A plena luz del día, Donald Trump se oculta en la sombra de su conspiración golpista para instalar su dictadura.
Actúa a la vista del mundo, desmantelando la estructura estatal, desmontando la institucionalidad, minando la Constitución, aunque planteando que está fortaleciendo las instituciones, compartiendo la corrupción, erradicando la ineficiencia burocrática.
El objetivo real -el inconfesable- consiste en debilitar las instituciones que el trumpismo considera peligrosas -por ejemplo, el sistema judicial-, desmantelar la denunciada corrupción tradicional -para sustituirla con la trumpista/magaista-, reducir la burocracia estatal -llevándola a niveles de fácil manipulación-.
Engañosamente, el autócrata se escuda con la situación de permanente/ascendente caos que ha instaurado, como eficaz distractor que mueve la atención -lo mismo nacional que mundial- hacia lo mediático, lo anecdótico, los discursivo -que no es menos importante que lo central-.
Su cómplice mayor es Elon Musk, el turbio billonario sudafricano -naturalizado canadiense y estadounidense- ilegítimamente instalado, en la cúpula del poder político estadounidense, como el capataz del régimen.
La incertidumbre instalada el 20 de enero -la fecha en que inició la segunda vuelta de la nefasta autocracia trumpiana (2017-2021, 2025-2029)-, es incesante -y se agudiza-, además de que no se trata de un desorden al azar sino de una anarquía estructurada para desviar la curiosidad -la local y la universal-, y mantenerla manipuladoramente centrada en “las excentricidades” del tirano.
Entre una variedad de componentes -algunos de ellos contradictorios-, el caos incluye despidos masivos en el aparato estatal, recontratación de numerosos afectados; anuncio de aranceles punitivos contra los principales socios comerciales, amenaza de elevar esas tarifas, postergación de las fechas de aplicación; aseveraciones imperialistas respecto a anexiones territoriales, con mención -lo miso implícita que explícita- de recurrir a la fuerza militar.
Ello, además de adicionales puntos focales prioritarios, lo que incluye la brutal/xenofóbica/racista cacería antimigrante, la creciente represión contra medios de comunicación, el desacato a órdenes del Poder Judicial.
Todo, apoyado sobre flagrantes tergiversaciones de la realidad, formuladas a la medida de cada coyuntura.
Eso implica incurrir en fenomenales discordancias, tales como afirmar que el régimen no tiene espacio para personal designado “a dedo” -no obstante la irregular presencia de
Musk-, o decir que se restableció la libertad de expresión -mientras la cobertura periodística, en la Casa Blanca, se restringe contra los medios de comunicación no alineados a la dictatorial verticalidad del trumpismo-.
Por otra parte, el desdibujamiento de la independencia de los Poderes del Estado, es uno de los rasgos típicos de la autocracia que impera, hace algo más de dos meses, en Estados Unidos -disfrazada de gobierno democrático-.
Uno de los más recientes ejemplos -al momento de redactar esta nota- es la negativa del régimen a acatar una orden judicial para que el gobierno suspendiera vuelos de deportación de migrantes capturados.
Los adláteres de Trump cuestionaron la validez de una orden verbal -seguida por una orden escrita- que el juez de distrito James Boasberg emitió, el 15 de marzo, en el sentido de que aviones de transporte de migrantes deportados a otros países, no emprendieran vuelo, y que aquellos que estaban en el aire, regresaran.
Argumentando que únicamente la orden escrita tenía validez, y que había sido, de todos modos, emitida tardíamente -porque al menos dos aviones habían despegado y se dirigían a El Salvador-, el gobierno se negó a regresar esas aeronaves a su punto de partida -un lugar no determinado, en el sureño estado de Texas-.
El autócrata originó esta confrontación, cuando anunció, el 14 de marzo, la decisión de invocar la Ley de Enemigos Foráneos (Alien Enemies Act) -que data de 1798, o sea: más de dos siglos-, para deportar a aproximadamente doscientos inmigrantes venezolanos -según el régimen trompista, pertenecientes a la violenta estructura de crimen organizado transnacional denominada Tren de Aragua (TdA) -.
El texto en cuestión es una de las cuatro Leyes de Foráneos y Sedición (Alien and Sedition Acts) aprobadas, por el Congreso, en 1798.
En términos generales, dichas herramientas jurídicas -Ley de Naturalización (Naturalization Act), Ley de Amigos Foráneos (Alien Friends Act), Ley de Sedición (Sedition Act), y la invocada por Trump-, fueron concebidas para imponer restricciones en materia migratoria y de libertad de expresión.
