Los dos bandos protagonistas de la confrontación armada que despiadadamente golpea, desde el 7 de octubre de 2023, a la población de la palestina Franja de Gaza -con particular fuerza, a mujeres y a niños-, son responsables de crímenes guerra así como de crímenes de lesa humanidad.
En tal contexto, las Fuerzas de Defensa de Israel (Israel Defense Forces, IDF), y el movimiento políticomilitar palestino Harakat al-Muqawama al-Islamiya (Hamas) -en transliteración del árabe: Movimiento de Resistencia Islámica-, han incurrido en flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Didh).
Al formular estas y otras denuncias, en el informe que dio a conocer el 12 de junio, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado incluida Jerusalén Oriental e Israel (Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory including East Jerusalem and Israel) hizo notar que civiles israelíes y palestinos son las víctimas del choque armado.
En tal contexto, y como parte mayoritaria de esos agredidos segmentos poblacionales, las mujeres y los menores de edad son particularmente vulnerables, señaló el especializado grupo de trabajo.
De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) -vigente desde el 1 de julio de 2002, y del cual 124 estados son parte-, en el octavo de los 128 artículos, contenidos en 66 páginas, los crímenes de guerra son casi una treintena de actos violatorios de convenciones internacionales.
La extensa lista incluye “el homicidio intencional”, “la tortura o los tratos inhumanos”, “el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud”, “la deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal”, “la toma de rehenes”.
Asimismo, “dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades”, “dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares”.
Además, “dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (…)”, “atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares”, “declarar que o se dará cuartel”.
También, “cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes”, “cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada (…) y cualquier otra forma de violencia sexual”, “hacer padecer intencionalmente de hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensable para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro”.
Por otra parte, según el sexo artículo del estatuto, los crímenes de lesa humanidad representan casi una docena de actos perpetrados “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Se trata de “asesinato”, “exterminio”, “deportación o traslado forzoso de población”, “encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derechos internacional”, “tortura”, “violación sexual, prostitución forzada (…) o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”.
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También, “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género (…)”, “desaparición forzada de personas”, “el crimen de apartheid”, “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
En el mismo artículo se determina, entre otras precisiones, que, “por ‘persecución’ se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad”.
Asimismo, se indica que “por ‘el crimen de apartheid’ se entenderán los actos inhumanos (…) cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen”.
El estatuto hace, así, referencia brutal sistema discriminatorio que, conocido como apartheid (separación, en afrikaans -idioma hablado en Sudáfrica y en la limítrofe Namibia-), fue impuesto, desde 1948 a 1994, por el régimen racista blanco que durante décadas gobernó a Sudáfrica, y por su contraparte de la ex África Sudoccidental (la actual Namibia).
Igualmente, el artículo sexto incluye la aclaración de que, “a los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término ‘genero’ se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad”, y reafirma, a continuación, que “el término ‘género’ no tendrá más acepción que la que antecede”.
En su informe, la comisión internacional señaló, respecto al ataque terrorista de Hamas y a la ininterrumpida invasión militar israelí en Gaza, que “el 7 de octubre de 2023 ha marcado un punto de inflexión tanto para israelíes como para palestinos, y presenta un momento decisivo que puede cambiar la dirección de este conflicto, con un serio riesgo de que consolide y expanda aún más la ocupación”.
El grupo de trabajo hizo, así, referencia indirecta al reiteradamente denunciado objetivo histórico del sionismo imperialista -que data de décadas- de limpiar étnicamente los dos sectores territoriales del Estado de Palestina -la oriental Franja de Gaza y la occidental Cisjordania, separadas por territorio israelí-.
“El único resultado tangible, ha sido la agudización del inmenso sufrimiento de palestinos e israelíes, con los civiles, nuevamente, soportando el peso de las decisiones de quienes están en el poder”, aseguró.
“Los niños y las mujeres constituyen una parte importante de esos civiles, las segundas marginadas de la toma de decisiones”, precisó, a continuación, en el documento de ocho capítulos contenidos en 21 páginas, que presentó en la 56 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, actividad programada para desarrollarse del 18 de junio al 12 de julio.
