George Rodriguez
El gobierno del presidente costarricense, Carlos Alvarado, lamenta la agudización de la violenta crisis política que convulsiona, hace más de un mes, a Nicaragua, considera imprescindible que se retome el diálogo entre gobierno y oposición para buscar una salida a esa situación, y observa el desarrollo de los acontecimientos ante eventuales presiones migratorias desde ese país limítrofe con Costa Rica, dijo hoy la primera vicepresidenta y canciller costarricense, Epsy Campbell.
Asimismo, la administración de Alvarado insta al gobierno nicaragüense a suspender cualquier acción violenta contra la población civil, indicó la cancillería costarricense, en un comunicado.
“El gobierno de Costa Rica, lamenta, profundamente, el agravamiento de la situación en Nicaragua, la escalada de violencia y el fallecimiento de civiles, la mayoría de ellos, estudiantes”, señaló Campbell, en una declaración grabada que la cancillería difundió junto con el comunicado.
“Consideramos que la gravedad de la situación obliga, al gobierno nicaragüense, a cumplir las medidas propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH), agregó la funcionaria, en alusión a las quince recomendaciones formuladas la semana pasada por una misión enviada por la CIDH, a Nicaragua, para monitorear, en el terreno, la situación de las garantías fundamentales en esa nación centroamericana.
Además, “nos parece que es imprescindible que se retome el diálogo, y que se busque una salida al problema político, que ha tomado dimensiones inesperadas, en el hermano país de Nicaragua”, y “que es muy importante valorar la posibilidad de (…) buscar una solución en organismos regionales”, agregó.
Asimismo, Costa Rica “está observando, permanentemente, la situación de Nicaragua, y tomará las medidas que considere pertinente en el caso de que existan presiones migratorias que impliquen una respuesta de nuestro país”, indicó.
En el comunicado de su cancillería, el gobierno señaló, además, que “Costa Rica insta al gobierno de Nicaragua a suspender toda acción violenta contra la población civil, los estudiantes y la prensa”.
El ministerio aludió así a los choques registrados, desde hace más de un mes, en el marco de manifestaciones antigubernamentales, entre opositores y fuerzas policiales antimotines así como simpatizantes del gobierno nicaragüense encabezado por el president Daniel Ortega.
“Nuestro país apoya la promoción del diálogo, el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional y sus instituciones, para la solución pacífica de conflictos y la promoción de la paz social, y espera que el Gobierno de Nicaragua honre sus compromisos internacionales, en particular los relativos a la tutela y respeto de los derechos humanos, la paz, la democracia, el desarrollo y la libertad”, agregó.
Las declaraciones de Campbell y el comunicado de la cancillería costarricense fueron conocidos luego de que, tras un impase registrado la semana pasada, las partes retomaron ayer, parcialmente, el Diálogo Nacional, mediado y atestiguado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que apunta a hallar solución a la violenta crisis política.
El 23 de mayo, la cuarta jornada de conversaciones –la tercera sesión de trabajo, después de la inaugural- marcó el alto, en un ambiente crispado por la persistente confrontación entre los representantes opositores –constituidos en el bloque denominado Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia- y los gubernamentales –incluidos dirigentes gremiales oficialistas-.
El punto que trabó las deliberaciones estuvo en las hasta ahora irreconciliables posiciones clave: el planteamiento de la delegación del gobierno de que los “tranques” (bloqueos carreteros) opositores sean levantados, y la exigencia del bloque opositor de que Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, renuncien a sus cargos.
Dos días antes, la misión de la CIDH dio a conocer, en conferencia de prensa en Managua, la capital nicaragüense, su informe preliminar, documento que, caracterizado por fuertes críticas al gobierno, incluyó quince “recomendaciones iniciales” al Estado nicaragüense, las que, por voto mayoritario, algunas horas después, el diálogo acogió.
El grupo de trabajo de la CIDH, que laboró del 17 al 21 de este mes en Managua y otros lugares, recomendó, entre los primeros puntos, “cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”, además de “respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población”.
Asimismo, “crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”.
También, “garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes”.
Igualmente, “ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas”.
Adicionalmente, “adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas”, además de “respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas”.
La misión recomendó, también, “desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”.
En la última de las quince recomendaciones planteó, al Estado, “comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas”.
Por la tarde, después de que integrantes de la misión de la CIDH presenciaron una parte de las deliberaciones desarrolladas el 21 de mayo, la mediación en el diálogo –ejercida por cinco de los 11 integrantes de la CEN- presentó una moción de aceptación del informe que, centrada en el punto 15, fue aprobada por la por mayoría de los participantes.
“El Diálogo Nacional hace suyas las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH, y solicita que, de acuerdo a la recomendación número 15, el gobierno de la República se comprometa a establecer, en la Mesa del Diálogo Nacional, mecanismos de seguimiento, junto a la CIDH, para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita y del informe de la misma, y programar, junto a la CIDH, un calendario concreto de nuevas visitas, de tal manera que se forme una Comisión de Seguimiento, nacida del diálogo”, plantearon los obispos.
Pero, 48 horas después, la inflexibilidad de las posiciones opositora y gubernamental determinó que los mediadores suspendiesen el diálogo, exactamente una semana después de instalado, para que la partes logren algún tipo de consenso que permita avanzar en las conversaciones.
“No obstante sugerimos la conformación de una comisión mixta de seis personas, tres por cada parte, con el objetivo de que logren un consenso para superar este impase”, ya que “hemos constatado efectivamente que hay una identidad común que nos une a todos, como la búsqueda de la paz y del amor a Nicaragua”, agregaron, para señalar que, “cuando hayan logrado este consenso, les rogamos nos lo comuniquen para poder reiniciar el diálogo y nuestro servicio de mediación.
“Nos sentimos urgidos de recordarles que de esta decisión y de la posibilidad de continuar este diálogo, depende en gran parte la paz en nuestra patria y la vida de muchos
Nicaragüenses”, advirtieron puntualmente, en el texto leído por Álvarez.
La comisión se reunió el 28 de mayo, encuentro durante el cual se acordó retornar el diálogo, en fecha a determinar por la mediación.