De las cuatro, la única que no perdió vigencia es la de enemigos, ya que es parte del Código de Leyes de Estados Unidos de América (Code of Law of the United States of America)
-más conocido como el Código de Estadios Unidos (United States Code)-.
Oficialmente titulada “Una Ley Respecto a Enemigos Foráneos” (“An Act Respecting Alien Enemies”), y consistente en cuatro secciones (artículos), esta pieza de legislación fue concebida para ser aplicada cuando el país estuviese involucrado en guerras.
- Antes de ser invocada por Trump, fue utilizada en apenas tres momentos -respectivamente, por los presidentes James Madison (1809-1813E, 1813-1817), durante la guerra estadounidense-británica de 1812-1815; Woodrow Wilson (1913-1917, 1917-1921), en el marco de la Primera Guerra Mundial -también conocida como la Gran Guerra- (1914-1918); Franklin Roosevelt (1933-1937, 1937-1941, 1941-1945, 4 de marzo a 12 de abril de 1945), en la Segunda Guerra Mundial (1936-1945).
Según la primera sección, “cuando haya una guerra declarada entre Estados Unidos y cualquier nación o gobierno extranjeros, o cualquier invasión o incursión predatoria sea perpetrada, intentada, o amenazada contra el territorio de Estados Unidos por cualquier nación o gobierno extranjeros, y el presidente hace proclamación pública del hecho, todos los nativos, ciudadanos, habitantes, o súbditos de la nación o el gobierno hostil, en la edad de catorce años y más, quienes estén dentro de Estados Unidos y sin ser naturalizados, serán pasibles de ser aprehendidos, restringidos, retenidos, y removidos como enemigos foráneos”.
No obstante el hecho de que el país no se encuentra en estado de guerra, Trump invocó la Ley de Enemigos Foráneos, lo que formalizó mediante la proclamación que, al respecto, firmó el 20 de marzo -exactamente dos meses después de reinstalado en la Casa Blanca-.
Justificó la acción, esgrimiendo la excusa la denunciada presencia, en territorio estadounidense, de integrantes del TdA.
El tren es una megabanda originada en el Centro Penitenciario de Aragua -también conocido como la Cárcel de Tocorón- ubicada la comunidad de Tocorón, en el sector sur del caribeño estado venezolano de Aragua.
De acuerdo con versiones periodísticas y registros históricos, la denominación de la estructura tiene origen en las actividades delictivas que un grupo de sindicalistas corruptos llevaba a cabo, hace más de una década, en el marco de la construcción de un tramo del ferrocarril que cruza Aragua.
Los dirigentes -quienes, entre otras actividades delincuenciales, vendían puestos de trabajo en la obra ferroviaria- pasaron a ser conocidos como “Los del Tren de Aragua”.
Algunos integrantes del grupo fueron detenidos, enjuiciados, condenados a prisión, y recluidos en la cárcel de Tocorón, donde fundaron la estructura que se convirtió en la megabanda actual -cuyo alcance es lo mismo nacional que internacional-.
Durante la campaña electoral 2024, y desde su segunda instalación en la Casa Blanca -el 20 de enero de 2025-, Trump ha insistido en que la presencia del TdA, en Estados Unidos, es de tal magnitud que pone en riesgo la seguridad nacional.
Manipuladoramente, el autócrata ha instalado, en el imaginario colectivo de sus irracionales seguidores, la xenofóbica -por lo tanto, falsa- percepción de que ser migrante venezolano en Estados Unidos significa ser integrante del TdA.
Lo mismo ha logrado respecto a los migrantes nacionales de El Salvador y la Mara Salvatrucha (MS-13) -una de las maras (violentas pandillas de crimen organizado)-, que operan en ese país centroamericano y en las limítrofes Guatemala y Honduras -las naciones que constituyen el Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más inseguras a nivel mundial-.
Alegando que criminales venezolanos y mareros salvadoreños constituyen un componente importante de lo que, prejuiciadamente, define como la invasión de inmigrantes a Estados Unidos, Trump aseguró -amenazó-, como uno de sus compromisos de campaña, que, si regresaba a la presidencia, erradicaría a las estructuras criminales extranjeras establecidas en el país.
En excesivo cumplimiento de tal promesa, apenas reinstalado en el cargo, el megalómano lanzó la actual persecución antinmigrante, que ha resultado en miles de detenciones de extranjeros étnicamente perfilados -no todos delincuentes ni en situación migratoria irregular-, y su deportación a diferentes países.
Ello ha tenido complemento -previsiblemente, no el único- en la proclamación que firmó, el 14 de marzo, invocando la ley de 1798 para detener y deportar a todos los integrantes del TdA, en el rango etario de 14 años en adelante, establecidos en territorio estadounidense.
