El gobierno de Estados Unidos ha expresado su preocupación por la reforma constitucional presentada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ante la Asamblea Nacional del país. La reforma, que contempla varios cambios clave en la estructura política nicaragüense, ha generado controversia y ha sido vista por algunos sectores como un intento de Ortega de consolidar su poder.
Esta reforma, la duodécima desde que Ortega asumió la presidencia en 2007, incluye propuestas como la extensión del período presidencial de cinco a seis años, la creación de la figura de “copresidenta” y el fortalecimiento de los poderes del Ejecutivo para coordinar con los demás poderes del Estado.
Además, la reforma incorpora la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo nacional.
La iniciativa ha sido criticada por diversos sectores, tanto dentro como fuera de Nicaragua, que señalan que los cambios propuestos podrían contribuir a una mayor concentración de poder en el Ejecutivo.
Sin embargo, el gobierno de Ortega ha defendido la reforma como una medida necesaria para el fortalecimiento del sistema político del país, asegurando que responde a las necesidades internas de gobernabilidad.
En cuanto a las reacciones internacionales, la reforma ha sido cuestionada por algunas figuras políticas y organismos internacionales. No obstante, el gobierno nicaragüense sostiene que las decisiones sobre su constitución deben ser tomadas sin la intervención de actores externos, destacando que el pueblo de Nicaragua tiene el derecho de decidir sobre su futuro político de manera soberana.
El proceso de reforma constitucional en Nicaragua continúa siendo un tema de debate, con defensores que consideran que estas modificaciones son una expresión legítima de la política interna del país y críticos que cuestionan sus implicaciones para la distribución del poder en la nación.
En este contexto, la situación sigue siendo monitoreada tanto dentro de Nicaragua como en la comunidad internacional.
