Un informe de auditoría interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) revela posibles irregularidades en el pago de servicios de traslado de pacientes, facturados por un empresario hoy requerido en extradición por autoridades estadounidenses por presunto narcotráfico.
Se trata de Carlos Solórzano Campos, conocido como “Chanchita”, identificado como el extraditable número 18 del país, quien figura como propietario de la empresa Laurel del Sur S.A., dedicada al servicio de ambulancias privadas contratadas por la institución pública.
Facturación millonaria bajo cuestionamiento
De acuerdo con el informe, en apenas seis meses del año 2015, la empresa presentó 282 facturas que suman más de ₡33 millones por supuestos traslados de pacientes hacia distintos centros hospitalarios.
Sin embargo, la auditoría institucional advierte que existen “incongruencias que generan dudas razonables sobre la ejecución y la veracidad de la información consignada en las facturas”, lo que abre cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en el sistema de salud.
Servicios sin respaldo documental
Uno de los hallazgos más graves apunta a la inexistencia de registros clínicos que respalden los traslados cobrados. En varios casos, la auditoría intentó verificar los servicios mediante expedientes médicos, pero no encontró evidencia de que los pacientes hubieran sido trasladados.
Por ejemplo, en un mismo día se facturaron dos servicios distintos utilizando la misma ambulancia y el mismo chofer, en horarios que se traslapan, lo cual hace materialmente imposible su ejecución simultánea.
“Para esta Auditoría no fue posible demostrar de manera clara si los traslados en ambulancia pagados se efectuaron según lo indicado”, señala el documento.
Tiempos de traslado inconsistentes
El informe también evidencia discrepancias en los tiempos reportados. Según criterios técnicos internos de la CCSS, un traslado desde el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, hasta San José puede tardar hasta 14 horas ida y vuelta, sin contar tiempos de espera.
No obstante, en varias facturas se consignan viajes que, por su duración y simultaneidad, no coinciden con esa realidad logística, lo que refuerza las dudas sobre la veracidad de los servicios cobrados.
Posibles implicaciones institucionales
La auditoría concluye que las inconsistencias detectadas podrían haber generado impactos negativos para la institución, tanto en el ámbito financiero como en la gestión de servicios de salud.
El caso adquiere mayor gravedad en un contexto donde la CCSS enfrenta presiones presupuestarias y cuestionamientos sobre la eficiencia en la administración de fondos públicos.
Vínculos con investigación internacional
El empresario fue detenido recientemente a solicitud de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que lo vincula con presuntas actividades de tráfico internacional de drogas.
Este elemento introduce una dimensión adicional al caso, al conectar posibles irregularidades administrativas dentro del sistema de salud costarricense con redes de criminalidad transnacional.
Un problema estructural
Más allá del caso individual, este episodio evidencia debilidades en los mecanismos de control y fiscalización de servicios tercerizados dentro de la CCSS. La falta de verificación efectiva de los servicios prestados y la dependencia de documentación aportada por proveedores privados abren espacios para eventuales abusos.
El desafío para la institucionalidad costarricense no se limita a sancionar responsabilidades individuales, sino a fortalecer los sistemas de control interno, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos, especialmente en áreas tan sensibles como la salud.
