La tensión política volvió a encenderse en la Asamblea Legislativa costarricense tras las declaraciones de la diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional. En el marco de las investigaciones sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvarez reafirmó la necesidad de convocar al presidente Rodrigo Chaves, asegurando que no hacerlo comprometería el respeto al debido proceso.
Respaldada por un informe del Departamento de Servicios Técnicos, la legisladora argumentó que impedir la comparecencia del presidente podría violentar su derecho de defensa. A su juicio, cualquier alusión a Chaves en los hallazgos o recomendaciones finales debe estar precedida por la oportunidad de que este se pronuncie.
“Lo que aquí estoy buscando es que se respete el debido proceso”, afirmó Álvarez, recordando que en una comisión anterior sobre el financiamiento de partidos políticos se le negó al presidente esa posibilidad, lo que motivó un fallo de la Sala Constitucional a favor de Chaves.
Desde el oficialismo, el diputado Daniel Vargas minimizó el planteamiento, al señalar que los dictámenes de Servicios Técnicos no son vinculantes y que convocar al mandatario podría interpretarse como una movida política. “El derecho de defensa se puede ejercer por medio de sus diputados”, argumentó, rechazando la obligatoriedad de la presencia presidencial.
Álvarez, por su parte, retrucó que ningún diputado puede ejercer el derecho de defensa en nombre de otra persona, menos aún tratándose del presidente de la República. Su insistencia en convocarlo, aseguró, responde a un principio jurídico, no a un espectáculo mediático como han sugerido algunos colegas.
El fondo del debate trasciende nombres y cargos: se trata de preservar la legitimidad de una comisión investigadora y evitar que sus conclusiones carezcan de solidez jurídica. En sus palabras finales, la diputada fue categórica: “Cada uno votará conforme a su conciencia, pero negar la comparecencia también es una decisión que tiene consecuencias legales”.
