En los últimos días, el Ministerio de Salud de Costa Rica ha propuesto una reforma al Decreto Ejecutivo No. 38924-S, con el objetivo de ajustar los límites de plaguicidas en el agua potable. Esta propuesta ha generado controversia, especialmente entre los grupos ecologistas, pero es importante considerar que este ajuste puede ser una medida estratégica para mejorar la gestión y el manejo sostenible del agua en el país.
Un Enfoque Realista y Necesario
El reglamento actual establece que el límite máximo de plaguicidas en el agua potable es de 0,1 microgramos por litro. La reforma propuesta incrementa este valor, lo que podría interpretarse como un paso hacia una mayor flexibilidad en la regulación de los agroquímicos en el agua. A pesar de las críticas, este cambio tiene fundamentos sólidos, ya que se busca equilibrar la protección del recurso hídrico con las realidades del uso agrícola en Costa Rica, un país con una alta dependencia de la agricultura para su economía.
Además, la propuesta se basa en modelos científicos y análisis de riesgo que evalúan la cantidad de residuos de plaguicidas en el agua y sus efectos a largo plazo. Si bien se están realizando ajustes en los valores establecidos, la reforma no pretende eliminar la regulación ni la vigilancia, sino más bien adaptarse a las circunstancias cambiantes del país.
Mejorando la Gestión del Agua: Flexibilidad para el Futuro
Una de las razones detrás de esta reforma es la necesidad de adaptarse a los nuevos desafíos que enfrenta Costa Rica en términos de calidad del agua y los impactos de la contaminación. Con la modificación, se busca establecer un «Valor de Alerta» en lugar de un «Valor Máximo Admisible», lo que permitirá a las autoridades monitorear los niveles de contaminantes que puedan afectar la distribución del agua en el país. .
Este enfoque tiene en cuenta no solo la salud pública, sino también la necesidad de asegurar que los sistemas de agua potable puedan seguir funcionando de manera eficiente y sin interrupciones. En lugar de retirar inmediatamente el agua de los sistemas de distribución, como ocurriría bajo el sistema de «Valor Máximo Admisible», el nuevo enfoque permite una respuesta más gradual, basada en alertas y análisis continuo, lo que garantiza un manejo más eficiente y menos disruptivo.
Un Modelo Basado en Evidencia y en el Futuro de la Sostenibilidad
El gobierno, al promover esta reforma, está tomando medidas para asegurar que los recursos hídricos se gestionen de manera adecuada, sin caer en el exceso de regulaciones que puedan perjudicar a sectores productivos clave como la agricultura. Este tipo de decisiones requiere una visión integral que contemple tanto la salud de la población como las necesidades económicas del país.
Por ejemplo, el plaguicida Clorotalonil, uno de los mencionados en la propuesta, está siendo reemplazado gradualmente por alternativas más seguras. Sin embargo, se reconoce que no se puede eliminar por completa la presencia de agroquímicos en las fuentes de agua, especialmente en áreas agrícolas. Lo que se propone es una regulación más flexible que permita a las autoridades sanitarias actuar conforme a los datos de los análisis de riesgo, sin recurrir a medidas extremas.
El Desafío de la Regulación y la Responsabilidad Ambiental
La reforma también es una respuesta a la necesidad de mantener la competitividad del sector agrícola costarricense. En este sentido, la propuesta no busca poner en riesgo la salud de la población ni la calidad del agua, sino más bien crear un marco de gestión más adaptado a la realidad de los desafíos ambientales, la sostenibilidad del agua y el bienestar económico del país.
Con esta modificación, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) tendrá mayores herramientas para manejar los riesgos asociados con las medidas agroquímicas, sin recurrir a que puedan resultar perjudiciales para los habitantes de áreas rurales o urbanas que dependen del agua potable.
En Resumen: Un Paso Hacia una Regulación Responsable y Equilibrada
La reforma propuesta por el Ministerio de Salud no es una amenaza a la salud pública, sino una medida necesaria para lograr un equilibrio adecuado entre el uso responsable de los agroquímicos, la protección del agua y el desarrollo económico de Costa Rica. La modificación de los límites de plaguicidas en el agua debe verse como un ajuste razonable en un contexto de regulación dinámica y basada en el análisis técnico. Si se implementa correctamente, esta reforma podría ser un paso clave hacia un futuro más sostenible y equilibrado para el manejo del agua en el país.
