La sorpresiva deportación, de Costa Rica a Nicaragua, de un opositor al régimen encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, constituye un acto ilegal, denunció Álvaro Leiva, abogado especializado en derechos humanos.
El nicaragüense Welmer Ruiz, quien se hallaba, desde julio, detenido en un centro de reclusión de la Dirección General de Migración Extranjería (Dgme), fue indebidamente entregado, el 11 de noviembre, a autoridades policiales de su país de origen, aseguró Leiva, abogado del deportado, y secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh).
El componente de ilegalidad deriva de que la medida fue ejecutada arbitrariamente, ya que, entre otros trámites legales que estaban en desarrollo, Ruiz había iniciado el proceso de refugio, en Costa Rica, debido a que era perseguido políticamente por la dictadura ortegamurillista, precisó el jurista y defensor nicaragüense.
Además, la deportación se ejecutó en un indebido contexto de secretividad, sin dar previo aviso a la representación legal ni a la esposa, agregó.
La acción se llevó a cabo en violación, entre otros instrumentos de orden legal -incluidos tratados internacionales-, de una disposición constitucional costarricense, que prohíbe, específicamente, ese tipo de medida, subrayó Leiva, en conferencia de prensa realizada en la sede de la Anpdh en San José, la capital costarricense.
La asociación trabaja, desde 2018, en el exilio, en Costa Rica, la nación centroamericana en la cual Leiva es, también desde entonces, asilado político.
El abogado y activista, subrayó, reiteradamente, que lo actuado, en este caso, por personal de la Dgme -incluida la Policía Profesional de Migración-, es contrario a la histórica tradición de Costa Rica, país caracterizado por la vigencia y la defensa de los derechos humanos y la democracia.
Lo actuado por funcionarios de la dirección, amerita una investigación, la que será promovida por la Anpdh, anunció Leiva.
En su intervención durante la conferencia de prensa, y en coincidencia con lo expresado por del jurista, la nicaragüense Leonor Loáisiga, esposa de Ruiz, aseguró, que la entrega de su marido, a personal policial nicaragüense, puso en riesgo la vida del deportado.
Lo denunciado por Leiva y Loáisiga refutó la versión oficial, emitida por la Dgme -específicamente por el director de la policía de migración, Stephen Madden-, quien, en un breve video, difundido algunas horas después de la cuestionada deportación, aseguró que la expulsión de Ruiz se cumplió con apego a la legislación vigente, y afirmó que el nicaragüense cometió actos delictivos en ambos países.
“Damos a conocer nuestras consideraciones, a la opinión pública, a los medios de comunicación nacional e internacional (…) que la deportación del ciudadano nicaragüense Walner Antonio Ruiz Rivera, nosotros la consideramos que se ha efectuado de forma ilegal, de forma arbitraria”, expresó Leiva, en el diálogo con periodistas.
La ilegalidad de la acción se origina en el hecho de que “se llevó a cabo aun habiendo existido, pendientes de resolver, causas administrativas y judiciales, como es un recurso de amparo, ante la excelentísima Sala Constitucional de la República de Costa Rica”, precisó.
Leiva denunció, asimismo, que similar procedimiento fue aplicado, en diferentes momentos, a otros seis nicaragüenses solicitantes de refugio.
“El caso del ciudadano Ruiz Rivera, suma a otros casos que hemos tenido denuncias en estas oficinas, a través de la (refugiada) defensora (nicaragüense) de derechos humanos Noemí Pavón -quien, también, ha radicado gestiones de arbitrariedad, por parte de funcionarios que enlutan, a Costa Rica, con sus actuaciones en el ejercicio de su función pública”, planteó.
“Nosotros, lamentamos estos hechos, y delimitamos, también, responsabilidad para aquellos malos funcionarios del Estado costarricense que, utilizando la función pública -y su poder-, han cometido actos fuera del marco de lo que establece la Constitución Política de Costa Rica, y otras leyes”, expresó.
El profesional hizo, así, referencia al artículo 31 del texto constitucional, que determina, puntualmente: “El territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones políticas”.
