San José, Costa Rica. — La diversidad de Costa Rica no se limita a sus reconocidos ecosistemas, bosques y especies animales. También está profundamente vinculada con los pueblos originarios que han preservado durante generaciones sus lenguas, tradiciones, conocimientos ancestrales y distintas formas de relacionarse con la naturaleza.
Cada 9 de agosto, el país conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que permite poner sobre la mesa tanto la riqueza cultural de estas comunidades como los desafíos que todavía enfrentan.
Costa Rica cuenta con ocho pueblos originarios: bribris, cabécares, malekus, borucas, térrabas, huetares, chorotegas y Ngäbe-Buglé, distribuidos en 24 territorios indígenas.
Aunque representan una proporción minoritaria de la población nacional, sus aportes forman parte esencial de la identidad costarricense. Sus sistemas de organización comunitaria, conocimientos sobre biodiversidad, agricultura tradicional, medicina ancestral, artesanía, gastronomía, espiritualidad y relación con los territorios constituyen un patrimonio cultural que trasciende las comunidades indígenas.
El territorio sigue siendo un desafío
Uno de los principales problemas continúa siendo la situación de las tierras indígenas.
La legislación costarricense establece que los territorios indígenas deben permanecer en manos de las comunidades originarias. Sin embargo, organizaciones y especialistas han advertido durante años sobre la presencia de personas no indígenas dentro de estos territorios y sobre los conflictos derivados de la falta de soluciones definitivas.
La situación ha sido particularmente compleja en territorios del sur del país, donde se han producido procesos de recuperación de tierras y episodios de violencia contra dirigentes indígenas.
El asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas, ocurrido en 2019, se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de esta problemática y evidenció la gravedad de los conflictos territoriales.
A juicio de representantes indígenas y especialistas, el desafío no consiste únicamente en resolver la tenencia de la tierra. También está relacionado con el reconocimiento efectivo de la autonomía, la autodeterminación y las formas propias de organización de estas comunidades.
Pobreza y acceso a servicios
Las desigualdades sociales constituyen otro de los grandes retos.
Comunidades indígenas ubicadas en zonas rurales y de difícil acceso enfrentan mayores obstáculos para acceder a servicios de salud, educación, infraestructura, empleo y oportunidades económicas.
Las brechas educativas también continúan siendo una preocupación, particularmente cuando las políticas públicas no consideran las características culturales, territoriales y lingüísticas de cada pueblo.
Para las comunidades indígenas, garantizar igualdad no significa necesariamente aplicar las mismas políticas para todos. Implica desarrollar soluciones que reconozcan sus particularidades y permitan que los servicios públicos sean culturalmente pertinentes y accesibles.
La migración indígena también transforma el país
La diversidad indígena de Costa Rica también se ha ampliado debido a los procesos migratorios.
Entre las comunidades presentes en el país se encuentra el pueblo miskito proveniente de Nicaragua, cuyos integrantes han llegado a Costa Rica en diferentes períodos y por diversas circunstancias.
Algunas familias han enfrentado situaciones de desplazamiento, pobreza, falta de documentación y dificultades para acceder a educación, salud y vivienda.
Esta realidad plantea un reto adicional para las instituciones costarricenses: garantizar que las personas indígenas migrantes puedan ejercer sus derechos sin sufrir discriminación por su origen étnico, nacionalidad o condición migratoria.
Una riqueza que Costa Rica debe proteger
El reconocimiento de Costa Rica como un país multicultural y multiétnico representa un paso importante, pero el reconocimiento jurídico debe traducirse en políticas públicas concretas.
Las comunidades indígenas no deberían ser vistas únicamente como una expresión folclórica destinada al turismo o como guardianas de tradiciones del pasado. Son pueblos vivos, con derechos colectivos, estructuras sociales, conocimientos y propuestas para enfrentar problemas contemporáneos.
Sus conocimientos sobre los ecosistemas, el manejo de los recursos naturales y la convivencia con el ambiente pueden contribuir al debate nacional sobre cambio climático, protección de la biodiversidad y desarrollo sostenible.
La diversidad también exige escuchar sus voces cuando se toman decisiones que afectan sus territorios y sus formas de vida.
Costa Rica suele proyectarse internacionalmente mediante la imagen de la biodiversidad y el concepto de “Pura Vida”. Sin embargo, esa identidad estaría incompleta si no incorpora plenamente a quienes habitaron estos territorios mucho antes de la formación del Estado costarricense.
Reconocer a los pueblos originarios significa, por tanto, mucho más que celebrar una fecha internacional. Significa garantizar derechos, proteger territorios, combatir la discriminación y asegurar que sus culturas, lenguas y formas de organización tengan un lugar real dentro de la Costa Rica del presente y del futuro.
La diversidad costarricense es como un rompecabezas: cada pueblo, cada cultura y cada historia representa una pieza. Si una de ellas es excluida, la imagen del país queda incompleta.
Discapacidad y pueblos indígenas: una deuda pendiente
Dentro de esta realidad existe además una población que enfrenta una doble condición de vulnerabilidad: las personas indígenas con discapacidad.