En lo que tiene que ver con el grupo palestino, en el texto se indicó que “la Comisión encontró que miembros del ala militar de Hamas, miembros de alas militares de otros grupos armados palestinos, y palestinos civiles cometieron crímenes de guerra”.
Al respecto, la comisión señaló que “miembros del ala militar de Hamas y grupos armados palestinos se enfocaron en mujeres, incluyendo matanzas intencionales, secuestros, y abuso físico, mental, y sexual”.
“Estos crímenes fueron deliberados, y, en varios casos, llevados a cabo con violencia, causando, intencionalmente, gran sufrimiento y serias lesiones, a las víctimas”, agregó, además de precisar que “mujeres fueron sometidas a violencia de género durante su ejecución, o secuestro”.
“La Comisión identificó patrones indicativos de violencia sexual en varios lugares, y llega a la conclusión de que mujeres israelíes fueron desproporcionadamente sometidas a esos crímenes”, según lo señalado en el informe.
“El ataque del 7 de octubre permitió, a los perpetradores, cometer violencia sexual de género, y esa violencia no fue asilada sino perpetrada de maneras similares en varios lugares y por múltiples perpetradores palestinos”, agregó el grupo especializado.
“Sin embargo, la comisión no encontró evidencia creíble de que los militantes hayan recibido órdenes de cometer violencia sexual, por lo que fue posible formular conclusiones respecto a este tema”, aclaró.
En cuanto a las IDF -que la comisión menciona como Fuerzas de Seguridad Israelíes (Israeli Security Forces, ISF)-, la comisión señaló que “las autoridades israelíes fracasaron en cuanto a proteger civiles en el sur de Israel en casi todos los frentes”, lo que incluyó “omisión en desplegar, rápidamente, suficientes fuerzas de seguridad para proteger a los civiles y evacuarlos desde los lugares civiles, el 7 de octubre”.
“En varios lugares, las ISF aplicaron la llamada “Directiva Aníbal (“Hannibal Directive”), y mataron a por lo menos 14 civiles israelíes”, indicó.
El equipo de trabajo hizo, así, alusión a un criticado procedimiento militar de Israel
-supuestamente revocado en 2016-, cuyo objetivo consiste en evitar, a cualquier costo, la captura, de soldados israelíes, por fuerzas enemigas -sin perjuicio de causar bajas en sus propias filas-.
Según lo revelado en el informe, “las autoridades Israelíes omitieron asegurarse de que las autoridades directamente pertinentes recolectaran, sistemáticamente, evidencia forense, particularmente referida a denuncias de violencia sexual, minando la posibilidad de futuros procesos legales, rendición de cuentas, y justicia”.
Respecto a las operaciones militares de la fuerza invasora en Gaza, la comisión indicó que llegó a la conclusión de que “Israel ha cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y violaciones al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
Asimismo, determinó que “los inmensos números de bajas civiles y la destrucción generalizada de objetos civiles e infraestructura civil crucial, son resultados inevitables de la estrategia elegida por Israel para el uso de la fuerza durante esas hostilidades, implementada con la intención de causar máximo daño, sin importar distinción, proporcionalidad, y precauciones adecuadas, y (es) por lo tanto, ilegal”.
“El uso intencional, por parte de las ISF, de usar armas pesadas con gran capacidad destructiva en áreas densamente pobladas, constituye un ataque, intencional y directo, a la población civil, particularmente afectando a mujeres y a niños”, planteó.
“Las ISF han matado y mutilado a decenas de miles de niños, lo que resulta en peramente discapacidad física para miles de niños, y trauma emocional a largo plazo, para todos los niños”, denunció.
Además, “áreas evacuadas fueron atacadas sin consideración para aquellos quienes no lograron o no quisieron evacuar, y los evacuados fueron atacados a lo largo de las rutas de evacuación y en zonas designadas (como) seguras”, relató.
En el informe se precisó, igualmente, que “las autoridades israelíes presentaron, consistentemente, sus objetivos (propósitos) como la destrucción total de Hamas, la liberación de los rehenes israelíes, y evitar futuras amenazas al Estado de Israel emanadas de la Franja de Gaza”.
