Exclusión electoral vulnera derechos ciudadanos

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Exclusión en debate electoral de Paraíso genera alarma por violación a derechos de la ciudadanía y de personas sordas

Paraíso, Cartago – 25 de enero de 2026

La Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible sin Fronteras emitió un comunicado ante el Concejo Municipal de Paraíso denunciando irregularidades ocurridas durante el debate electoral organizado por el Comité Cantonal de la Persona Joven de Paraíso (CPJ Paraíso) el pasado 24 de enero. La entidad advierte que los hechos constituyen una vulneración directa a derechos fundamentales de igualdad, participación política y accesibilidad para personas con discapacidad.

Lenin Antonio Pérez Guzmán Presidente de la Asociación agencia para el desarrollo accesible sin fronteras
Lenin Antonio Pérez Guzmán Presidente de la Asociación agencia para el desarrollo accesible sin fronteras

Según el documento, las candidatas Daniela María Cerdas Ramírez y Melissa de la Trinidad Montero Aguilar, ambas inscritas ante el Tribunal Supremo de Elecciones por la provincia de Cartago, no fueron invitadas al debate realizado en instalaciones municipales. “Esta exclusión objetiva afecta el principio de igualdad de oportunidades en la contienda electoral, el pluralismo político y el derecho de la ciudadanía a recibir información diversa y completa”, asegura la Asociación.

Además, el debate careció de interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO), lo que impidió que las personas sordas pudieran acceder al contenido del evento, tanto de manera presencial como a través de la transmisión en Facebook. Aunque se proyectaron videos del Tribunal Supremo de Elecciones con instrucciones generales sobre la forma de votar, estos no incluían información sobre las intervenciones de los candidatos. La Asociación subraya que personas sordas estuvieron presentes entre el público y no recibieron ajustes razonables para ejercer su derecho a la participación política en igualdad de condiciones.

La denuncia señala que la situación contraviene la Ley N.° 9822, que reconoce y promueve la Lengua de Señas Costarricense, y obliga a las instituciones públicas a garantizar accesibilidad en espacios de participación ciudadana y política. Asimismo, se hace referencia al principio constitucional de igualdad y no discriminación, al derecho de acceso a la información y a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política (Ley N.° 10.235), dado que la exclusión de mujeres candidatas de espacios públicos de debate constituye una forma de violencia política por omisión.

La Asociación solicita al Concejo Municipal de Paraíso que:

  1. Aclare los criterios utilizados para la selección de candidaturas invitadas.

  2. Garantice que futuros debates y actividades electorales incluyan a todas las candidaturas inscritas o se sustenten en criterios transparentes y previamente comunicados.

  3. Asegure la accesibilidad universal, incluyendo interpretación en LESCO en eventos presenciales y transmisiones digitales.

  4. Adopte medidas preventivas para evitar la repetición de estos hechos, garantizando neutralidad institucional y equidad electoral.

Asimismo, la Asociación propone que se adopte un acuerdo municipal que reconozca expresamente la Lengua de Señas Costarricense como medio indispensable para la participación política de las personas sordas y que establezca la accesibilidad comunicacional como criterio permanente en todas las actividades públicas organizadas o facilitadas por la Municipalidad.

También plantea medidas de inclusión para mujeres y personas con discapacidad, así como la coordinación con organizaciones especializadas para asegurar el cumplimiento efectivo del acuerdo.

La Asociación destaca que estos lineamientos no solo fortalecen la participación democrática, sino que también reflejan un compromiso del gobierno local con los derechos humanos, la inclusión y la igualdad de género.

El incidente ha abierto un debate sobre la necesidad de que las autoridades municipales garanticen que espacios públicos y actividades electorales respeten los principios de igualdad, accesibilidad y participación plena para todos los sectores de la sociedad.

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