Una funcionaria judicial presentó una demanda contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, tras denunciar que un médico habría accedido de forma indebida a su expediente digital de salud y que posteriormente esa información fue utilizada por terceros para amenazarla.
El caso gira en torno al sistema Expediente Digital Único en Salud (EDUS), la plataforma electrónica donde se almacenan los datos médicos de las personas aseguradas en Costa Rica.
Acceso al expediente
De acuerdo con la demanda judicial, el 16 de octubre de 2024 a las 9:06 a. m., un médico de apellido Rojas, funcionario del Hospital Carlos Luis Valverde Vega, habría ingresado al expediente digital de la funcionaria.
Según el documento, el profesional no tenía relación médico-paciente con la mujer ni autorización para revisar su información clínica. La justificación registrada en el sistema fue “buscar persona”.
La acción judicial sostiene que, tras acceder a los datos personales contenidos en el EDUS, el médico habría facilitado información a una mujer de apellido Palma, vecina de San Ramón.
Mensajes y amenazas
Ese mismo día, a la 1:46 p. m., la mujer contactó a la funcionaria judicial mediante WhatsApp, asegurando que mantenía una relación sentimental con su esposo. La afectada respondió que se trataba de un error.
Posteriormente, los mensajes escalaron a un tono más intimidante. Palma aseguró conocer la dirección exacta de la funcionaria, su lugar de trabajo y le advirtió que “en cualquier momento” llegaría a buscarla.
Tras estos hechos, la funcionaria se comunicó con el esposo de Palma, quien además es su compañero de trabajo. Según el relato incluido en la demanda, él explicó que había tenido una discusión con su esposa y que ella habría obtenido información desde su teléfono.
Investigación solicitada
Ante la situación, el 21 de octubre de 2024 la funcionaria solicitó al área de salud correspondiente investigar posibles accesos indebidos a su expediente médico.
El 3 de diciembre recibió una respuesta institucional indicando que el médico había ingresado dos veces al sistema el mismo día de los hechos denunciados.
La demanda argumenta que la información contenida en el EDUS es confidencial y que su acceso está restringido únicamente a personal autorizado cuando existe una relación directa con la atención médica.
Según la funcionaria, la presunta filtración de datos vulneró su privacidad y puso en riesgo su seguridad y la de su familia, al exponerse información como su identidad, dirección y lugar de trabajo.
Reclamo por daño moral
La afectada asegura que la situación le provocó fuertes afectaciones emocionales, entre ellas rabia, impotencia, frustración, temor y depresión.
Por ese motivo, solicitó al tribunal declarar la responsabilidad de la CCSS por el acceso indebido a su expediente y condenar a la institución al pago de una indemnización por daño moral estimada en ₡100 millones.
Entre las pruebas aportadas se incluyen registros de la bitácora del sistema EDUS, la denuncia presentada contra el médico y conversaciones de WhatsApp que, según la demandante, evidencian las amenazas recibidas.
Posición de la CCSS
En la contestación de la demanda, la CCSS rechazó las acusaciones y negó que se haya producido un acceso indebido al expediente clínico de la funcionaria.
Según el apoderado judicial de la institución, Roberto Sibaja, los registros del sistema no muestran un ingreso al expediente médico, sino únicamente accesos a “funcionalidades” del sistema.
La institución indicó además que los registros muestran dos accesos de entre 9 y 11 segundos, un tiempo que —según su argumento— sería insuficiente para revisar o extraer información médica.
La Caja también señaló que el médico se encontraba asignado ese día a labores de revisión de expedientes y que una investigación preliminar realizada en el hospital concluyó que no era posible demostrar la sustracción de información.
Asimismo, la institución indicó que algunos datos mencionados por la demandante, como nombre, número de cédula o parte del domicilio, pueden obtenerse en bases públicas como las disponibles en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones.
Con base en estos argumentos, la CCSS solicitó al tribunal rechazar la demanda presentada en su contra.
El proceso judicial continúa en análisis en el Tribunal Contencioso Administrativo y será esa instancia la que determine si existió o no una violación a la confidencialidad de los datos médicos contenidos en el sistema EDUS.