“Sin embargo, sus acciones, y las consecuencias de sus acciones, indican otras motivaciones, incluyendo venganza y castigo colectivo”, expresó la comisión, para explicar, a continuación, que “declaraciones formuladas por autoridades israelíes reflejan la política y la práctica de infligir destrucción generalizada, matar a grandes números de civiles, y obligar a desplazamientos”.
“Las declaraciones apuntaron a sistemáticamente deshumanizar a los palestinos, particularmente, los hombres y los varones menores de edad, y llamaron a aplicar castigo colectivo”, destacó.
También precisó que llegó a la conclusión de que “Israel ha usado el hambre como método de guerra, afectando a toda la población de la Franja de Gaza, por décadas futuras, con consecuencias particularmente negativas para los niños”, y señaló: “esto, es un crimen de guerra”.
“Al momento de redacción de este informe, niños ya han muerto debido a aguda desnutrición y deshidratación”, precisó, de inmediato.
“A través del asedio que impuso, Israel a convertido en arma, la retención de necesidades vitales, la interrupción del abastecimiento de agua, alimentos, electricidad, combustible, y otros abastecimientos esenciales, incluida la ayuda humanitaria.
“Esto, constituye castigo colectivo y represalia contra la población civil, y ambos son claras violaciones del DIH”, siguió precisando.
Sumado a ello, “la frecuencia, prevalencia, y severidad de los crímenes de género perpetrados contra personas palestinas, desde el 7 de octubre en todo el TPO (Territorio Palestino Ocupado) indican que las formas específica de Violencia Sexual de Género son parte de los procedimientos operativos de las FSI”.
Al respecto, planteó que “hombres y varones menores de edad palestinos experimentaron actos persecutorios específicos con la intención de castigarlos en represalia por los crímenes cometidos el 7 de octubre”.
“La manera en la cual esos actos fueron cometidos, incluida su filmación y fotografía, junto con casos similares documentados en varios lugares, conduce, a la Comisión, a llegar a la conclusión de que la remoción de ropa y la desnudez públicas y otros tipos relacionados de abuso fueron ordenados o condonados por las autoridades israelíes”, denunció, asimismo.
“La Violencia Sexual de Género constituye un importante elemento en el maltrato a las personas palestinas, con la intención de humillar a la comunidad en general”, agregó.
“Esta violencia está intrínsecamente vinculada con el contexto más amplio de desigualdad y
de ocupación prolongada, que han proporcionado las condiciones y el fundamento para los crímenes de género, para acentuar, aún más, la subordinación del pueblo ocupado”, reveló.
El análisis del grupo de trabajo incluyó la recomendación de que, “tanto el ataque del 7 de octubre en Israel, como la posterior operación militar en Gaza, deben verse en contexto”.
Al ampliar este concepto, la comisión explicó que “estos acontecimientos fueron precedidos por décadas de violencia, ilegal ocupación, y la negación, por parte de Israel, del derecho de los palestinos a la autodeterminación, manifestada en continuos desplazamientos forzados, despojo, explotación de recursos naturales, bloqueo, construcción y expansión de asentamientos, y discriminación y opresión sistemáticas contra el pueblo palestino”.
El equipo especializado de trabajo hizo, así, referencia al hecho de que esa brutal violación israelí de la soberanía palestina -lo mismo en Cisjordania que en Gaza-, ocurre desde 1948
-cuando Israel se declaró independiente-
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el 29 de noviembre de 1947, la Resolución 181, y, por lo tanto, el Plan de Partición de Palestina, que, entre sus disposiciones clave, delineó, con precisión, las fronteras correspondientes a los dos Estados que estaba creando: el de Israel y el de Palestina.
El dirigente sionista David Ben-Gurion proclamó, unilateralmente, el 14 de mayo de 1948, en un acto llevado a cabo en la ciudad de Tel Aviv, la independencia de Israel -y la consecuente materialización del estado judío-, e inauguró, tres días después, el cargo de primer ministro del nuevo país.
Ante la arbitrariedad de la proclamación, y considerando algunos aspectos del plan de partición como negativos para el pueblo palestino, la comunidad árabe internacional rechazó la iniciativa aprobada por Naciones Unidas, lo que fue la excusa para que Israel
-cuyos habitantes iniciales fueron judíos europeos asentados, décadas antes, en Palestina- expulsara, a la mayoría de los palestinos, de sus lugares de origen.
