El prontuario del general retirado Romeo Vásquez tiene pesado contenido: robó vehículos, fue el jefe militar del golpe de 2009 en Honduras, y ha aspirado tres veces
-afortunadamente, sin éxito- a la presidencia como candidato del partido que fundó y que, hipócritamente, llama a poner fin a la violencia y a la corrupción.
Como responsable militar del cruento golpe de estado del 28 de junio de 2009 -entonces con el grado de general y desempeñando el cargo de Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas-, es responsable de la matanza de una veintena de opositores a la acción inconstitucional, crímenes que le significaron -16 después- la captura.
Pero el récord delictivo oficial de Vásquez data de 1993, cuando, con el grado militar de mayor, fue capturado como uno de los dos líderes de una banda dedicada al robo y venta de automóviles -descritos como de lujo- dentro y fuera del país.
De acuerdo con versiones periodísticas de ese momento, el entonces mayor, fue detenido junto con el teniente coronel Guillermo Leva -el otro jefe-, lo mismo que nueve integrantes más de la estructura de crinen organizado denominada “Banda de los Trece”.
Las capturas fueron llevadas a cabo a partir de la tipificación de los delitos de “robo y falsificación de documento”, según las mismas fuentes.
El grupo robó -en un lapso de tiempo que no fue determinado- aproximadamente doscientos vehículos, algunos de los cuales fueron adquiridos, localmente, por diputados hondureños, indicaron, entonces, los medios.
Tras la liberación de Vásquez y Leva, el segundo fue, nuevamente, detenido, lo que ocurrió en agosto de 2021, cuando le fue tipificado el delito de estafa.
Ahora ostentando el grado de general, y como jefe de las fuerzas armadas del país centroamericano, Vásquez fue el conspirador militar del brutal golpe de Estado que
-también dirigido por civiles-, derrocó, al amanecer del 28 de junio de 2009, a Manuel “Mel” Zelaya.
El derrocado presidente proporcionó, horas después esa mañana, detalles de su detención y traslado forzado a Costa Rica -específicamente a la policial Base 2, en el Aeropuerto Internacional “Juan Santamaría”, en las afueras de San José, la capital nacional-.
El ex mandatario (2006-2009) y entonces dirigente del centroderechista Partido Liberal (PL), relató, en conferencia de prensa, que unos 200 a 300 efectivos militares lo despertaron, en su residencia en Tegucigalpa -la capital hondureña-, sin darle oportunidad de cambiarse de ropa, y lo condujeron a un avión militar, a bordo del cual -tras una escala en la hondureña Base Aérea “Enrique Soto Cano”, más conocida como Base Palmerola, que aloja a tropas estadounidenses-, se dirigió a territorio costarricense.
Zelaya precisó que, “en piyama, y sin ropa interior”, fue conducido a Costa Rica.
También relato que, tras el aterrizaje, con los motores de la aeronave permanentemente en marcha, uno de los efectivos de la Fuerza Aérea Hondureña abrió la compuerta del aparato, y data la distancia con la pista, le ordenó: “salte!”.
La excusa golpista radicó en la decisión de Zelaya -anunciada el 23 de marzo de 2009-, de realizar una consulta popular respecto a la instalación de una Asamblea Constituyente que reformase el texto vigente -con particular atención en la prohibición constitucional de reelección presidencial, mediante
El impedimento está contenido en el artículo 374 de la Constitución, uno de los “artículos pétreos” -imposibles de reformar-.
Según lo establecido en esa disposición, “no podrán reformarse, en ningún caso (…) los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la Republica, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la Republica por el periodo subsiguiente”.
El artículo siguiente -el 375-, referido a la “inviolabilidad de la Constitución”, ratifica y amplía ese enunciado.
“Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distintos del que ella mismo dispone”, señala, agregando que, “en estos casos, todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de su afectiva vigencia”.
“Serán juzgados, según esta misma constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior, lo mismo que los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer inmediatamente el imperio de esta Constitución y a las autoridades constituidas conforme a ella”, advierte, a continuación.
Según la propuesta del entonces presidente, la consulta popular se realizaría, el último domingo de junio de 2009 -precisamente, el 28 de ese mes, el día del golpe-, para determinar si los votantes estarían de acuerdo en emitir opinión -sobre la asamblea constituyente- en las elecciones generales programadas para noviembre de ese año.
Esto último, mediante la habilitación, en los centros de votación, de lo que describió como “la cuarta urna”, que se sumaría a las tres habituales -para voto, respectivamente, presidencial, parlamentario, municipal-.
