La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitó a un juzgado el embargo de cuentas bancarias y otros posibles bienes del abogado y diputado electo José Miguel Villalobos Umaña, luego de comprobar que no posee bienes inmuebles registrados a su nombre en el sistema del Registro Nacional de Costa Rica.
Según confirmó Luis Diego Calderón, director de cobros de la institución, tras una revisión del sistema registral se determinó que el deudor no figura como propietario de propiedades inscritas. Ante este escenario, la CCSS presentó nuevamente en enero una solicitud judicial para que se proceda con embargos sobre cuentas bancarias u otros activos que puedan ser localizados.
“En el mes de enero pasado se solicitó al juzgado que procediera a emitir embargos sobre las cuentas y otros bienes que pueda poseer el deudor”, indicó Calderón.
Deuda superior a ₡300 millones
Un informe de la Auditoría de la CCSS confirmó que Villalobos mantiene una deuda total de aproximadamente ₡312 millones con la institución, monto que corresponde a dos obligaciones registradas al 20 de noviembre de 2025:
₡149.481.333 en condición de patrono físico.
₡162.727.594 como trabajador independiente.
Actualmente, el diputado electo aparece en el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) como patrono físico inactivo, pero trabajador independiente activo.
Dificultades para el cobro
La institución ha intentado recuperar la deuda mediante distintos procesos administrativos y judiciales. En mayo de 2025 incluso se envió un correo electrónico a la dirección registrada por Villalobos en el sistema SICERE solicitando actualizar sus datos para normalizar la situación de morosidad.
No obstante, la Auditoría calificó esta gestión como insuficiente para lograr el cobro efectivo.
El informe también señala que, a pesar de tratarse de una figura pública conocida, no fue posible localizar físicamente al deudor mediante el servicio de Correos de Costa Rica, lo que obligó a la institución a intentar contacto por vía electrónica.
Procesos judiciales en curso
De acuerdo con la auditoría, existen 21 procesos judiciales relacionados con esta deuda: 13 en etapa de ejecución y 8 con sentencia condenatoria. La ausencia de bienes a nombre del abogado había sido uno de los principales obstáculos para avanzar en el cobro.
En diciembre de 2025, Villalobos confirmó públicamente que fue notificado en su casa de habitación sobre la deuda que mantiene con la institución.
La CCSS incluso evaluó declarar una parte de la deuda como incobrable, debido a las dificultades para ubicar bienes o activos que permitieran ejecutar las medidas de cobro.
Posible embargo del salario legislativo
Distintos criterios de la asesoría legal de la Asamblea Legislativa de Costa Rica indican que el salario de los diputados sí puede ser embargado, aunque los legisladores no sean considerados trabajadores del Estado en sentido estricto.
La Sala Constitucional de Costa Rica determinó en 1991 que la remuneración de los diputados tiene carácter salarial para efectos jurídicos, lo que permite aplicar embargos u otras deducciones derivadas de obligaciones legales.
Asimismo, el artículo 172 del Código de Trabajo establece que, para efectos de embargo, las dietas o remuneraciones de los diputados se consideran salario.
Este criterio abre la posibilidad de que, si un juez lo ordena, parte del salario del legislador pueda ser retenido para cubrir la deuda pendiente con la CCSS.
