El acceso a la justicia para las poblaciones afrodescendientes en Costa Rica enfrenta desafíos estructurales que el Poder Judicial ha intentado abordar mediante políticas internas, capacitaciones y cumplimiento de compromisos internacionales. No obstante, una revisión objetiva revela tanto avances como áreas pendientes que requieren atención inmediata.
Políticas de Ayuda Económica: Un paso hacia la inclusión
El Poder Judicial asegura que sus lineamientos internos, respaldados por las Reglas de Brasilia , permiten la ayuda económica a personas en condiciones de vulnerabilidad, incluidas las afrodescendientes. La Circular No. 29-2024 destaca esta intención, extendiendo beneficios a personas con discapacidad, menores de edad, y víctimas de violencia, entre otros.
Sin embargo, la implementación efectiva de estas medidas sigue siendo un desafío. Las comunidades vulnerables, particularmente las afrodescendientes, aún enfrentan barreras para acceder a estos recursos, lo que plantea preguntas sobre la eficacia de la divulgación y el alcance real de estas políticas.
Subcomisión de Acceso a la Justicia: Entre la intención y la acción
La Subcomisión de Acceso a la Justicia para Poblaciones Afrodescendientes tiene como objetivo recomendar acciones al Consejo Superior y la Corte Plena. Si bien realiza esfuerzos significativos para coordinar con la sociedad civil y desarrollar mecanismos de consulta, sus decisiones no son vinculantes, lo que limita su impacto.
Además, los mecanismos de consulta parecen estar más orientados a proyectos del Poder Ejecutivo que a acciones judiciales concretas.
Este enfoque destaca la necesidad de fortalecer la capacidad de esta subcomisión para garantizar una representación efectiva de las voces afrodescendientes en la administración de justicia.
Violencia Doméstica: Falta de un enfoque cultural sensible
El abordaje de la violencia doméstica contra mujeres afrodescendientes exige un enfoque que incorpore su cosmovisión cultural. No obstante, la implementación de la Ley 10120 aún está en espera de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, dejando al Poder Judicial sin un marco normativo claro para actuar.
Esto evidencia una desconexión entre la legislación y la ejecución, lo que afecta directamente a las víctimas.
Compromisos internacionales y rendición de cuentas
El Poder Judicial ha cumplido con la presentación de informes relacionados con el Examen Periódico Universal (EPU) , en cumplimiento de las Cien Reglas de Brasilia y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos.
Sin embargo, los esfuerzos por divulgar estas acciones parecen limitados a campañas internas, dejando en duda la transparencia y el acceso a la información para el público en general.
La Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo y Xenofobia (2014-2025) se menciona como un marco guía, pero su impacto práctico en los procesos judiciales aún requiere evaluación independiente.
Peritaje cultural: Una herramienta infrautilizada
La inclusión de peritajes culturales en procesos judiciales es un avance importante, pero su implementación depende de decisiones jurisdiccionales individuales.
Aunque el Poder Judicial tiene lineamientos claros para la contratación de peritos culturales, la divulgación de este derecho a las partes involucradas en los procesos judiciales sigue siendo insuficiente.
Además, la formación del personal judicial sobre los derechos de las poblaciones afrodescendientes, aunque presente en la oferta de la Escuela Judicial, carece de un monitoreo que permita evaluar su efectividad y alcance real.
Capacitación y sensibilización: Esfuerzos dispersos
Las distintas unidades de capacitación institucional realizan esfuerzos anuales para incluir formación sobre los derechos de las poblaciones afrodescendientes.
Sin embargo, la falta de un enfoque centralizado y evaluaciones de impacto limita la capacidad de estas capacitaciones para generar un cambio significativo en la administración de justicia.
Reflexiones finales
El Poder Judicial ha demostrado avances en la promoción de acceso a la justicia para las poblaciones afrodescendientes, pero enfrenta serios desafíos en la implementación efectiva de sus políticas.
La ausencia de reglamentaciones claras, la dependencia de decisiones no vinculantes y la falta de divulgación adecuada limitan el impacto de estas iniciativas.
El acceso real a la justicia requiere no solo la existencia de políticas inclusivas, sino también su ejecución efectiva, respaldada por un monitoreo constante y una colaboración significativa con las comunidades afectadas.
Este equilibrio entre intención y acción será clave para garantizar una justicia verdaderamente inclusiva.