Registros históricos ubican, en el rango de 750 mil a 800 mil -y hasta un millón-, el total de personas violenta y repentinamente convertidas, sin piedad ni justificación, en refugiadas
-unas, en diferentes países, otras, en territorio correspondiente al Estado de Palestina pero bajo ocupación israelí-.
Ese brutal capítulo de la violenta historia de Oriente Medio, se conoce, en árabe, como al-Nakba (la catástrofe), descrita, por investigadores académicos, como una operación militar de limpieza étnica antipalestina.
Además de la expulsión, las víctimas sufrieron el robo -o la destrucción- de su patrimonio, mientras que las ciudades, los barrios, la aldeas que ancestralmente habitaron hasta entonces, fueron, en gran proporción, arrasadas.
Las viviendas que no fueron destruidas, pasaron a ser ilegalmente ocupadas por pobladores israelíes invasores -engañosamente denominados “colonos”-.
Numerosas familias palestinas expulsadas, llevaron consigo, al forzado exilio, las llaves de sus respectivas viviendas, objetos que conservan como símbolo de la esperanza de regreso, de reivindicación de los derechos violados, de justicia colectiva.
En notoriamente marcado contraste, la independencia palestina fue declarada, el 15 de noviembre de 1988, en Argel -la capital de Argelia, país árabe en el sector occidental del costero norte africano-, por Yasser Arafat, entonces el máximo -y emblemático- líder de la guerrillera y política Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
O sea que, 41 años después de aprobada la resolución que le daba origen, y 40 años después de la unilateral declaración israelí de independencia, se formalizó, en injusta/flagrante precariedad, el Estado de Palestina.
Sin embargo, y a diferencia de Israel, su territorio -establecido en 1947, por Naciones Unidas, en el Plan de Partición-, fue inmisericorde y violentamente reducido, por la fuerza
-por parte de Israel-, además de militarmente ocupado en su abrumadora mayoría -por las IDF-.
La occidental Franja de Gaza -también conocida como Gaza, fronteriza con Israel y
Egipto-, y la oriental Cisjordania -mencionada, asimismo, como la Margen Occidental (West Bank), limítrofe con Israel y Jordania-, físicamente forman -separadas por territorio
israelí-, el Estado de Palestina.
Gaza cubre 365 kilómetros cuadrados -con población algo superior a 2.1 millones, desplazada, en un noventa por ciento, por la presente guerra-, mientras Cisjordania se extiende sobre 5,640 kilómetros cuadrados -con aproximadamente 3.2 millones de habitantes-.
Bordeada en el oeste por el Mar Mediterráneo, en el norte y el este por Israel, y en el sur por Egipto, la franja -gobernada, desde 2007, por Hamas- es una de la zonas más densamente pobladas, a nivel mundial, a lo que se suma el hecho de que, a causa del inmisericorde bloqueo impuesto, ese año, por Israel, la aislada franja presenta algunos de los más críticos índices socioeconómicos.
Cisjordania -gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, rival de Hamas- limita al norte, al oeste, y al sur con Israel, mientras que al este -bordeada por el Río Jordán y el Mar Muerto- es fronteriza con Jordania.
Ambas extensiones territoriales están bajo ocupación por parte de las IDF -Gaza, en el marco de la presente invasión, completamente, y Cisjordania, hace décadas, en más de 90 por ciento-.
Los habitantes de Cisjordania también padecen la brutal represión israelí.
En este caso, la agresión tiene dos ejecutores: las IDF, y civiles armados quienes, bajo la hipócrita denominación de “colonos”, invaden tierras palestinas, expulsan o asesinan a sus verdaderos propietarios, destruyen viviendas y otra infraestructura, y construyen ilegales comunidades que ilegítimamente -y manipuladoramente- denominan “asentamientos”.
Esa brutal violación israelí de la soberanía palestina -al igual que en el caso de Gaza-, ocurre desde 1948 -cuando Israel se declaró independiente-.
La política del régimen de Netanyahu consiste en intensificar esa ocupación ilegal, propósito que el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, se encargó de ratificar cuando anunció, el 22 de febrero, en la red social X, un plan consistente en la construcción de 3,300 nuevas viviendas judías, precisamente, en Cisjordania.
