Cuando Hacienda notifica a quien no corresponde: un vacío institucional que afecta a personas adultas mayores
Un hecho aparentemente administrativo revela un problema de fondo en la relación entre el Estado y la ciudadanía: la imposibilidad real de que las personas corrijan información institucional que las vincula con organizaciones a las que ya no pertenecen, aun cuando dicha información les genera responsabilidades, preocupaciones o posibles afectaciones a sus derechos.
El caso involucra a la señora Nubia de Jesús Holguín Silva, persona adulta mayor, quien recibió comunicaciones oficiales del Ministerio de Hacienda relacionadas con supuestos incumplimientos de la asociación ASOCOLOMBIA, pese a no formar parte de su Junta Directiva ni ostentar representación legal alguna desde hace tiempo. La notificación estaba vinculada al Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), un régimen que impone obligaciones formales exclusivamente a las personas representantes legales vigentes de las organizaciones.
Ante la consulta planteada por este medio, la Dirección General de Tributación (DGT) reconoció que el envío de la comunicación se realizó porque, según sus registros, la señora Holguín aún figura como representante legal de la asociación.
La respuesta institucional, sin embargo, trasladó toda la carga de corrección a la propia organización, indicando que es esta la que debe actualizar la información en la plataforma Tribu-CR, sin ofrecer una solución directa para la persona afectada.
Aquí surge una pregunta clave de interés público: ¿qué puede hacer una persona cuando el Estado la mantiene vinculada a una organización de la que ya no forma parte y sobre la cual no tiene control alguno?
El caso evidencia una asimetría preocupante. Por un lado, el Estado cuenta con sistemas automatizados de control, fiscalización y notificación; por otro, las personas —especialmente adultas mayores— carecen de mecanismos claros, accesibles y efectivos para solicitar la corrección de datos que las afectan directamente cuando no son representantes legales ni tienen acceso a las plataformas institucionales de dichas organizaciones.
Más grave aún es que las notificaciones del RTBF pueden generar temor, confusión o la percepción de responsabilidades legales inexistentes. En este caso, se atribuyó un supuesto incumplimiento tributario a una persona sin vínculo jurídico vigente, sin que mediara una verificación previa actualizada ni un canal de rectificación individual.
Desde una perspectiva de seguridad jurídica, debido proceso administrativo y protección de derechos de las personas adultas mayores, la situación resulta preocupante. No se trata únicamente de un “problema de actualización de datos”, sino de un vacío institucional: Hacienda notifica con base en registros desactualizados, pero no ofrece una vía directa para que la persona indebidamente notificada pueda desvincularse formalmente ante la Administración.
Este caso abre un debate necesario sobre la responsabilidad del Estado en la depuración activa de sus bases de datos, los criterios utilizados para el envío de notificaciones automáticas y las medidas de resguardo para evitar la atribución indebida de obligaciones a personas que no tienen capacidad material ni legal para cumplirlas.
La transparencia no puede sostenerse sobre sistemas rígidos que trasladan los errores administrativos a la ciudadanía. Mucho menos cuando esos errores recaen sobre personas adultas mayores, a quienes el propio ordenamiento jurídico reconoce una protección reforzada.
Más allá del caso concreto, la pregunta sigue abierta: ¿cuántas personas en Costa Rica figuran aún como responsables de organizaciones que ya no existen o de las que fueron excluidas hace años, sin posibilidad real de corregirlo por sí mismas?
Un Estado moderno y garantista no solo exige cumplimiento; también debe garantizar que sus registros reflejen la realidad y que existan mecanismos humanos, accesibles y justos para corregirlos cuando fallan.