El texto de 21 extensos párrafos -incluidas seis secciones (artículos) resolutivas, y cuatro puntos de reglamentación- se define, en el título, como “Invocación de la Ley de Enemigos Foráneos Respecto a la Invasión de Estados Unidos por el Tren De Aragua” (“Invocation of the Alien Enemies Act Regarding the Invasion of The United States by the Tren De Aragua”).
Al subtitular que se trata de “Una Proclamación” presidencial, Trump reafirmó su planteamiento de que el TdA “es una Organización Terrorista Extranjera con miles de miembros, muchos de los cuales han ilegalmente infiltrado Estados Unidos y llevan a cabo una guerra irregular y emprenden acciones hostiles contra Estados Unidos”.
Igualmente, atribuyó, a la estructura criminal, apoyo al régimen del patético dictador venezolano, Nicolás Maduro -consolidando la manipuladora imagen de Estados Unidos en guerra, para justificar el uso de la referida ley-.
Al respecto, aseveró que “el TdA se ha involucrado y continúa involucrándose en masiva migración ilegal hacia Estados Unidos para ampliar sus objetivos de dañar a ciudadanos de Estados Unidos, minando la seguridad pública, y apoyando el objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar naciones democrática en las Américas, incluido Estados Unidos”.
“Durante años, autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido creciente control de sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, incluido el TdA”, agregó.
“El resultado es un híbrido estado criminal que está perpetrando una invasión y una incursión predatoria en Estados Unidos, y que plantea un peligro sustancial para Estados Unidos”, planteó, además, siempre usando el lenguaje de la ley de 1798, tratando de inventar una justificadora situación bélica.
“La evidencia irrefutablemente demuestra que el TdA ha invadido Estados Unidos y continúa invadiendo, tratando de invadir, y amenazando con invadir el país; perpetrado guerra irregular dentro del país; y usado el narcotráfico como arma contra nuestros ciudadanos”, siguió aseverando.
Al desarrollar la secciones resolutivas, indicó, en la primera, que, “ahora, por lo tanto (…) proclamo e instruyo que el TdA está perpetrando, intentando, y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de Estados Unidos”.
“El TdA está emprendiendo acciones hostiles y llevando a cabo guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos lo mismo directamente que bajo la dirección, clandestina y otra, del régimen de Maduro en Venezuela”, agregó, persistiendo en la consolidación de la falsa imagen de que Estados Unidos está en situación de guerra.
“Proclamo que todos los ciudadanos venezolanos de 14 años o mayores quienes sean miembros del TdA, estén dentro de Estados Unidos, y no sean naturalizados (como estadounidenses) ni residentes permanentes en Estados Unidos son pasibles de ser capturados, retenidos, puestos bajo custodia, y removidos como Enemigos Foráneos”, indicó.
“Tales miembros del TdA son, por virtud de su pertenencia a esa organización, pasibles de ser acusados de hostilidad contra Estados Unidos”, además de que “son un peligro para la paz y la seguridad públicas de Estados Unidos”, precisó.
En virtud de eso, “instruyo que todos los Enemigos Foráneos descritos en la sección 1 de esta proclamación son sometidos a inmediata captura, detención, y remoción, y además que no se les permitirá residencia en Estados Unidos”, planteó.
“En cumplimiento de la Ley de Enemigos Foráneos, la fiscala general y la secretaria de Seguridad Interna, según la ley aplicable, capturarán, controlarán, detendrán, y removerán a todos los Enemigos Foráneos descritos en la sección 1 de esta proclamación”, señaló, en alusión, respectivamente, a Pam Bondi y Kristi Noem.
También advirtió que Noem “mantiene discrecionalidad para capturar y remover a cualquier Enemigo Foráneo”.
Para ello, ambas funcionarias “están autorizadas a utilizar agentes, agencias, y oficiales del gobierno de Estados Unidos y de los diferentes Estados, territorios, dependencias, y municipalidades y del Distrito de Columbia (la capital nacional)”, precisó.
“Tales agentes, agencias, y oficiales tienen, por esta vía, plena autoridad para todos los actos realizados por ellos en ejecución de tales regulaciones cuando actúen bajo la dirección de la fiscala general o de la secretaria de Seguridad Interna, según sea el caso”, aclaró, a continuación.
En lo que tiene que ver con la reglamentación de los procedimientos, Trump indicó, en el primero de los cuatro puntos, que “ningún Enemigo Foráneo descrito en la sección 1 de esta proclamación entrará, intentará entrar, ni será encontrado dentro de ningún territorio sometido a la jurisdicción de Estados Unidos”.