Smotrich uso, para ello la excusa de un tiroteo, ocurrido en esos días, entre “colonos” y palestinos, incidente durante el cual seis israelíes resultaron heridos -uno de ellos, fatalmente-.
“El serio ataque (…) debe tener una firme respuesta de seguridad, pero, también, una respuesta en materia de asentamientos”, escribió.
A continuación, amenazó: “nuestros enemigos saben que cualquier daño a nosotros, conducirá a más construcción, y más desarrollo, y más de nuestro control en todo el país”.
Entretanto, en su hipócrita doble rasero, Estados Unidos -permanente aliado de Israel- sancionó a los criminales colonos invasores de Cisjordania -manteniendo, simultáneamente, el apoyo financiero, armamentista, y político al genocidio en Gaza-.
Por su parte, en declaraciones reproducidas dos meses después, por Noticias ONU -la agencia informativa de Naciones Unidas-, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el austríaco Volker Türk, denunció las persistentes y “graves violaciones de derechos humanos (…) sin disminuir, en Cisjordania”.
El funcionario internacional hizo -en un comunicado que ONU Noticias citó el 23 de abril-, específica mención de “ataques masivos de colonos”, los días 12 a 14 de abril, “con el apoyo de las Fuerzas de Defensa de Israel”.
En el caso de Gaza, la guerra de atrición -en realidad, la operación de limpieza étnica- que
-con la excusa del derecho a la defensa tras un atetado terrorista- Israel está impunemente llevando adelante, desde octubre, somete, a los palestinos, a una nueva Nakba.
Frente a la brutalidad de la jauría militar israelí, el sionismo guerrerista y sus cómplices tratan de naturalizar la bestial realidad -como si no existiese-.
Los antipalestinos son negacionistas, de modo que mienten a voluntad, inventando lo que sea, según les convenga, contra toda lógica.
Lo que, una vez más, demuestra que, entre los aliados del sionismo belicista e imperialista, nadie -absolutamente, nadie- que haya servido a algún delincuente de la calaña de Ronald Reagan, o George Bush Jr, o Donald Trump, es confiable.
Pero haber servido a los tres, significa menos de cero credibilidad, menos de cero moral, menos de cero ética -y un desproporcionadamente fuerte plus de corrupción-.
Tal es el caso de Elliott Abrams -ergo: es triplemente no confiable-.
El personaje es un turbio burócrata quien -al igual que Oliver North, un teniente coronel retirado del Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense- mintió, al Congreso de Estados Unidos, en un tan burdo cuanto criminal intento por proteger a Regan, en el incidente conocido como “escándalo Irán-Contra”, o “Irangate”, o “Contragate”.
Es el caso referido a la venta clandestina, de armas estadounidenses, a la enemiga dictadura religiosa iraní, para mantener financiados a los “combatientes por la libertad” (“freedom fighters”), como Reagan definió a la contra nicaragüense.
Su antiético accionar encubierto tuvo un momento culminante cuando trabajó como uno de los arquitectos de la operación delictiva de Reagan para seguir inyectando dólares, a la contra, después de que el Congreso se negó a seguir aportando dinero al criminal -y, por supuesto, frustrado- proyecto reaganiano de hacer caer, por la vía armada (1982-1990), al gobierno revolucionario sandinista (1979-1990).
La remoción del gobierno revolucionario ocurrió, pero por la vía electoral, tras ocho años de guerra, y sobre el tan brutal cuanto estéril sacrificio de aproximadamente 50 mil vidas nicaragüenses de ambos bandos.
La esencia antiética de Reagan y sus secuaces -incluidos Abrams y North, entre los más notorios- quedó en evidencia, particularmente, en dos momentos de delictiva politiquería para mantener operativos a los “freedom fighters” -con base central en Honduras, en el sureño departamento (provincia) de El Paraíso, en un sector próximo a la frontera con Nicaragua-.
En el primero de esos momentos, detrás del falso discurso antidictatorial/prodemocrático, el régimen reaganiano vendió -secretamente- armas, a la dictadura del ayatola Ruhollah Khomeini -el primero de los demenciales tiranos de la criminal teocracia que, instalada en 1979, sigue gobernando a Irán-.
