Propuesta para que la CCSS pague atención privada abre debate sobre un modelo que Nicaragua utiliza mediante el INSS
Costa Rica, 10 de agosto de 2026.— Una iniciativa legislativa pretende cambiar la forma en que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta las listas de espera y permitir que pacientes asegurados sean atendidos en centros médicos privados cuando la institución pública no pueda brindarles oportunamente una consulta especializada o una intervención quirúrgica.
El proyecto, presentado por la diputada oficialista y expresidenta de la CCSS, Marta Esquivel, se tramita bajo el expediente 25.700 y propone incorporar un artículo 4 bis a la Ley Constitutiva de la Caja.
La iniciativa establece que, si una persona asegurada permanece más de seis meses esperando una consulta especializada o una cirugía, podría ser atendida en un centro médico privado con cargo a la CCSS, siempre que la demora no obedezca a razones médicas.
Los centros privados deberán estar debidamente inscritos y autorizados por el Ministerio de Salud. Además, el proyecto plantea que el costo del servicio privado sea, como mínimo, 25% inferior al costo que la CCSS habría asumido por brindar esa misma atención.
Nicaragua ya utiliza un esquema de proveedores privados
La discusión costarricense tiene un antecedente en Nicaragua, aunque el mecanismo no es exactamente igual al planteado para Costa Rica.
En el sistema nicaragüense de seguridad social, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) puede trabajar con instituciones proveedoras de servicios de salud públicas, mixtas o privadas.
La legislación nicaragüense reconoce a los asegurados del sistema integral el derecho de adscribirse a una institución proveedora de servicios de salud y recibir allí las prestaciones correspondientes. La selección se realiza mediante un esquema regulado por el INSS.
El propio INSS define a las Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud (IPSS) como entidades públicas o privadas contratadas por el Instituto para brindar servicios médicos determinados mediante un contrato. Entre las prestaciones se incluyen consultas generales y especializadas, hospitalización, exámenes diagnósticos y medicamentos.
Esto significa que, en Nicaragua, el sector privado no necesariamente funciona como una solución excepcional cuando el sistema público se queda sin capacidad. Forma parte de la red de proveedores mediante contratos con la seguridad social.
Incluso el Ministerio de Salud nicaragüense cuenta con Clínicas Médicas Previsionales que prestan servicios a asegurados, jubilados y beneficiarios del INSS mediante convenios establecidos con ese instituto.
¿Cuál es la diferencia con Costa Rica?
La principal diferencia está en el diseño de ambos mecanismos.
En Nicaragua, el INSS mantiene un esquema de contratación previa de proveedores, por lo que el asegurado puede recibir las prestaciones dentro de una red de instituciones que participan del sistema de seguridad social.
En Costa Rica, el proyecto de Esquivel plantea otra lógica: permitir que la CCSS derive al paciente hacia un centro privado cuando exista una espera superior a seis meses bajo las condiciones establecidas en la propuesta.
Por eso, la iniciativa costarricense podría significar un cambio importante en la relación entre la seguridad social y los prestadores privados.
No se trataría simplemente de que el paciente decida pagar por su cuenta una consulta o una cirugía privada y posteriormente solicite el dinero a la Caja. La propuesta pretende establecer un mecanismo institucional para autorizar y pagar determinados servicios privados.
El Estado seguiría pagando
El elemento central del proyecto es que el paciente no tendría que asumir directamente el costo de la atención privada cuando se cumplan los requisitos establecidos.
La responsabilidad económica recaería sobre la CCSS, mientras que el centro privado recibiría el pago correspondiente conforme a las reglas que eventualmente se establezcan.
En Nicaragua ocurre algo similar dentro de su modelo de IPSS: el INSS contrata a las instituciones proveedoras y reconoce las atenciones que estas brindan a los asegurados de acuerdo con las prestaciones y condiciones establecidas.
La normativa nicaragüense también contempla que las instituciones privadas que prestan servicios de salud deben estar autorizadas o inscritas ante el Ministerio de Salud y cumplir las regulaciones sanitarias correspondientes.
El punto que Costa Rica todavía debe resolver
Uno de los principales interrogantes del proyecto costarricense es cuánto le costaría a la CCSS implementar el sistema.
La iniciativa no presenta una estimación completa del impacto financiero de trasladar pacientes al sector privado.
Sí establece que, si la reforma es aprobada, la Caja tendría un plazo máximo de seis meses para desarrollar un sistema de costeo que permita determinar cuánto cuesta realmente cada procedimiento dentro de la institución.
Ese cálculo sería fundamental para establecer cuánto podría pagar la CCSS a los centros privados y verificar que se cumpla la condición de que el servicio externo sea al menos 25% más barato que el costo institucional.
¿Podría funcionar en Costa Rica?
El modelo nicaragüense demuestra que es posible integrar proveedores privados dentro de un sistema de seguridad social mediante contratos y reglas previamente establecidas.
Sin embargo, trasladar ese concepto a Costa Rica implicaría resolver varias preguntas: cuántos pacientes podrían ser derivados, qué especialidades entrarían en el programa, cómo se seleccionarían los hospitales y clínicas privadas, cómo se garantizaría la calidad, quién autorizaría cada traslado y cuál sería el presupuesto disponible.
También habría que determinar si la contratación de servicios privados ayudaría realmente a reducir las listas de espera o si simplemente trasladaría una parte importante del gasto de la infraestructura pública hacia proveedores externos.
El proyecto deberá ser asignado a una comisión legislativa, donde será sometido al análisis de los diputados antes de avanzar en el trámite legislativo.
La discusión, por tanto, no solamente será sobre si un paciente debe esperar seis meses para recibir una atención médica. También pondrá sobre la mesa qué papel debe tener el sector privado dentro de la seguridad social costarricense y hasta dónde debe llegar la CCSS cuando su propia capacidad instalada no sea suficiente para atender la demanda.
