Alberto Cabezas/Foto-Medios
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge a los estados centroamericanos a tomar acciones que garanticen la vida, salud, integridad y dignidad de las personas privadas de libertad. Como garante de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran bajo su custodia, de conformidad con los Principios y Buenas Prácticas de la CIDH sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
“En Nicaragua existe un régimen autoritario, un sistema dictatorial y eso ha tenido diferentes impactos en las condiciones de las personas privadas de libertad” argumento Uriel Pineda Quinteros, que es nicaragüense abogado y tiene una Maestría en Derechos Humanos y en Nicaragua trabajo para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Entrevista
¿Como es el panorama carcelario nicaragüense?
En Nicaragua existe un régimen autoritario, un sistema dictatorial y eso ha tenido diferentes impactos en las condiciones de las personas privadas de libertad.
Tienes un régimen político autoritario y como tal intolerante a la crítica.
Bajo esa premisa desde 2009 las organizaciones de derechos humanos independientes no han podido supervisar los centros de reclusión y por tanto las condiciones de las personas privadas de libertad y el respeto a sus derechos humanos.
En esa misma época, el hacinamiento en Nicaragua llegó a números sin precedentes.
La razón es simple, la policía Nacional perdió con el paso del tiempo cualquier tipo de control jurídico, hoy el Ministerio Público está a cargo de dos ex policías y no existe independencia judicial.
Antes la policía realizaba la detenciones e investigaciones, armaba su expediente y de manera autónoma el Ministerio Público determinaba si había o no mérito del ejercicio de la acción penal, hoy las cosas en el país son diferentes, quien es detenido por la policía es procesado y hasta condenado, porque toda la institucionalidad está al servicio del régimen Ortega-Murillo.
Ya el Ministerio Público no ejerce un control legal sobre la policía, ya el sistema judicial no tiene por principal mandato el esclarecimiento de los hechos, lo que va engrosando el universo de personas privadas de libertad en el país.
El hacinamiento y la falta de institucionalidad, nos lleva otro tema de interés sobre el universo de personas privadas de libertad, las amnistías.
De manera histórica, se han concedido amnistías en el país, por razones humanitarias y al mismo tiempo impactando positivamente para evitar el hacinamiento.
Al respecto, desde hace poco menos de dos décadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha observado al Estado de Nicaragua la necesidad de crear un marco normativo para la delimitación de criterios objetivos para las personas que puedan obtener este beneficio, esa recomendación no ha sido atendida.
Otro aspecto que ha destacado respecto de los derechos de las personas privadas de libertad en Nicaragua es la asistencia consular.
La detención de ciudadanos extranjeros y negación del derecho a la asistencia consular ha sido una constante que además ha sido sensible por la denuncia de torturas y malos tratos, situación que incluso fue objeto de protesta por parte de la Cancillería Mexicana, quien cito a la entonces embajadora para pedir informaran de la situación.
En la misma lógica destacó en su momento el incumplimiento de las órdenes de libertad por parte del régimen Ortega-Murillo a personas privadas de libertad.
Esta situación atenta directamente contra la independencia de poderes del estado, pero justamente por la concentración de poder del régimen, la situación no trascendió, el mismo Poder Judicial guardó silencio al respecto.
Por último, el hecho que en los dos últimos años ha sido objeto de la atención sobre personas privadas de libertad es la existencia de presos políticos, es decir, personas que han sido apresadas por adversar políticamente al régimen y en su momento más álgido ese universo de personas privadas de libertad rondó 750, representando un 5% de la población penal del país.
Lo que se puede concluir de todo esto, es que no se puede hacer un balance real de las condiciones carcelarias y el respeto a los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, toda vez que el régimen Ortega-Murillo no permite la supervisión de los centros de reclusión.
Es importante tener presente que la falta de supervisión y por ende seguimiento a los abusos cometidos por los custodios, dan pie a nuevas violaciones además de la impunidad imperante al respecto.
Por otra parte, la alta concentración de poder del régimen ha incidido no solo en el hacinamiento, sino en otras violaciones a los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, tal y como se ha señalado.