Reagan logró, así, sostener a sus “freedom fighters” -que llegaron a ser más de 20 mil-.
En el segundo momento politiquero, cuando se agotaron los fondos del ayatola, y ante la desesperante necesidad de nuevos recursos monetarios para impedir el avance del “comunismo” en Centroamérica, Reagan hizo a un lado su falsa retórica antinarcotráfico.
Fue así como “el gran comunicador” (“the great communicator”) -que no fue ni lo uno ni lo otro sino apenas un pésimo actor y un peor presidente- optó, con sus cómplices, por inundar Los Angeles con el crack abastecido a inmigrantes haitianos indocumentados, quienes fueron usados como pushers -o sea, vendedores callejeros-.
Nueva dosis de dólares para la contra.
Por haber mentido al congreso en el caso “Irangate”, Abrams fue enjuiciado, además de hallado culpable, en 1991, y condenado a cumplir dos años de libertad condicional, pero fue indultado por Bush padre -un ex director (1976-1977) de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), vicepresidente de Reagan (198-1985, 1985-1989), y presidente (1989-1993)-.
North también fue enjuiciado y, en principio, condenado, pero, en virtud de una supuesta inmunidad, los cargos le fueron levantados, también en 1991.
Flagrante impunidad, generada al más alto nivel de corrupción, en ambos casos.
Ahora, décadas después, y como si no hubiese hecho nada de lo que hizo, Abrams -asesor presidencial, en el segundo de los dos períodos (2001-2005, 2005-2009) de Bush Jr, para asuntos de Oriente Medio y África del Norte- cometió la soez ofensa de referirse a las bajas fatales -las víctimas del genocidio- que la brutalidad militar israelí está causando en Gaza.
Carente de autoridad moral para referirse al tema -en principio, para referirse a cualquier cosa-, el ex asesor de los tres probablemente peores y más corruptos residentes de Estados Unidos, se permitió manipular la cifras de víctimas de esa agresión militar -una guerra de atrición, de limpieza étnica-, reduciendo, politiqueramente, a números, ese devastador drama humano.
Lo hizo mediante el artículo de opinión que el estadounidense tanque de pensamiento denominado Council on Foreign Relations (CFR) le publicó, el 12 de mayo, con el falaz título “Naciones Unida reduce a la mitad su cálculo de mujeres y niños muertos en Gaza” (“UN Halves Its Estimate of Women and Children Killed in Gaza”).
Abrams mintió, en ese texto, para defender lo indefendible: la bestialidad de la jauría uniformada que constituye las IDF -que no es esencialmente diferente a la bestialidad de la jauría no uniformada de Hamas-.
La estructura militar de Hamas -Brigadas Izz ad-Din al-Qassam (Izz ad-Din al-Qassam Brigades, IQB)-, es la fuerza palestina que está enfrentada, en Gaza, a las IDF.
Abrams irrespetó a las víctimas civiles que -asesinadas, heridas, desaparecidas- se cuentan por decenas de miles en bestial ocupación de la franja, y que son, mayoritariamente, civiles -en proporción considerable, mujeres y menores de edad-.
Cada palestino asesinado por la manada militar sionista, implica una familia brutalmente golpeada.
Cada mujer asesinada por las bestias del corrupto belicista Netanyahu, significa una multiplicidad de niños sin madre.
Cada niño asesinado por el cobarde sionismo imperialista/guerrerista, es un proyecto de vida cruelmente interrumpido.
De modo que el insulto se torna vulgaridad cuando un cómplice de crímenes de guerra
-en este caso, Abrams- perpetra la obscenidad de cuestionar fuentes de datos, y de tratar de maquillar cifras que, sin perjuicio de su fuente, son flagrante realidad que agrede sin miramiento el alma de la humanidad.
Cuestionar la ética de medios de comunicación por difundir los números del drama de la gente en Gaza, es agregar insulto a la obscenidad.
Plantear que “los medios en Estados Unidos y otros lugares”, sin excepción, “tienen la obligación de confesar” que aceptaron, “ciegamente, los números de Hamas para engañar”.
