estados Unidos.
Una comisión investigadora del caso, constituida, en 1990, por el entonces presidente guatemalteco (1986-1991), Marco Vinicio Cerezo -el primer gobernante de la era democrática, luego de décadas de regímenes dictatoriales-, fue desmantelada, en 1991, por Serrano -el inmediato sucesor-, en una de sus primeras acciones en el cargo.
Ello dio lugar a la designación, en 1991, de lo que el gobierno serranista describió como un fiscal independiente para el caso: Linares.
Al mismo tiempo, fue nombrado un investigador -también presuntamente independiente-, identificado como Carl West -cuya nacionalidad no fue determinada-.
Ortiz regresó, brevemente, en 1992, al país centroamericano, para presentar una declaración judicial.
Lo hizo en el marco de un ambiente de tergiversación de los hechos, generado por el sector militar guatemalteco.
Por ejemplo, en declaraciones que formuló en noviembre de 1989 y en enero de 1990
-reproducidas, por la Cidh, en el extenso texto del caso Ortiz, consistente en 142 párrafos-, el entonces ministro de Defensa, general Alejandro Gramajo, aseguró, en misóginas declaraciones a medios de comunicación, que la religiosa fabricó lo ocurrido, para ocultar el hecho de que había participado en “una cita de lesbianas”, y que las heridas que presentaba en el rostro, eran “consecuencia de una aventura amorosa”.
En mi calidad de corresponsal internacional con base entonces en Guatemala, di cobertura periodística al regreso de Ortiz, en 1992.
Durante una conversación off the record, en la que participé, por esos días, en su oficina, el jefe del Departamento de Información y Divulgación del Ejército (Dide), el capitán Julio Yon Rivera, procuró, también ofensivamente, desvirtuar la denuncia de la religiosa.
Al presentarme la insultante versión oficial militar, Yon Rivera nos dijo -a mí, y a dos periodistas locales- que “la monja, vino al país, conoció el amor, y se decepcionó”, por lo que, en venganza, fabricó una historia referida a un hecho inexistente.
También off the record, por esos días, mantuve diálogos con el entonces arzobispo de Guatemala (1983-2001), Próspero Penados, y con integrantes de la Odha, quienes me relataron el extremadamente vulnerable estado físico en el cual Ortiz fue rescatada, y también me narraron cómo fue posible que saliera del país.
Penados me describió que, entre las múltiples pruebas de la tortura a la que fue sometida, la religiosa presentaba más de cien marcas de quemadura de cigarrillo cubriéndole, una junto a otra, la totalidad de la espalda, así como en otras áreas del cuerpo.
También me dijo que, mientras personal del Estado Mayor Presidencial (EMP) vigilaba el acceso principal de la Odha -en un costado del edificio de la Catedral Metropolitana, sobre la Séptima Avenida, en la Zona 1 capitalina-, integrantes de la oficina la ingresaron por otro acceso al templo.
El (EMP) es un equipo militar encargado, oficialmente, de dar protección al mandatario y su familia, aunque, en realidad, opera como escuadrón paramilitar, con un extenso récord de homicidios políticos.
Entre esos crímenes, figura el asesinato, en 1990, en la céntrica Zona 1 capitalina, de la antropóloga guatemalteca Myrna Mack, quien había estudiado, en el terreno, la situación de la Ccpp, había publicado un revelador informe sobre atrocidades militares, y estaba elaborando un nuevo estudio.
Tal como logró demostrar, mediante infatigable labor investigativa, su hermana, la empresaria y defensora de los derechos humanos Helen Mack, la antropóloga fue asesinada por Noel de Jesús Beteta, un particularmente violento marero (pandillero), reclutado por el ejército, e incorporado al EMP.
En el caso de Ortiz, abogados y otros expertos legales de la Odha, me relataron, asimismo, las gestiones secretas llevadas a cabo para adquirir el boleto aéreo que facilitó el regreso, de la monja, en 1989, a Estados Unidos.
Ortiz declaró, en la capital guatemalteca, el 7 de abril de 1992, durante aproximadamente doce horas, a la jueza Leticia Secaira, lo ocurrido.
Linares estuvo presente en esa audiencia.
Luego de dar su testimonio, acompañada por abogados estadounidenses, así como por los integrantes de la Odha, la víctima inició, en la sede de la oficina del arzobispado, una intensa conferencia de prensa.
Durante la cobertura periodística que di a esa actividad, pude -al igual que los numerosos colegas locales e internacionales presentes- ver el tormento que la religiosa sentía, al leer la declaración mediante la cual proporcionó información sobre la audiencia judicial, en la que se sintió brutalmente revictimizada.
Durante varios momentos, interrumpió la lectura, sin poder controlar el llanto que, recurrentemente, lee resultó imposible contener.
Esto fue particularmente fuerte, cuando relató la presencia de Linares, la conducta ofensiva del fiscal serranista, su parcialidad respecto a los perpetradores de la devastadora agresión.
Al respecto, Ortiz aseguró que, estar en la instalación judicial, al mismo tiempo que Linares, la hizo sentirse, nuevamente, en presencia de sus torturadores y sus violadores.
La angustia fue demasiado fuerte, el llanto, en ese momento, fue incontrolable, por lo que ese fue el fin de esa conferencia de prensa.
Ortiz falleció en 2021, en Estados Unidos, sin que tuviese éxito su persistente búsqueda de justicia.
Los torturadores quienes la violaron, permanecen impunes, mientras su aliado Linares, se da el lujo de aseverar que su conciencia está tranquila, en virtud de los principios por los que se rige.
En algunos casos -lamentablemente, la minoría-, el castigo llega a los responsables de crímenes de lesa humanidad, en general, por la vía de ejecuciones vindicativas -por ejemplo, el guatemalteco Castillo Armas, los nicaragüenses “Tacho Viejo” y “Tacho” Somoza-.
Pero sean castigados o sean protegidos por la impunidad, se trata, invariablemente, de abyectos personajes quienes -como Linares- están destinados a que el inodoro de la historia los arrastre, como lo que son.