Cuando formuló el anuncio, Zelaya dijo, a periodistas, que la siguiente pregunta sería formulada, en junio, a los votantes: “¿está usted desacuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nuevo Constitución política?”.
En alusión a que prohíbe la reelección presidencial, también dijo que el texto debía “adaptarse a la realidad nacional”, por lo que era necesario contar con una asamblea constituyente que “redacte y apruebe una nueva ley fundamental”.
De haberse llevado a cabo la consulta popular de junio, y si los votantes hubiesen respondido afirmativamente a la pregunta, la cuarta urna se habría agregado en noviembre.
Pero el planteamiento del entonces presidente, fue recibido con tenaz oposición, lo mismo dentro del PL que en filas del derechista y ex gobernante Partido Nacional (PN) -tradicionalmente vinculado a los golpes de Estado y a los regímenes militares que colman la historia hondureña-.
La gestión gubernamental zelayista ya era objeto de crítica por parte de los sectores conservadores del país centroamericano -incluidos el PL y el PN-.
Ello, porque, no obstante su ideología centroderechista, Zelaya se sintió atraído por el favorable apoyo financiero ofrecido, a varios países, por Venezuela -en el marco del programa denominado Petrocaribe-, y se alió al entonces presidente venezolano, el izquierdista coronel Hugo Chávez (1999-2002, 2002-2013)-.
En tal contexto, la retórica de Zelaya se metamorfoseó en el discurso propio de un dirigente de izquierda.
Uno de los primeros en criticar la propuesta de consulta popular fue Roberto Micheletti, un mediocre diputado por el PL quien presidía el congreso -parlamento unicameral-.
Precisamente, Micheletti fue un actor clave en el golpe, ya que los jefes de la ruptura institucional lo designaron para completar los siete meses pendientes de la gestión gubernamental de Zelaya, que debía finalizar el 27 de enero de 2010, cuando se instalaría el presidente surgido de la votación de noviembre -el “cachureco” (integrante del PN) Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014)-.
Como preparando el ambiente golpista, al interpretar el artículo 374, Micheletti afirmó, en declaraciones a periodistas, al día siguiente del anuncio de Zelaya, que “es claro que esto es castigado por la ley”, ya que tal planteamiento, en sí mismo, “es un crimen”.
Dirigentes de ambos partidos acusaron, al entonces presidente, de buscar su propia reelección inmediata.
En ese cuadro de ascendente crisis política, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado amenazando que los organizadores de la consulta -Zelaya, incluido- “se exponen a ser sometidos a la respectiva investigación criminal”.
También advirtió que “ni la Constitución de la República, ni la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas otorgan al presidente la facultad de llevar a cabo una consulta popular para reformar la Constitución del país”.
En ese sentido, señaló, al Tribunal Supremo electoral (TSE) como la única instancia autorizada a reformar la Constitución.
Faltando cuatro días para la materialización del golpe, y aún presidido por Micheletti, el Congreso aprobó un proyecto de ley prohibiendo la realización de cualquier consulta popular 180 días antes de elecciones generales.
Detalle: la ley fue aprobada faltado solamente 157 días para la votación de ese año.
Ninguno de los detractores de la propuesta del “izquierdista” Zelaya tuvo en cuenta que el entonces presidente no tenía ninguna posibilidad de postularse, ya que la consulta definitiva se llevaría a cabo durante la jornada electoral de noviembre.
Sin embargo, la excusa se mantuvo, el contubernio PL-PN-Congreso-Poder Judicial- se sostuvo, y el golpe sobrevino -violentamente-.
Con Zelaya en exilio forzado, los conspiradores frustraron diversos intentos del derrocado mandatario por regresar a Honduras -quizá temiendo que, en el tradicional marco de fenomenal corrupción, el dirigente desterrado revelara peligrosos secretos de los golpistas-.
Simultáneamente, masivas manifestaciones populares a nivel nacional -incluida el área alrededor del capitalino Aeropuerto Internacional “Toncontín”- fueron brutalmente reprimidas por efectivos militares y policiales, con saldo de numerosas víctimas fatales, decenas de heridos, y cientos de detenidos.
Pero, cuando, seis años después, el entonces presidente hondureño, Juan Orlando Hernández -el megacorrupto JOH, según sus iniciales-, por la vía de serviles diputados, logró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) -uno de los actores cómplices en el golpe- revocase la prohibición de reelección, no hubo reacción.
El ilegítimo fallo fue emitido, el 23 de abril de 2015, por los cinco integrantes de la Sala Constitucional de la CSJ, quienes entonces dictaminaron a favor de dos apelaciones de inconstitucionalidad contra el artículo 374.