En mi calidad de periodista internacional de incuestionable ética -y habiendo pasado por censura y persecución bajo algunas dictaduras-, siento poderosa repugnancia ante las implicaciones de Abrams -además de profundo desprecio por quien las formula-.
De modo que, al escribir sobre Gaza -o sobre cualquier otro tema-, un delincuente igualado como Abrams no va a censurarme.
Un responsable intelectual de crímenes de lesa humanidad, participante en conspiraciones que implican traición a la patria -vender armas a un enemigo de Estados Unidos, o envenenar, masivamente, con crack a ciudadanos estadounidenses- carece, absolutamente, de autoridad moral para cuestionar a Naciones Unidas y a los periodistas quienes aportamos a generar conciencia sobre la barbarie que significa la limpieza étnica que, con la complicidad de Hamas, Israel está, impunemente, perpetrando.
En la introducción a ese insultante artículo de opinión, se indica que “entre el 6 de mayo y el 8 de mayo, Naciones Unidas redujo a la mitad sus cálculos del número de mujeres y niños muertos en Gaza. Los cálculos se basaron sobre números de Hamas y son un recordatorio de que los cálculos de bajas que vienen de esa fuente no son confiables”.
Abrams escribió que “desde el inicio de la guerra en Gaza, el 7 de octubre, casi todas las declaraciones sobre bajas fatales palestinas se han basado sobre números de Hamas”.
“El ‘Ministerio de Salud de Gaza’ o la ‘Oficina de Medios del Gobierno’ son las fuentes habituales, como si esas palabras significaran algo más que Hamas”, agregó.
En su criminal negacionismo, Abrams obvió el hecho de que, por estar en el ojo del huracán belicista, ambas entidades son reconocidas, internacionalmente -por agencias de Naciones Unidas, organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos, entre otros actores respetables- como fuentes confiables/autorizadas de información.
Abrams mencionó, en respaldo a sus manipuladoras afirmaciones, datos de Naciones Unidas, medios de comunicación lo mismo internacionales que estadounidenses, Wikipedia, y universidades.
“Se ha vuelto crecientemente claro que esos números representan propaganda de Hamas”, agregó, para mencionar algún análisis -de apoyo al régimen sionista guerrerista de Netanyahu-, según el cual “los números no son reales”, y “las bajas no son abrumadoramente mujeres y niños”.
A continuación, afirmó que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Actividades Humanitarias (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Ocha)/Occupied Palestinian Territory (OPT), “de pronto (…) revisó sus cifras”, para lo cual citó al diario israelí Jerusalem Post.
“OCHA no explicó sus acciones, pero la Fundación para la Defensa de las Democracias (Foundation for the Defense of Democracies), lo hizo”, agregó.
En su sitio en Internet, la fundación -su sigla es FDD-, cuya sede está en la capital estadounidense, se define como “un instituto no partidista (…) enfocado en seguridad nacional y política exterior”.
Citada por Abrams, en el artículo, la FDD aseguró que “Naciones Unidas atribuyó sus cifras originales, más altas, a la Oficina Gubernamental de Medios (…) en Gaza, cuyas cifras OCHA ha constantemente citas durante los pasados dos meses”.
“Naciones Unidas no dio ninguna fuente para bajar sus cifras en su actualización del 8 de mayo, pero las cifras, precisamente, coinciden con las de un informe del 2 de mayo de una diferente organización controlada por Hamas: el Ministerio de Salud de Gaza”, agregó la fundación, según la cita del articulista.
Después de citar otro punto de vista favorable al régimen israelí, Abrams escribió que “Hamas quiere que el mundo crea que las principales bajas y bajas fatales han sido mujeres y niños, un argumento casi universalmente aceptado hasta muy recientemente”.
“Ahora, hasta Naciones Unidas, o una parte de Naciones Unidas, silenciosamente reconoce que ciegamente aceptó los números de Hamas que buscan engañar”, aseveró, además.
Y, aparentando autoridad moral -algo de lo que, evidentemente, carece-, agregó: “otros quienes aceptaron la propaganda de Hamas tendrían que hacer lo mismo, y todos tienen la obligación de sincerarse -incluidos los medios en Estados Unidos y otros lugares-”.