Para ellas, las barreras no se limitan al acceso a la salud, la educación, el empleo o la vivienda. También pueden encontrarse obstáculos relacionados con el idioma, la distancia geográfica, la falta de transporte accesible, las condiciones de los caminos, la ausencia de información en formatos accesibles y las dificultades para comunicarse con las instituciones públicas.
Una persona indígena sorda, por ejemplo, puede enfrentar simultáneamente barreras por su pertenencia cultural y lingüística y por su discapacidad. Si una institución ofrece una capacitación, consulta pública, actividad comunitaria o servicio sin considerar mecanismos adecuados de comunicación, esa persona puede quedar excluida de una decisión que afecta directamente sus derechos.
La accesibilidad, por lo tanto, debe ser entendida desde una perspectiva intercultural. No basta con colocar una rampa o adaptar físicamente un edificio. También es necesario garantizar que la información pueda ser comprendida y que las personas puedan participar efectivamente, tomando en cuenta sus lenguas, culturas y formas de comunicación.
Este desafío adquiere especial importancia cuando las instituciones del Estado realizan procesos de consulta o diseñan políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas.
La participación no debería convertirse en un procedimiento meramente formal. Para que exista una verdadera inclusión, las personas indígenas con discapacidad deben contar con condiciones que les permitan conocer la información, expresar sus opiniones y participar en igualdad de condiciones.
Esto implica considerar intérpretes, sistemas de comunicación accesibles, materiales en formatos adecuados, transporte cuando sea necesario y mecanismos que permitan la participación de personas con distintas discapacidades.
El deber de consultar y escuchar
La relación entre el Estado y los pueblos indígenas también debe construirse a partir del diálogo y la consulta.
Las decisiones públicas que puedan afectar sus territorios, cultura, organización comunitaria, recursos naturales o formas de vida requieren mecanismos de participación que respeten sus derechos colectivos.
En este contexto, las organizaciones de personas con discapacidad y las organizaciones indígenas también pueden desempeñar un papel fundamental para identificar barreras que muchas veces permanecen invisibles para las instituciones.
La inclusión no puede limitarse a invitar a una persona a una reunión. Debe garantizarse que pueda llegar al lugar, comprender la información, comunicarse, expresar sus posiciones y recibir respuesta.
Una consulta en la que una persona no puede escuchar, leer, desplazarse o comunicarse adecuadamente difícilmente puede considerarse una participación plena.
Una Costa Rica para todos
El reto de Costa Rica consiste en avanzar hacia una visión de diversidad que no deje a nadie atrás.
Pueblos originarios, personas con discapacidad, adultos mayores, población migrante y otros sectores históricamente excluidos forman parte de una misma realidad nacional: la necesidad de que las políticas públicas reconozcan las diferencias existentes y eliminen las barreras que impiden ejercer plenamente los derechos.
En el caso de los pueblos indígenas, esto significa proteger sus territorios, fortalecer sus culturas y garantizar su participación en las decisiones que les afectan. Pero también significa reconocer que dentro de esas comunidades existen personas con discapacidad que requieren respuestas específicas.
La inclusión debe llegar hasta los territorios indígenas y no quedarse únicamente en las ciudades.
Los servicios de salud deben ser accesibles. Las escuelas deben contar con condiciones de inclusión. Las instituciones deben brindar información comprensible. Las actividades públicas deben garantizar participación. El transporte y la infraestructura deben considerar las necesidades de las personas con movilidad reducida. Y los procesos de consulta deben contemplar las distintas formas de discapacidad.
Todo esto requiere coordinación entre las instituciones del Estado, los gobiernos locales, las organizaciones indígenas y las organizaciones de personas con discapacidad.
Costa Rica tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo en el que diversidad cultural y accesibilidad sean entendidas como partes de una misma política de derechos humanos.
La diversidad no puede quedarse en el discurso
Celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas debe servir para recordar que la diversidad cultural no es únicamente una característica que Costa Rica puede mostrar al mundo.
Es también una responsabilidad.
No basta con reconocer que existen ocho pueblos originarios. Es necesario garantizar que sus integrantes puedan vivir dignamente, ejercer sus derechos, conservar sus culturas, participar en las decisiones públicas y desarrollar sus proyectos de vida sin discriminación.
Y dentro de ese compromiso deben estar presentes las personas indígenas con discapacidad, cuya realidad demuestra que la exclusión puede tener múltiples dimensiones.
La Costa Rica diversa necesita escuchar todas sus voces.
La protección de los pueblos originarios, la defensa de sus territorios, el respeto de su autonomía, la lucha contra la discriminación y la construcción de una sociedad accesible no son asuntos separados. Forman parte de un mismo desafío: construir un país donde ninguna persona sea excluida por su cultura, su origen, su idioma, su discapacidad o su condición social.
La verdadera diversidad costarricense se alcanzará cuando cada una de esas piezas tenga un lugar y pueda participar plenamente en la construcción del país.
Porque una Costa Rica que reconoce su diversidad, pero no garantiza igualdad de oportunidades para todos sus habitantes, todavía tiene una tarea pendiente.