“Si por imperativo legal se decretare su expulsión, nunca podrá enviársele, al país donde fuere perseguido”, según la misma norma, contenida en el Título IV, el que se refiere a “Derechos y garantías Individuales”.
También indica que “la extradición será regulada por la ley o por los tratados internacionales y nunca procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación costarricense”.
Al respecto, Leiva reafirmó que “no es posible que se haya efectuado esta deportación, contra un ciudadano que tenía vigente su proceso de refugio, que tenía vigente de resolver un proceso judicial, y vigente de resolverse un proceso administrativo”.
“Esto, verdaderamente, enluta, daña la imagen del esfuerzo que ha venido haciendo el Estado costarricense, el pueblo, de solidaridad frente a la crisis sociopolítica y humanitaria que enfrenta Nicaragua”, reflexionó, a continuación.
Asimismo, anunció que la asociación, en su calidad de institución defensora, protectora, y promotora de las garantías fundamentales, se apresta a llevar adelante, sobre la base de sólida y profusa documentación, las acciones legales que corresponda.
“Teniendo debidamente documentado todas nuestras actuaciones como organismo de derechos humanos, vamos a abrir, desde este momento, un proceso”, señaló.
“Y vamos a requerir, a las autoridades competentes (…) que se castigue a aquellos funcionarios que, en el ejercicio de su función, han cometido esta atrocidad en contra de la buena imagen de Costa Rica, en contra de los derechos humanos, y en contra del pueblo nicaragüense”, explicó, de inmediato.
Ello, “siempre, confiando en el Estado de Derecho, confiando en las buenas actuaciones y en la imagen que tiene Costa Rica, de respeto a los derechos humanos”, a nivel mundial, puntualizó.
Leiva cuestionó, asimismo, la versión oficial de la deportación, proporcionada, la mañana del 11 de noviembre, por Madden, en el video.
En la declaración, de 57 segundos de duración, el jerarca policial migratorio afirmó que, “en horas de la mañana, la Policía Profesional de Migración, realizó la deportación de un extranjero de nacionalidad nicaragüense, de apellidos Ruiz Rivera, el cual había sido detenido por parte de la Policía Profesional de Migración, en el mes de julio de este año, por encontrarse en una condición migratoria irregular”.
“Esa persona, ya había sido deportada, en el año 20212, y cuenta con un historial policial dentro del que se encuentran los delitos de hurto, robo, y lesiones, en Nicaragua, asimismo, en nuestro país, el delito de robo agravado, esto se remonta a los años 2004, 2006, 2011, 2017, 2018”, agregó Madden.
“La persona deportada, ya había agotado la vía administrativa migratoria, y había presentado recursos de amparo y habeas corpus, ante la Sala Constitucional, los cuales habían sido declarados sin lugar”, indicó, además, el jerarca de la policía especializada.
En ese sentido, Leiva informó que “nosotros (…) le expresamos, a las autoridades administrativas -en este caso, a la Dirección General de Migración y Extranjería- que ha faltado a la verdad, en sus declaraciones que hiciese en la persona del jefe policial”, y “que delimitábamos la responsabilidad”.
La Anpdh trató de evitar, “desde un inicio (…) que sucediera esta tragedia en contra de este ciudadano que había pedido protección humanitaria, por ser un ciudadano que estaba dentro del contexto de la crisis de violación a los derechos humanos de Nicaragua”, aclaró.
El abogado hizo, así, referencia a la violenta crisis sociopolítica y humanitaria estallada, en abril de 2018, en el país centroamericano.
“Se hizo caso omiso, y tenemos suficientemente documentados todos los procedimientos, para ponerlo la orden de las autoridades competentes, pidiendo justicia y castigo para aquellos funcionarios que han cometido tal atrocidad, en contra de la buena imagen de Costa Rica”, reafirmó.
Por su parte, Loáisiga expresó que “estoy decepcionada, estoy muy triste, por lo que está pasando con las autoridades de aquí, de Costa Rica”.
“Todo esto, no nos cabe en la cabeza, porque Walner tenía procedimientos administrativos abiertos, y, también, tenía un refugio”, lo cual, en el artículo 31 constitucional, “sale que lo protege, y ningún perseguido político puede ser entregado al país de origen”, precisó.
