En una sesión de la Comisión de Gobierno y Administración, representantes de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) defendieron con vehemencia el estudio actuarial en el que se basa el expediente 23.733, conocido como «Mismo Patrón, Igual Contribución. Equidad Contributiva Patronal en los Regímenes Básicos de Pensiones». Rafael Chavarría, de la División de Regímenes Colectivos, respaldado por la Superintendente Rocío Aguilar y Mauricio Soto, director de la División de Supervisión, afirmaron de manera enfática que el informe en cuestión es un estudio actuarial riguroso y fundamentado.
La discusión se originó a raíz de una audiencia previa con representantes de la Corte Suprema de Justicia, durante la cual el director jurídico de dicha institución, Raúl Hernández, puso en duda la naturaleza actuarial del informe. Esta discrepancia impulsó a la legisladora Dinorah Barquero a plantear la consulta en la Comisión, marcando el inicio de un debate esencial sobre la validez técnica y la integridad del estudio.
Rafael Chavarría, un actuario experimentado, tomó la palabra para respaldar el estudio y afirmar su carácter actuarial. «Sí, es un estudio actuarial, yo soy actuario, yo lo hice y tengo suficiente criterio técnico sobre estos temas», expresó Chavarría con convicción. Su respuesta no solo enfatizó la validez del informe, sino que también resaltó su propia formación y conocimiento especializado en la materia.
La Superintendente Rocío Aguilar se unió a la defensa del estudio, subrayando que este se basa en análisis actuariales similares realizados por expertos en el Poder Judicial. Aguilar explicó que, si bien se incorporaron otros insumos en el estudio de la SUPEN, la base fundamental se mantiene en los principios actuariales establecidos. Este enfoque de colaboración entre diferentes instancias expertas refleja un esfuerzo concertado para abordar de manera integral la equidad en los regímenes de pensiones.
El objetivo primordial del expediente 23.733 es lograr la igualdad en las contribuciones estatales para los diversos regímenes de pensión. La propuesta busca eliminar las disparidades actuales en beneficios, aportes y cotizaciones, así como abordar la inequidad persistente en el sistema. Una cuestión clave que se destaca es la obligación del Estado, en su rol de patrono, de hacer frente a porcentajes de contribución significativamente diferentes en los diversos regímenes, lo que ha llevado a desigualdades considerables.
Actualmente, mientras que en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) el Estado aporta un 5,42% para el seguro de los trabajadores, en el Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio, este aporte se eleva a un 6,75%, y en el caso del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, alcanza un 14,36%. Estas diferencias han suscitado interrogantes sobre la equidad en el sistema y la sostenibilidad a largo plazo.
El actuario Rafael Chavarría hizo hincapié en la necesidad de abordar estas disparidades y resaltó que, a pesar de que el Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio se encuentra en condiciones relativamente equilibradas, el fondo del Poder Judicial ha sido históricamente insostenible desde una perspectiva actuarial.
En resumen, la defensa enérgica del estudio actuarial por parte de los representantes de la Superintendencia de Pensiones en la Comisión de Gobierno y Administración busca arrojar luz sobre la naturaleza rigurosa y técnica del informe. Su objetivo principal es establecer una base más equitativa y justa en las contribuciones estatales a los regímenes de pensiones, con la esperanza de reducir las desigualdades y garantizar una mayor sostenibilidad en el sistema de pensiones en el futuro.
