La oligarquía ecuatoriana -como la que contamina al resto del planeta- cree que Ecuador es la finca que, por designio divino -o por herencia colonial, que vienen a ser, conceptualmente, lo mismo-, es su propiedad.
Y, ahora, el noboísmo gobernante ha ampliado el concepto feudal: las embajadas de otros países son potreros de la finca.
La inadmisible arrogancia del igualado millonario convertido en presidente -no por mérito propio sino como opción anticorreista- quedó, flagrantemente, de manifiesto con la soez violación a la soberanía de México, y a convenciones internacionales que regulan lo que debe ser la civilizada convivencia internacional.
Como rateros invadiendo una propiedad para saquearla -saltándose el muro exterior, destruyendo un portón- efectivos policiales -y, a juzgar por sus uniformes, también militares- invadieron, poco antes de la medianoche del 5 al 6 de abril, la sede de la embajada de México en Ecuador, ubicada en un sector de Quito -la capital nacional-, para secuestrar al ex vicepresidente correísta (2013-2017) y leninmorenista (2017-2018) Jorge Glas.
Al hacerlo -enmascarados con gorras pasamontañas debajo de cascos protectores-, agredieron a personal diplomático mexicano.
Particular violencia ejercieron varios efectivos policiales contra el funcionario mexicano Roberto Canseco, quien intentó impedir , primero, la invasión a la sede diplomática, y luego, el desplazamiento de dos vehículos negros, con vidrios polarizados, a bordo de uno de los cuales Glas era secuestrado.
Varios efectivos policiales agredieron a Canseco -en ese momento, encargado de la representación diplomática-, al punto de hacerlo caer sobre la acera, frente a la embajada.
Videos del incidente, muestran, a Canseco, saliendo de la embajada, corriendo detrás del segundo vehículo, infructuosamente tratando de detener el desplazamiento, mientras, empujado y forcejeando con agentes policiales ecuatorianos, grita, reiteradamente: “no!”, y clama que “es un atropello!”.
En inmediatas declaraciones a medios de comunicación locales e internacionales, Canseco, visiblemente molesto y agitado, tratando de recuperar el ritmo normal de su respiración, acusó a la fuerza de seguridad invasora, de haber actuado como un grupo de delincuentes, y expresó temor por la vida de Glas.
“Es un atropello, en contra del derecho internacional y la inviolabilidad de la Embajada de México en Ecuador!”, exclamó.
“Totalmente inaceptable! Esto no puede ser! Es la barbarie! No es posible que violen el recinto diplomático, como lo han hecho! Es la ignominia, para un Estado! Es una locura!”, siguió denunciando.
A una pregunta sobre si las fuerzas invasoras lograron secuestrar a Glas, el agredido funcionario mexicano respondió, siempre respirando con dificultad, luego de la agresión: “entiendo que sí! Estoy muy preocupado, porque pueden matarlo! No hay ningún fundamento, para hacer esto!”.
Interrogado respecto a si la representación diplomática recibió algún aviso oficial, de parte del régimen de Noboa, sobre la realización de la operación de seguridad, Canseco dijo: “no! Esto es, totalmente, fuera de toda norma!”.
La violación a la soberanía de México fue perpetrada poco después de que el gobierno del centroizquierdista presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador -popularmente conocido como AMLO, sus iniciales-, dio asilo político a Glas, quien se había refugiado, el 17 diciembre de 2023, en esa embajada.
El ex vicepresidente, a quien la justicia ecuatoriana había condenado, en dos casos de corrupción, a, respectivamente, 14 y seis años de prisión, se hallaba en libertad condicional.
Sin embargo, ante la emisión de una nueva orden de captura, se refugió en la sede diplomática mexicana.
Para justificar su inadmisiblemente autoritario comportamiento, el régimen noboísta emitió un vergonzoso comunicado en el cual trató de justificar lo injustificable, aseverando que “el Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glas Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes”.
“Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político”, planteó, para precisar que “Jorge Glas ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes”, agregó, en el texto de siete breves párrafos, que, obviamente, omitió detallar el operativo.
“Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad”, aseveró, ignorando la ya violada soberanía de México.
Por si la agresión armada, y los patéticos y autoritarios argumentos emitidos, hubiesen sido poco, el régimen noboísta insultó, directamente, al gobierno de AMLO, al acusarlo de ser una administración corrupta.
En el cierre del comunicado -el último de los siete párrafos-, la presidencia de “El Nuevo Ecuador” -según el logo impreso en el texto- afirmó, hipócritamente, que “reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países”, señalamiento que, obviamente, incluyó a México.
No conforme con ello, el gobierno del igualado millonario hereditario se permitió dar cátedra sobre jurisprudencia internacional -obviamente, sin considerar que su accionar ilegal en la embajada de México es flagrantemente contrario a cualquier norma legal-.
“Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios, concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glas, y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura”, afirmó.
Lo que Noboa y sus secuaces demuestran, con esa arbitraria afirmación, es que son plenamente ignorantes -o quieren parecerlo- de esa jurisprudencia a la que, audazmente, se refieren.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas -que toma su nombre de la capital de Austria, donde fue aprobada el 18 de abril de 1961-, vigente desde el 24 de abril de 1964, establece, con claridad meridiana, en el 22 de sus 53 artículos, la inviolabilidad de las instalaciones de las representaciones diplomáticas -a las que el texto se refiere como misiones-, y a la obligación, de los estados donde se encuentran, de protegerlas.
“Los locales de la misión son inviolables”, determina.
“Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”, agrega -en el caso en cuestión, se trata, respectivamente, de Ecuador y de Canseco-.
También establece, sin lugar a antojadizas interpretaciones, que “el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”.
De modo que el régimen de Noboa no solamente incumplió sino que actuó intencionalmente en sentido diametralmente opuesto a lo señalado en la convención -de la cual, como agravante, Ecuador es parte, habiéndola firmado el día de la aprobación, y ratificado el 21 de setiembre de 1964-.
Por otra parte, mientras el gobierno plantea que Glas no es in perseguido político sino un delincuente, la Convención sobre Asilo Diplomático indica que, si bien esa figura no aplica a procesados por delitos comunes, es el Estado cuya embajada está involucrada el que determina l pertinencia de esa protección -o sea: México-.
Aprobada el 28 de marzo de 1954, en Caracas -la capital venezolana-, por la Décima Conferencia Interamericana, y vigente desde el 29 de diciembre de ese año, esta convención plantea, en el tercero de sus 24 artículos, que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas (…) por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos (…) sin haber cumplido las penas respectivas”.
Pero, a continuación -en el artículo 4-, determina, con alta precisión, que “corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”, lo que, en este caso, se refiere, puntualmente, a México.
La presidencia ecuatoriana hizo, asimismo, manipuladora referencia a la dramática situación que, en materia de seguridad nacional, golpea, hace años, al andino país sudamericano.
Noboa asumió, interinamente, el cargo -en el marco de la severa crisis política generada el año pasado-, habiendo prometido, durante la campaña electoral de emergencia, corregir esa situación -lo que no ha ocurrido desde que fue juramentado, el 23 de noviembre de 2023-.
El millonario debe completar el cuatrienio presidencial que su antecesor inmediato, el banquero Guillermo Lasso, debía cumplir en mayo de 2025, pero que dejó inconcluso cuando dimitió, el año pasado.
En alusión a la escalada de violencia que el crimen organizado mantiene a nivel nacional, la presidencia afirmó que “Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional, cuyas repercusiones en la democracia y paz ciudadana, solo serán incrementales de continuarse o condonarse actos que interfieran con el Estado de Derecho, la soberanía nacional o con temas de injerencia en asuntos internos del país”.
Esas repercusiones “incrementales” (palabra que no aparece en el Diccionario de la Real Academia Española) no se deben a ninguna interferencia ni a ninguna injerencia sino al fracaso del “Plan Fenix”, la supuesta política de seguridad que Noboa ha mantenido básicamente en secreto -si es que, efectivamente, existe-, y del bukeliano estado de excepción que decretó, el 8 de enero, con vigencia de dos meses.
Al igual que Bukele viene haciendo -con su brutal régimen de excepción- desde marzo de 2022, Noboa aplicó, el 7 de marzo, la primera prórroga mensual a la autoritaria medida.
Sin embargo, los homicidios con características de sicariato no cesan, en Ecuador, habiendo cobrado, entre otras, la vida de Brigitte García, la alcaldesa de la costera y noroccidental provincia de Manabí -uno de los más activos corredores ecuatorianos del narcotráfico, y uno de los más violentos sectores del país-.
Junto con García -considerada como la alcaldesa más joven a nivel nacional-, fue asesinado su compañero sentimental y director del Área de Comunicación de la alcaldía, Jairo Loor.
Tampoco ha menguado la escalada de violencia en establecimientos del precario sistema penitenciario nacional, contexto en el cual, por ejemplo, seis prisiones, en diferentes puntos del país, fueron tomadas por reclusos quienes generaron violencia entre prisioneros, además de haber tomado, como rehenes, a integrantes del personal carcelario.
En tal contexto, la flagrante violación a la soberanía de México -cuyas repercusiones, a nivel internacional, eran más que previsibles, al momento de perpetrarla- plantea, por lo menos, dos lecturas: o se trató -hipótesis poco probable, aunque no descartable- de la natural ineptitud de un millonario hereditario, o -probablemente- de una movida estratégica para distraer la atención del fracaso de una sobredimensionada política de seguridad.
Las hipótesis quedan planteadas.
