Una fuerte controversia ha surgido en Venezuela después de la detención de 33 hombres durante una fiesta en un club privado de la comunidad LGBTIQ+ en el centro de la ciudad de Valencia, Venezuela. La detención, que ocurrió el pasado domingo, ha sido denunciada por una ONG local, que alerta sobre la «criminalización de la homosexualidad» dicho país.
Las autoridades aún no han emitido declaraciones oficiales sobre el caso, pero medios locales sugieren que los arrestos tuvieron lugar después de una redada a lo que describen como una «fiesta sexual», supuestamente motivada por quejas de vecinos. Fotografías que circulan en redes sociales muestran teléfonos, condones y cédulas de identidad de los detenidos.
Cody Campos, presidente de la ONG Human Hands Llc, manifestó su preocupación y frustración por no poder comunicarse con los detenidos y no tener información sobre los cargos que se les imputarán. Existen rumores de que podrían enfrentar cargos por «ultraje al pudor» (actos obscenos en público). De ser así, la comunidad LGBTIQ+ considera que sería una persecución injusta y discriminatoria hacia ellos.
Campos también denunció que la policía llevó a cabo el allanamiento del espacio sin una orden judicial, invadiendo la privacidad de las personas al revisar sus pertenencias y teléfonos, lo que ha generado una ola de indignación y malestar en la comunidad.
Entre los detenidos se encuentra el dueño del local y algunos de sus trabajadores, quienes deberán comparecer ante los tribunales durante el transcurso del día, de acuerdo con la ley.
La situación ha generado protestas y manifestaciones a las afueras de la comisaría, donde familiares, activistas y defensores de derechos humanos exigen la liberación de los detenidos y el respeto a sus derechos.
Según un fotógrafo , la presencia de activistas y defensores de derechos humanos también se hizo notar, ya que luchan desde hace años contra la discriminación y por la validación de derechos, como el matrimonio igualitario y el cambio de la identidad de género.
En respuesta a la situación, una representante de la Defensoría del Pueblo intentó intervenir en el caso, pero lamentablemente se le negó el acceso a la sede policial, lo que ha generado aún más preocupación en la comunidad.
La precandidata presidencial opositora, Tamara Adrián, quien es una mujer trans, expresó su condena a la detención, calificándola de «bochornosa» y comparándola con las «razzias» de limpieza social que ocurrieron en la década de los ochenta.
La situación sigue siendo delicada y continúa generando fuertes reacciones tanto dentro como fuera del país venezolano.
La comunidad LGBTIQ+ y los defensores de derechos humanos exigen respuestas y justicia en un país donde luchan constantemente por la igualdad y el respeto a sus derechos fundamentales.