“Hago un llamado, a todas las autoridades, a que nos escuchen, porque eso no me parece justo”, planteó.
“Yo quiero justicia, quiero justicia porque no es el primer caso”, indicó, en coincidencia con lo denunciado por Leiva, y, en ese sentido, agregó que “tenemos conocimiento, y pruebas, que, al parecer, no es el primer caso”.
Loáisiga expresó, a continuación, que, “con el caso de Walner, hago un llamado a la conciencia, a los procesos de Migración”, y preguntó: “por qué hicieron eso, con él, sabiendo de que su vida corre peligro, en Nicaragua?”.
“Hago un llamado, a las autoridades de Costa Rica, que nos den una explicación, por todos los recursos que estaban abiertos”, agregó.
Mediante la secretividad que rodeó a la acción de deportación, “violaron el derecho que Walner me llamar, a mí, que llamara a su abogado (…) violaron el derecho de la vida”, subrayó la esposa.
“Es imperativo que, sabiendo de todo lo que está pasando en Nicaragua, sabiendo las sanciones que hay con Daniel Ortega, Rosario Murillo, y todos sus secuaces, hayan entregado, a Walner, en bandeja de plata”, al régimen nicaragüense, denunció, con particular énfasis.
“No me parece justo que, a él, lo hayan deportado, a escondidas”, reflexionó.
Loáisiga relató, brevemente, que, el 11 de noviembre, “recibí una llamada, a las 9 y 15 de la mañana, de un compañero de celda de Walner, de origen colombiano, y me dice: ‘(…) a su marido lo deportaron’”.
“Tampoco me parece justo que no hayan notificado, en tiempo y forma, al doctor Álvaro Leiva, que ha actuado de forma transparente, con este caso, y le ha dado seguimiento, personalmente (…) ha trabajado día y noche, con el caso de Walner”, aseguró.
Al subrayar que su esposo “es un ser humano”, Loáisiga advirtió que, “hoy, podemos ser nosotros, y, mañana, puede ser cualquier refugiado que esté aquí (…) cualquier refugiado le puede pasar lo mismo”.
También expresó que, al haberse deportado a Ruiz, a Nicaragua, “es un montón de derechos humanos violados, empezando por una simple notificación, de tiempo y forma, que se la negaron, también”.
“Y, ahora, la vida de Walner, está en riesgo”, advirtió, para agregar que “hago un llamado a la conciencia (de las autoridades)”.
Fortalecido por el ilegítimo triunfo en la farsa electoral llevada a cabo el 7 de noviembre, en Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo está intensificando la represión antiopositora, con el preocupante componente de acciones fuera del territorio nacional.
Esto presenta un riesgo, y una amenaza, en materia de seguridad, en lo inmediato, a los países del istmo centroamericano -particularmente, la limítrofe Costa Rica.
Además, recuerda al modus operandi de las dictaduras militares fascistas que, durante las décadas de 1960 a 1990, y con apoyo estadounidense, gobernaron a la mayoría de los países sudamericanos, y que actuaron, impunemente, fuera de fronteras, en el contexto del criminal Plan Cóndor.
Ese plan permitía a los regímenes a perseguir y capturar/torturar a opositores de cualquiera de esas naciones, torturarlos y regresarlos a sus respectivos países de origen, o asesinarlos.
En ese contexto, fueron cazadas, secuestradas/torturadas, y ejecutadas extrajudicialmente, centenares de personas, además de que fueron asesinados, por ejemplo, el general chileno Carlos Prats, en 1974, y el general boliviano Juan José Torres, en 1976, ambos en Buenos Aires, y el ex ministro de Defensa y ex canciller chileno Orlando Letelier, en 1976, en Washington.
Prats y Letelier, murieron en acciones del criminal régimen (1973-1990) encabezado por el general Augusto Pinochet, mientras que Torres fue eliminado en el marco de la dictadura (1971-1978) del general Hugo Banzer -quien lo había derrocado-.
Por encima del tema ideológico, dictadura es dictadura -todas, sin excepción, tienen fecha de caducidad-.