Dos acciones legales contra ese fallo fueron rechazadas, casi un año después, por la sala, tras lo cual los 15 integrantes de la CSJ ratificaron, el 15 de agosto de 2016, lo actuado por el tribunal constitucional, y determinaron que la sala “es el órgano competente para interpretar la Constitución”.
De modo que JOH pudo cumplir un cuatrienio presidencial (2014-2018) -al que accedió, mediante fraude electoral-, postularse a la reelección inmediata -en la votación de noviembre de 2017-, ganar gracias a un nuevo fenomenal fraude, y permanecer, en el cargo, durante un nuevo período (2018-2022).
El Poder Judicial irrespetó, así, a los masacrados por la bestial represión antigolpista.
Por el asesinato de no de ellos -el joven manifestante Isy Obed Murillo-, y por heridas a Alex Roberto Zavala, fue ordenada -y ejecutada-, casi dos décadas después de perpetrados esos crímenes, la captura de Vásquez y otros dos jefes militares.
Además del general retirado, se trata del entones subjefe del Estado Mayor, Venancio Cervantes, y el ex jefe del Comando de Operaciones Especiales (Coes) del Ejército de Honduras, Carlos Roberto Puerto.
Al informar, el 5 de enero de 2025, sobre las tres detenciones, el Ministerio Público (MP) identificó, a los capturados, como “responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves”.
Al igual que numerosos otros manifestantes, ambos “permanecían en los alrededores del Aeropuerto Internacional Toncontín a la espera del retorno del entonces presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales”, indicó, en el texto de cinco mayoritariamente extensos párrafos.
Respecto a Murillo, el MP informó que “perdió la vida tras recibir un proyectil de arma de fuego en la cabeza mientras participaba en una manifestación pacífica en las inmediaciones del aeropuerto”.
Por su parte, Zavala “sufrió graves lesiones a consecuencia de los disparos realizados por elementos de las Fuerzas Armadas”, indicó, a continuación.
“De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, las actuaciones delos militares fueron brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre -M16- contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente”, denunció, asimismo.
“Dichas acciones, que resultaron en muertes y graves lesiones, no fueron actos aislados, sino crímenes ejecutados por elementos de ls Fuerzas Armadas bajo órdenes directas del jefe del Estado Mayor Conjunto, el subjefe y el director de Operaciones Especiales”, precisó.
“Los altos mandos del Estado Mayor Conjunto, responsables directos de comandar y planificar el operativo, no solo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que, con pleno conocimiento de los hechos, permitieron y facilitaron estas atrocidades”, siguió denunciando.
“Su negligencia e inacción configuraron graves violaciones a los derechos humanos, dejando a los manifestantes a merced de una fuerza militar que actuó con una violencia inhumana y desmedida”, agregó.
Lo que el MP describió, en el comunicado, constituye crímenes de lesa humanidad.
Al respecto, el Estatuto de Roma, que, vigente desde el 1 de julio de 2002, rige el accionar de la Corte Penal Internacional (CPI) -tribunal del que 125 estados son parte-, determina, en el sexto de sus 128 artículos, que los crímenes de lesa humanidad representan casi una docena de actos perpetrados “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Se trata, entre otras acciones, de “asesinato”, lo mismo que de “exterminio”, así como “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género (…)”.
Asimismo, de “desaparición forzada de personas”, además de “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
En el mismo artículo se determina, entre otras precisiones, que, “por ‘persecución’ se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad”.
Respecto al caso de los tres militares detenidos, el MP aseguró, en el comunicado, actuó en cumplimiento del principio de que “ninguna acción que viole los derechos humanos debe quedar sin castigo”.
En los instantes previos a su captura -y como es, invariablemente, el caso de personajes de su calaña, cuando son castigados-, Vásquez recurrió a la negación de sus crímenes, y a denunciar supuesta victimización por parte de las autoridades actuantes.
También hizo calumniosa referencia a la orientación centroizquierdista de la administración encabezada por la presidenta hondureña, Xiomara Castro -la primera mujer quien desempeña el cargo, y esposa de Zelaya, quien opera como su asesor-.
En tal contexto, el militar retirado -fundador, en 2012, del derechista partido Alianza Patriótica Hondureña, que, hipócritamente, proclama: “Basta ya: de violencia y corrupción”-, trató de manipular la orientación centroizquierdista de la agrupación política Libertad y Refundación (Libre), para identificar, con el comunismo, a la administración de la presidenta Xiomara Castro -la primer hondureña en el cargo, esposa de Zelaya, quien opera como su asesor-.
Libre fue fundado en 2011, por Zelaya, cuando el ex mandatario regresó a Honduras, luego de un período de exilio, a raíz del golpe.
