Echeverría, cuyo vínculo con el Derecho es profundo, al provenir de una familia de abogados, destaca la transformación del Poder Judicial de ser un «faro de luz» y un símbolo de confianza, a lo que califica como una estructura que ha perdido su norte y ha caído en la impunidad. La crisis, señala, es atribuible a una serie de fallas estructurales y operativas dentro de la institución, que han contribuido al desmoronamiento de su autoridad y eficacia.
El ex presidente ejecutivo del IFAM propone una serie de cambios radicales para restablecer el funcionamiento del Poder Judicial. Entre sus sugerencias, destaca la necesidad de separar las funciones administrativas y financieras del trabajo judicial. Según él, las y los magistrados deben centrarse únicamente en lo jurisdiccional, dejando en manos de una gerencia o junta administradora las demás áreas operativas. También aboga por limitar los periodos de reelección en las magistraturas a ocho años, para evitar la perpetuidad en los cargos y asegurar una renovación constante.
Uno de los puntos más críticos de su reflexión es la recomendación de reestructurar la Sala Constitucional, dado que, en su opinión, sus competencias son alejadas de la función judicial tradicional. Además, Echeverría plantea la necesidad de separar al Ministerio Público y a la Defensa Pública de la estructura judicial, para preservar la imparcialidad y evitar los conflictos de interés.
Con una perspectiva que apunta a los problemas sistémicos del Poder Judicial, Echeverría lamenta que estas situaciones hayan persistido durante décadas sin que se tomen medidas efectivas. Subraya la importancia de reformar la justicia para restaurar la confianza del pueblo costarricense en sus instituciones judiciales, advirtiendo que, de no hacerlo pronto, el daño será irreversible.
En un mensaje lleno de preocupación y esperanza, José Echeverría Alfaro hace un llamado urgente a los responsables de las reformas legales en Costa Rica para que tomen acción antes de que sea demasiado tarde. El futuro del país, según él, depende de la pronta reestructuración de su Poder Judicial.