“Tales Enemigos Foráneos (…) serán inmediatamente capturados y detenidos hasta ser removidos de Estados Unidos”, agregó, y, a continuación, aclaró que “son sujetos de captura sumaria”.
Sumado a lo anterior, “toda propiedad en posesión de, o rastreable a un Enemigo Foráneo, que sea usada, que se intente usar, o es comúnmente usada para perpetrar la actividad hostil y la guerra irregular del TdA (…) será sometida a confiscación y consignación”.
En ese represivo cuadro de situación, más de 200 venezolanos supuestamente miembros del TdA fueron enviados, vía aérea, a El Salvador.
Esto, en el marco de un lucrativo acuerdo entre los regímenes trumpista y bukelista, para alojar, a migrantes deportados de Estados Unidos, en la prisión salvadoreña de máxima seguridad denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) -un campo de concentración donde no existen los derechos humanos de los reclusos-.
Invocada, el 14 de marzo, por Trump, la ley de 1798, abogados especializados en derechos humanos tramitaron, inmediatamente, una denuncia legal para frenar la inminente deportación.
Por su parte, el juez federal James Boasberg intentó frenar la medida gubernamental, cuando emitió, el 15 de marzo -el día siguiente al anuncio presidencial-, la orden verbal de que mantener en tierra todos los aviones involucrados en la acción -que no despegaran, y, si se hallaban en vuelo, que regresaran-.
La orden fue seguida por un mandato rescrito, en igual sentido, pero ambos esfuerzos resultaron infectivos, ya que fueron ignorados por el régimen, lo que permitió el traslado de al menos una parte del grupo, según versiones periodísticas.
El gobierno optó por desestimar ambas disposiciones, aseverando, por una parte, que las órdenes judiciales fueron emitidas tardíamente -según esto, los mandatos se formalizaron cuando los aviones estaban en el aire, algo que no está comprobado-, y, por otra, que, en todo caso, la única orden válida habría sido la escrita.
Sumado a ello, patanes trumpianos en desempeño de altos cargos del régimen, coincidieron en pronunciarse ofensivamente respecto a Boasberg, en particular, y al sistema de justicia, en general.
La vergonzosa secretaria de Prensa, Karoline Levitt, dijo, en declaraciones a periodistas, el 17 de marzo -dos días después de las disposiciones de Boasberg-, que “todos los aviones sujeto de la orden escrita de este juez, partieron desde suelo estadounidense, territorio estadounidense, antes de la orden escrita del juez”.
Y, arrogantemente, preguntó: “es que la Casa Blanca siente la necesidad de responder a una orden verbal de este juez?”, además de plantear -como si fuese jurista- que “hay interrogantes sobre si una orden verbal tiene el mismo peso que una (…) escrita”.
A continuación, en tono intimidatorio, precisó: “nuestros abogados están dispuestos a formular y responder esas preguntas, en un tribunal”.
Pero Tom Homan, director ejecutivo asociado para Operaciones de Control y Remoción (Enforcement and Removal Operations, ERO) -cargo conocido como “zar de las fronteras” (“border czar”) – superó la arrogancia de Leavitt cundo, el mismo día, justificó -usando su habitualmente limitado y grosero vocabulario- la conducta gubernamental en materia de represión antimigrante.
- “No vamos a detenernos”, dijo, en declaraciones a la derechista estación de televisión estadounidense Fox.
- Homan -ex agente, ex investigador, y ex supervisor de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (United States Border Patrol, Usbp)-, agregó, de inmediato: “no me importa lo que piensen los jueces, no me importa lo que piense la izquierda: aquí venimos”.
- “Me despierto, cada mañana, amando mi empleo, porque trabajo para el más grande presidente en la historia de mi vida, y vamos a hacer a este país seguro otra vez”, enfatizó, repitiendo, irreflexivamente, la habitual narrativa patriotera del trumpismo, en este caso, parafraseando -como suele hacer su jefe- la consigna “Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez” (“Make America Great Again”, Maga).
En la acera de enfrente, surgieron inmediatas y autorizadas críticas a la selectiva insubordinación gubernamental respecto a disposiciones judiciales.
En tal contexto, el abogado estadounidense Mark Zaid -especializado en defensa de denunciantes de corrupción-, recriminó, en redes sociales, que “el Poder Ejecutivo se niega a acatar una orden judicial”.
“El Poder ejecutivo no decide negarse a obedecer una orden de un tribunal, sencillamente, porque no le gusta”, precisó, además.
Y, en modo de pronóstico/advertencia, planteó, en el mismo texto: “cuanto más esto ocurra, menos vamos a parecernos a los Estados Unidos donde todos nos criamos”.
En tiempo de dictadura, todo cambia, la justicia no existe.
