Plena inclusión es una red de organizaciones que vela por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en España.
Un estudio de esta entidad, realizado en 27 entidades de 11 Comunidades Autónomas
señala preocupantes sobrecostes en los gastos de personal y suministros.
Desde esta organización que agrupa a 950 asociaciones que apoyan a más
de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo se reclama a las administraciones públicas que se comprometan en garantizar la sostenibilidad de 4.000 centros y servicios que realizan una labor de gran valor social.
Por ello, Plena inclusión ha decidido constituir un observatorio permanente de seguimiento
sobre la sostenibilidad económica de sus 950 asociaciones.
El estudio realizado registra gastos de suministros, alquileres, alimentos y personal,
en asociaciones de tamaño grande, mediano y pequeño.
El incremento mayor se da en un 72% (electricidad); un 40% (transporte); un 32% (gas); y un 8% (alquileres).
Situación insostenible
Plena inclusión ha enviado una carta a la ministra española de Derechos Sociales en la que se le pide que refuerce la financiación del Plan de Choque del Sistema Nacional de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia.
El movimiento asociativo de la discapacidad intelectual y del desarrollo recuerda a Ione Bellarra que por este medio se apoya presupuestariamente a las CCAA para que estas puedan actualizar los precios/plaza de los centros y servicios que apoyan a decenas de miles de personas en situación de vulnerabilidad.
