Este miércoles 5 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevará a cabo una audiencia pública para evaluar la situación de los derechos humanos en Costa Rica. Esta reunión será una oportunidad para que diversas organizaciones de la sociedad civil expongan sus preocupaciones sobre varios temas cruciales, incluyendo la seguridad ciudadana, la violencia de género, la situación de la niñez, los derechos de los pueblos indígenas, la población LGBTQ+, el medio ambiente y los ataques a la independencia judicial.
La audiencia, solicitada por un grupo de organizaciones como la Alianza de Mujeres Costarricenses, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASDEDH) y el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), se llevará a cabo a la 1:00 p.m. (hora de Centroamérica) y representa un hecho inusual en la política de derechos humanos de Costa Rica.
El país centroamericano, conocido por su histórico compromiso con los derechos humanos, no es comúnmente llamado a rendir cuentas en audiencias generales ante la CIDH. Tradicionalmente, la participación de Costa Rica en este ámbito se ha limitado a casos específicos, más que a evaluaciones globales sobre la situación de los derechos humanos en el país. Sin embargo, la convocatoria de esta audiencia refleja una creciente preocupación por el deterioro de las condiciones de derechos humanos en varias áreas clave.
Entre las principales denuncias que serán presentadas por las organizaciones civiles, destaca la inseguridad creciente en varias regiones del país, así como la violencia sistemática contra las mujeres, un fenómeno que afecta tanto a las víctimas directas como a las comunidades en general. Las organizaciones también se centran en la protección de los derechos de la niñez y la situación de los pueblos indígenas, cuyos territorios y culturas continúan enfrentando amenazas de despojo y marginalización.
Además, se señalará la falta de avances significativos en la protección de la población LGBTQ+, un grupo históricamente vulnerable en Costa Rica.
El medio ambiente y los ataques a la independencia judicial también figuran en la agenda de la audiencia, con organizaciones civiles expresando su preocupación sobre las políticas gubernamentales que afectan tanto la libertad de expresión como la autonomía de las instituciones judiciales en el país.
En este contexto, la comparecencia de Costa Rica ante la CIDH no solo pone de relieve las tensiones internas en torno al respeto a los derechos fundamentales, sino que también sugiere una tendencia preocupante en la región, similar a los enfoques autoritarios que se han observado en otros gobiernos de América Latina.
El Estado costarricense deberá responder a las denuncias presentadas por las organizaciones de la sociedad civil y, con ello, enfrentar las recomendaciones de la CIDH sobre cómo mejorar la situación de los derechos humanos en el país. El gobierno deberá estar preparado para abordar una amplia gama de temas que afectan tanto a la población más vulnerable como al bienestar general de la sociedad costarricense.
Este evento es un recordatorio de que, a pesar de los avances logrados en materia de derechos humanos en Costa Rica, la situación actual sigue siendo una preocupación para muchos sectores de la sociedad, que exigen una respuesta firme y efectiva del gobierno ante los desafíos persistentes.