Siempre agregando arrogancia al insulto, se permitió ironizar: “espero las notas en The New York Times, Washington Post, y NPR (National Public Radio) informando sobre esto, pero la espera puede ser larga”.
Abrams no tuvo que esperar mucho, porque la contundente respuesta le llegó dos días después.
El diario británico The Guardian tituló la nota que, sobre el tema, publicó el 14 de mayo: “Naciones Unidas niega que se haya revisado hacia abajo el saldo fatal de mujeres y niños en Gaza” (“UN denies Gaza death toll of women and children has been revised down”).
Y agregó inmediatamente debajo del título: “portavoz dice que confusión resulta de nueva manera de clasificación, por el ministerio de salud de Gaza, de aquellos no plenamente identificados aún”.
En ese sentido, The Guardian informó que “Naciones Unidas ha desmentido que el saldo fatal estimado de mujeres y niños en la guerra en Gaza ha sido revisado hacia abajo, señalando una confusión entre el número total de cuerpos sin vida registrados, y el número de los que hasta ahora no fueron plenamente identificados”.
“Después de que inicialmente aparecieron en el sitio web de la oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios -Ocha-, los totales revisados, por el ministerio de salud de Gaza, de víctimas fatales, fueron rápidamente tomados como prueba, por medios y comentaristas pro-Israel, de que Naciones Unidas había, previamente, exagerado el saldo”, agregó el medio de comunicación europeo.
La precisa versión periodística indicó, además: “Farhan Haq, un portavoz de Naciones Unidas, dijo que los nuevos números más reducidos reflejaron los cuerpos que fueron plenamente identificados. Las cifras mayores incluyeron cadáveres para los cuales la identificación no se ha, hasta ahora, completado”.
“Haq dijo que se espera que, a medida que el proceso de identificación continúe, los saldos oficiales entre mujeres y niños también suban”, agregó The Guardian.
“El número total de bajas fatales (fue) calculado por el ministerio de salud en Gaza, que es nuestra contraparte para tratar los saldos fatales. Ese número sigue incambiado”, aseguró entonces, Haq, quien, de acuerdo con el periódico “señaló que Naciones Unidas no está en posición de verificar ninguna de las cifras”.
“Lo que ha cambiado es que el ministerio de salud en Gaza, ha actualizado el desglose de bajas fatales, para las cuales se ha documentado detalles completos”, aseguró Haq.
El Guardian también citó a Jens Laerke, portavoz de Ocha, quien dijo que “los equipos de Naciones Unidas, en Gaza, no están en condiciones de independientemente verificar esas cifras, dada la situación que prevalece en el terreno y el alto volumen de bajas fatales”.
“Es por esta razón que todas las cifras usadas por Naciones Unidas, claramente, citan al ministerio de salud en Gaza, como fuente”, agregó Laerke, para asegurar que “Naciones Unidas verificará estas cifras, en la medida de lo posible, cuando las condiciones lo permitan”.
Adicionalmente, en declaraciones reproducidas en la misma nota informativa, Michael Spagat, experto en cálculo de bajas registradas en conflictos, y Daniel Silverman, experto internacional en seguridad, plantearon que, el análisis de los datos de víctimas fatales, y su cuidadosa comparación con la población total de Gaza, sugiere que, seguramente, los fallecidos son mayoritariamente civiles.
El diario también citó declaraciones formuladas, al inicio del conflicto Israel-Hamas, por el director de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) para Palestina, Omar Shakir, quien “dijo que no había visto evidencia de que los números fuesen manipulados”.
Shakir precisó que “hemos estado monitoreando abusos a derechos humanos en la Franja de Gaza, por tres décadas, incluyendo varios períodos de hostilidades”, y agregó que “en general, hemos encontrado que los datos que salen del ministerio de salud son confiables”.
“Cuando hemos hecho nuestras propias investigaciones independientes respecto a ataques particulares, y hemos comparado esas cifras contra aquellas del ministerio de salud, no ha habido desviaciones: sus números, generalmente, son consistentes con lo que estamos viendo en el terreno en días recientes”, reafirmó.
El portavoz local de HRW precisó, asimismo, respecto a la brutalidad de las acciones militares israelíes, que “ha habido centenares de ataques aéreos por día, en una de las áreas más densamente pobladas del mundo”.
