En medio del avance acelerado de la digitalización en Costa Rica, las organizaciones de personas con discapacidad lanzan una advertencia: los instrumentos clave que guían el desarrollo tecnológico del país deben ser construidos con participación efectiva.
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el Código Nacional de Tecnologías Digitales, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) y los lineamientos de la Agencia Nacional de Gobierno Digital son documentos fundamentales que, si bien mencionan la inclusión, han carecido de consultas vinculantes con este sector.
1. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial: ¿inteligencia para quién?
La Estrategia busca promover el uso ético, seguro y socialmente útil de la inteligencia artificial (IA) en áreas como salud, educación, justicia y transporte. Este documento, impulsado por el MICITT, reconoce el impacto transformador de la IA.
Sin embargo, no se evidencia un proceso participativo con las organizaciones de personas con discapacidad, pese a que estas tecnologías pueden ser aliadas poderosas: asistentes de voz, traductores automáticos en lengua de señas, o sistemas que faciliten la movilidad urbana. Sin participación directa, el riesgo es que estas soluciones repliquen sesgos o resulten inaccesibles desde su diseño.
2. Código Nacional de Tecnologías Digitales: normas claras, cumplimiento dudoso
Publicado en 2024, el Código Nacional de Tecnologías Digitales establece que todo sistema digital del sector público debe cumplir con estándares de accesibilidad, usabilidad e interoperabilidad. El artículo 9 es categórico: se exige accesibilidad para personas con discapacidad.
A pesar de ello, en la práctica muchos sitios web gubernamentales aún no cumplen con los estándares internacionales de accesibilidad (como las pautas WCAG 2.1). La norma existe, pero sin mecanismos de seguimiento técnico y sin involucrar activamente a las personas usuarias con discapacidad, el cumplimiento se vuelve relativo.
3. PNDT 2022–2027: un ejemplo a seguir, con margen de mejora
El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, también liderado por el MICITT, sí incluyó una consulta sectorial en su fase de formulación. Se celebró un foro específico con participación de organizaciones de personas con discapacidad.
Esto permitió incorporar metas sobre conectividad inclusiva, acceso a dispositivos y plataformas adaptadas. No obstante, el seguimiento posterior no ha sido transparente y muchas comunidades siguen denunciando falta de acceso a internet, servicios de atención digital inaccesibles y limitaciones para obtener beneficios del ecosistema digital.
4. Gobierno Digital: ¿puertas abiertas para todos?
La Agencia Nacional de Gobierno Digital coordina la transformación digital del Estado. Esto incluye identidad digital, trámites en línea y digitalización de servicios públicos. Aunque sus lineamientos hacen referencia a principios de inclusión, no existe un proceso formalizado de consulta o representación permanente de personas con discapacidad.
La accesibilidad digital debe ser integral: portales web con lectores de pantalla, opciones de contraste, compatibilidad con dispositivos adaptados y formatos alternativos como lengua de señas o lectura fácil. De lo contrario, el riesgo es que el gobierno digital reproduzca nuevas formas de exclusión.
Participación no es opcional: es un derecho
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Costa Rica, obliga a los Estados a garantizar la participación activa de estas poblaciones en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. También lo establece la Ley 7600 y la reciente Directriz Presidencial 036-MTSS-MICITT sobre Accesibilidad Digital.
Organizaciones como la Comisión de Accesibilidad de la Confederación Unitaria de Trabajadores y la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible sin Fronteras han reiterado que no es suficiente con mencionar la inclusión en el papel: debe vivirse en la práctica.
El llamado: consulta real, diseño inclusivo
Costa Rica tiene una oportunidad histórica: construir un ecosistema digital moderno, pero también justo y accesible. Para lograrlo, debe activar mecanismos de consulta permanente con las todas las organizaciones de personas con discapacidad debidamente inscritas y con el Foro Nacional Consultivo de las personas con discapacidad.
Como bien lo sintetizan desde la sociedad civil: “Si la transformación digital no nos incluye, simplemente no es transformación, es sustitución de barreras físicas por barreras digitales.”
