El órgano judicial del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) quedó sin personalidad jurídica internacional en medio de una crisis regional de integración
La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), considerada uno de los principales órganos jurídicos del proceso de integración regional, confirmó el cese de sus funciones luego de que los tres países que formaban parte efectiva de la institución denunciaran el convenio que le daba vida legal.
La decisión marca un nuevo capítulo en la crisis institucional que atraviesa el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), organismo creado para promover la cooperación política, económica, social y jurídica entre los países del istmo.
La salida de Nicaragua, Honduras y El Salvador dejó a la Corte sin Estados miembros activos y provocó la pérdida de su personalidad jurídica internacional. Según información oficial, Nicaragua notificó su retiro el 18 de marzo de 2025; posteriormente Honduras denunció el convenio el 29 de abril de 2026 y El Salvador tomó una decisión similar el 20 de mayo de 2026.
Un tribunal regional con más de tres décadas de historia
La Corte Centroamericana de Justicia fue creada mediante el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, firmado en 1992, como parte del proceso de fortalecimiento de la integración centroamericana establecido por el Protocolo de Tegucigalpa.
Su principal función era resolver controversias jurídicas entre Estados miembros, instituciones regionales y otros actores reconocidos dentro del marco del derecho comunitario centroamericano.
Durante años tuvo su sede en Managua, Nicaragua, desde donde atendió procesos relacionados con la interpretación de normas regionales y conflictos vinculados con la integración centroamericana.
Honduras confirmó el cierre institucional
La Cancillería de Honduras comunicó que el retiro del país respondió a una decisión soberana y conforme al derecho internacional, argumentando un proceso de reorganización institucional. Con la denuncia del convenio por parte de todos los Estados participantes, el organismo quedó sin la base jurídica necesaria para continuar operando.
La desaparición de la Corte también dejó sin efecto el acuerdo de sede firmado entre Nicaragua y la institución regional, al perder vigencia el marco jurídico que sostenía su funcionamiento.
Costa Rica nunca formó parte del tribunal
Costa Rica no llegó a incorporarse plenamente a la Corte Centroamericana de Justicia. Desde 1995, el país decidió no ratificar el estatuto al considerar que podía afectar principios relacionados con la soberanía nacional y presentar posibles conflictos constitucionales.
Panamá mantuvo una posición similar, mientras que Guatemala aprobó el estatuto en 2007, aunque su participación no se concretó debido a la falta de designación de magistrados representantes.
Crisis dentro del SICA
El cierre de la Corte ocurre en un contexto de dificultades políticas dentro del Sistema de la Integración Centroamericana, que desde hace varios años enfrenta desacuerdos entre gobiernos, incluyendo la falta de consenso para ocupar cargos regionales clave.
Analistas internacionales consideran que la desaparición del principal órgano judicial del SICA representa un golpe para los mecanismos de solución de conflictos y plantea interrogantes sobre el futuro de la integración centroamericana.
La Corte había reafirmado incluso en abril de 2026 su papel como garante del derecho comunitario regional y había elegido nuevas autoridades para el periodo 2026-2027, antes de que se concretara el retiro de los Estados miembros.
Un nuevo desafío para Centroamérica
El cierre de la CCJ abre un debate sobre la necesidad de reconstruir los espacios de diálogo regional y fortalecer los mecanismos jurídicos que permitan resolver diferencias entre países centroamericanos.
Para expertos, la pérdida de una instancia judicial común representa un retroceso institucional, especialmente en una región donde los acuerdos multilaterales han sido considerados fundamentales para enfrentar desafíos compartidos como migración, seguridad, comercio y desarrollo económico.
