En el ámbito de la educación en centros penitenciarios, Maritza Umaña y Jaime Cerdas, asesores nacionales de Educación de Adultos, han delineado un enfoque integral para asegurar que las personas privadas de libertad tengan acceso a oportunidades educativas significativas y transformadoras.
A través de diversas modalidades educativas y programas específicos, buscan no solo impartir conocimientos académicos, sino también contribuir a la rehabilitación y reinserción social de los individuos en conflicto con la ley.
Plan de Estudios de Educación de Adultos:
Según Umaña, el Plan de Estudios se implementa principalmente a través de sedes y satélites de instituciones como el Centro Integral de Educación de Adultos (CINDEA) y el Instituto Profesional de Desarrollo Comunitario (IPEC).
«Nuestro objetivo es proporcionar una oferta educativa completa que incluye los niveles I, II y III, así como programas emergentes adaptados a las condiciones y recursos disponibles en cada centro penitenciario», destacó Umaña.
Además, resaltó el papel fundamental del coordinador de satélite, quien facilita la coordinación entre la dirección de la sede educativa, el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), y el personal penitenciario para garantizar la efectiva ejecución de los programas educativos.
Cerdas agregó que las direcciones de CINDEA e IPEC tienen la responsabilidad de elaborar horarios, conformar grupos y coordinar con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para la realización de pruebas nacionales.
«Es esencial adaptarnos a las necesidades educativas individuales de los estudiantes privados de libertad, asegurando que tengan acceso a una educación de calidad que les permita avanzar hacia su reinserción social», afirmó Cerdas.
Educación Abierta:
Otro pilar importante del programa educativo en centros penitenciarios es la Educación Abierta, que según Cerdas abarca desde el ciclo I hasta el bachillerato por madurez suficiente.
«Este programa está diseñado para adaptarse a las necesidades educativas de las personas privadas de libertad, proporcionando una alternativa flexible y accesible para completar su educación básica y avanzada», explicó.
Umaña añadió que la dirección de CINDEA o IPEC asume un papel crucial en la gestión y coordinación de esta modalidad, trabajando en estrecha colaboración con la persona coordinadora del satélite para asegurar su correcto funcionamiento.
«Desde la inscripción de los estudiantes en las pruebas nacionales hasta la solicitud de apoyos educativos, certificaciones de asignaturas, nuestro objetivo es facilitar un entorno educativo seguro y propicio para el aprendizaje», subrayó Umaña.
Regulación y Coordinación:
Ambos asesores enfatizaron la importancia de establecer condiciones seguras y adecuadas dentro de los centros penitenciarios. Umaña mencionó que el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) juega un papel fundamental en la regulación de los espacios físicos exclusivos para la educación de jóvenes y adultos privados de libertad.
«Estos espacios deben estar equipados con el mobiliario, equipo y material didáctico necesarios para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y efectivo», afirmó.
Cerdas agregó que la coordinación entre el MJP y el MEP es fundamental para abordar cualquier irregularidad o falta a la normativa institucional dentro de los centros penitenciarios.
«Es crucial mantener un monitoreo constante para asegurar que tanto los estudiantes como el personal educativo operen en condiciones adecuadas y seguras», enfatizó.
Conclusiones:
En resumen, Umaña y Cerdas coinciden en que la educación en centros penitenciarios no solo es una herramienta para el desarrollo académico, sino también para la rehabilitación y reinserción social de los individuos.
A través de programas estructurados, adaptados y coordinados, buscan ofrecer oportunidades equitativas de educación que empoderen a los estudiantes para construir un futuro mejor, tanto dentro como fuera del sistema penitenciario.
Este enfoque integrador y comprometido con la transformación social refleja los esfuerzos continuos del Ministerio de Justicia y Paz y del Ministerio de Educación Pública para asegurar que ningún individuo sea dejado atrás en su derecho a la educación y a la reinserción efectiva en la sociedad.
