En un escandaloso caso que ha conmocionado al país, la Defensoría de los Habitantes ha emitido un informe demoledor en el que concluye que tanto el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) como el Ministerio Público han incurrido en graves «omisiones» en su deber de proteger a una niña madre y a su hija, Keibril, quien fue secuestrada en Cartago el pasado mes de abril.
El análisis realizado por la Defensoría ha dejado al descubierto una serie de falencias en el sistema de protección integral de la niñez, poniendo de relieve la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de velar por los derechos de los menores en situaciones de vulnerabilidad.
El drama de Keibril, una niña de tan solo 13 años, y su bebé, se remonta al 27 de abril de 2022, cuando el Ministerio de Educación Pública informó sobre el embarazo y la sospecha de que el padrastro de Keibril era el progenitor del bebé. Paralelamente, el Servicio de Trabajo Social del Hospital Max Peralta alertó sobre el evidente riesgo en el que se encontraba la niña, viviendo en el hogar materno junto al sospechoso de abusar de ella.
Sin embargo, pese a estas advertencias, la Oficina Local de Paraíso del PANI autorizó el regreso de ambas menores al hogar materno, donde permanecieron hasta el fatídico momento de la desaparición de la niña. Solo tras el secuestro de Keibril, el PANI se vio obligado a dictar medidas de protección y separación en favor de la menor y sus hermanos, también menores de edad.
Es evidente que el PANI falló estrepitosamente en su deber de proteger y garantizar el bienestar de Keibril y su hija. El sistema de atención y gestión institucional demostró ser insuficiente para brindar una protección integral a esta niña madre y a su bebé, quienes estuvieron expuestas a un peligro innecesario y evitable.
Por otra parte, el Ministerio Público tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Consideraron que bastaba con la declaración de la joven de que el progenitor de su hija era un adolescente de su misma edad para remitir el caso a la Jurisdicción Penal Juvenil y luego solicitar la desestimación del proceso. Esto, a pesar de que se sospechaba del abuso sexual que sufrió la niña madre por parte de su padrastro, una situación que requería una investigación más profunda y diligente.
El resultado de estas omisiones es desgarrador: Keibril fue secuestrada y su seguridad y bienestar estuvieron en riesgo constante debido a la negligencia de las instituciones encargadas de protegerla.
Ante esta alarmante situación, la Defensoría de los Habitantes ha emitido una serie de recomendaciones con el objetivo de mejorar el sistema de protección integral de la niñez. Entre ellas, se destaca la creación de un Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Protección Integral, una medida necesaria para establecer una coordinación efectiva entre las distintas entidades involucradas en la protección de los menores.
Además, se solicita una revisión exhaustiva del Modelo de Atención y Gestión Institucional del PANI, así como una circular interna que recuerde la prioridad de atención y abordaje de delitos sexuales contra menores. Es fundamental que se establezcan medidas para garantizar que casos como el de Keibril no vuelvan a ocurrir y que la seguridad de los menores sea siempre una prioridad.
Por su parte, el Ministerio Público también debe reflexionar sobre su accionar y revisar los procesos para identificar áreas de mejora. La sensibilización y capacitación sobre los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, así como sobre el abordaje de delitos sexuales en perjuicio de niños, niñas y adolescentes, son fundamentales para garantizar una respuesta más adecuada y eficaz en situaciones de vulnerabilidad.
En conclusión, el caso de Keibril y su madre es un claro ejemplo de las deficiencias en el sistema de protección de la niñez en el país. Es imperativo que las autoridades tomen acciones concretas para corregir estas fallas y que se establezca un sistema integral, coordinado y eficiente que garantice la protección y el bienestar de todos los menores en situaciones de riesgo. La sociedad no puede permitirse más tragedias como esta, y es responsabilidad de todos velar por el bienestar de los más vulnerables.
