La Federación Colombiana de Municipios expresa su profundo rechazo ante el secuestro de Wilmer Andrés Campo Hoyos, hijo del alcalde de Rosas – Cauca, José Roberto Campo. El hecho ocurrió en la mañana de ayer, cuando hombres armados abordaron a este mientras realizaba una actividad comercial en una vereda del municipio, llevándolo posteriormente vía El Tambo, según la certeza del Alcalde José Roberto Campo.
Gilberto Toro Giraldo, Director Ejecutivo de Fedemunicipios, afirmó: «Le pedimos al gobierno nacional colombiano, encabezado por el Presidente Petro, y a las fuerzas del país desplegar todos los recursos necesarios para encontrar con vida al hijo del señor alcalde, así como brindar la protección adecuado a los funcionarios municipales. Es fundamental que hechos como este no vuelvan a ocurrir y no tengamos que recordar épocas lamentables donde los funcionarios locales y sus familias eran objetivos militares de los grupos al margen de la Ley».
La Federación Colombiana de Municipios resalta que no ha pasado una semana desde el secuestro y posterior liberación de la madre del alcalde de Villanueva – Casanare, gracias a la pronta acción del Gaula del Ejército y la Policía. Sin embargo, en otra región del país altamente afectada por la violencia, la familia de un mandatario local está viviendo esta situación dramática.
En los últimos días, tanto los mandatarios locales y sus familias, como los funcionarios públicos, los candidatos a las próximas elecciones regionales y las instalaciones gubernamentales han sido víctimas de la violencia. Ante esto, la Federación Colombiana de Municipios reitera su llamado al gobierno y las fuerzas armadas del país para proteger la democracia local y a sus representantes.
La Federación Colombiana de Municipios expresa su solidaridad con el Alcalde José Roberto Campo y su familia, en medio de la lamentable situación que están atravesando. Además, repudia enérgicamente este hecho y exige garantías para el ejercicio de la función pública en el país.
Es fundamental que los mandatarios locales, sus funcionarios y sus familias no sean objetivos de los grupos al margen de la ley y que el Estado les brinde la protección necesaria.