En reconocimiento a su liderazgo y su participación en manifestaciones de oposición al golpe, Libre postuló a Castro como su aspirante presidencial en dos de las tres votaciones en las que ha participado -2013E, y 2021, cuando triunfó-, mientras que en la de 2017 la promovió como candidata a ser primera designada presidencial -primera vicepresidenta, del total de tres-.
Respecto a su captura, Vásquez se adjudicó, el 5 de enero, en la red social X, la condición de “víctima se persecución política y manipulación de poder”.
“Denuncio públicamente que el Gobierno Comunista me ha capturado injustamente”, aseveró, además de que plantear que “hace meses vengo denunciando el intento del Gobierno Comunista de callarme a cualquier costo”, y de afirmar que “!No lograrán callarme!”.
Y, en obvio desquiciamiento negacionista, aseveró: “Nunca di una orden de atentar contra ningún hondureño!”.
Por su parte, el canciller de Honduras, Enrique Reina -quien fue asesor presidencial durante el cruentamente interrumpido gobierno de Zelaya-, advirtió, también en X: “la violación de derechos humanos es un acto criminal e imprescriptible”.
En cuanto a los crímenes perpetrados por los golpistas aseguró que se trata de acciones que “no deben quedar impunes”.
También denunció que “el caso de Isy Obed Murillo marca el asesinato cobarde de un joven mártir en defensa de la Democracia nacional, que fue presenciado por cámaras del mundo entero y por miles de personas que acudían a una marcha pacífica que buscaba recibir al Presidente Manuel Zelaya Rosales el domingo de julio de 2009”.
“La manifestación fue recibida con disparos a bala viva, lo que se trató de ocultar en medios de comunicación, llegando a publicar fotos retocadas”, aseguró, a continuación.
Y, en respuesta directa a Velásquez, aclaró: “la búsqueda de justicia es un derecho humano. No es persecución política”.
Asimismo, en alusión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), precisó que “el caso fue denunciado en la CIDH y por muchas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos”.
Entretanto, la gubernamental Secretaría de Derechos Humanos (Sedh), expresó, en una declaración, beneplácito por la detención de los tres golpistas uniformados.
La captura de los tres militares “representa un paso fundamental hacia la verdad, justicia, reparación de las víctimas y la garantía de no repetición de actos que quebranten el orden democrático y el respeto a los derechos humanos”, expresó, en el “Pronunciamiento ante la captura de responsables de graves violaciones a los derechos humanos del golpe de estado del 2009”.
Igualmente, manifestó “respaldo a las acciones emprendidas por el Ministerio Público en el marco de la justicia y rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después dl Golpe de Estado en Honduras en junio de 2009”.
La autoridad encargada de la vigencia de las garapitas fundamentales, enfatizó, además, “la necesidad de que las capturas recientes conduzcan a procesos judiciales eficaces y transparentes, que garanticen el esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y la reparación adecuada para las víctimas y sus familias”.
La Sedh expresó, igualmente, que “los principios de verdad, justicia y reparación son esenciales para la reconstrucción del tejido social hondureño y la consolidación de un Estado de Derecho”.
Las tres capturas, “en este concepto (…) representan un avance significativo en la búsqueda de justicia histórica, una demanda que el pueblo hondureño ha sostenido por más de una década”, aseguró, a manera de reflexión.
También manifestó “solidaridad con las familias de las víctimas”,
Además de reafirmar el “compromiso la construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos, donde hechos como los ocurridos en 2009 NO SE REPITAN NUNCA MÁS”, la Sedh manifestó “solidaridad con las familias de las víctimas”.
En esa línea de solidaridad, Berta Oliva, activista hondureña de derechos humanos y coordinadora general del no gubernamental comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), testimonió, en una declaración que difundió el 5 de enero, el impacto del asesinato de Murillo.
“Muchas veces durante 15 años acompañé las lágrimas de la madre y el padre de Isy Obed”, señaló, para agregar: “años interminables de silencio han sido una ofensa brutal a esta familia”.
“Hoy, unos de los autores uniformados de aquella tragedia del 5 de julio de 2009, enfrentan en persona el clamor por la justicia”, indicó la cofundadora del Cofadeh, organización hondureña defensora de las garantías fundamentales establecida en 1981.
También planteó la necesidad de que “Vásquez Velásquez y sus socios de la violencia tengan un juicio justo, que se respeten sus derechos humanos y que se defiendan como corresponda, para que el Estado demuestre que no es lo mismo un dictadura criminal que una sociedad buscando justicia, no venganza”.
