El comercio entre Guatemala y El Salvador está siendo severamente afectado por los bloqueos en la ruta CA2-Oriente, específicamente cerca de la aduana Pedro de Alvarado, en la región de Jutiapa. Esta medida de protesta fue iniciada por los pobladores de la zona que exigen la reparación de un tramo carretero crucial conocido como La Barrona, en Moyuta.
Desde el jueves pasado, la situación empeoró con el bloqueo del puente Bernal Díaz del Castillo, lo que interrumpió el paso de vehículos comerciales hacia la aduana. Según informes de medios guatemaltecos como Prensa Libre, más de 600 camiones se han quedado varados en la fila, extendiéndose a lo largo de 16 kilómetros en el lado guatemalteco y 6 kilómetros en el lado salvadoreño. Esta congestión ha generado una crisis logística en la región.
El impacto de los bloqueos ha sido significativo. Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), alertó sobre los efectos negativos que estos bloqueos tienen sobre la cadena de suministro. Las pérdidas millonarias afectarán no solo a las empresas de transporte, sino también a diversos sectores productivos que dependen del flujo constante de mercancías. La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) también advirtió que estas interrupciones deterioran la competitividad y la percepción del clima de negocios en el país.
Ante esta situación, el Gobierno de Guatemala ha anunciado que retomará los trabajos de reparación en el tramo carretero afectado y se coordina con las autoridades aduaneras de El Salvador para permitir el paso de vehículos comerciales en horario extendido. Además, la Intendencia de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha habilitado rutas alternas para los vehículos registrados para ingresar o salir del país.
Sin embargo, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) ha criticado fuertemente los bloqueos, ya que estas acciones afectan el tránsito de productos esenciales como alimentos, medicamentos y materias primas. La Cámara de Comercio de Guatemala, junto con la CIG, ha presentado una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para exigir el levantamiento de los bloqueos y evitar que la situación continúe afectando gravemente la economía regional.
Esta crisis de transporte y comercio resalta la urgente necesidad de soluciones a largo plazo para mejorar la infraestructura en la región y evitar futuros conflictos que perjudiquen a los sectores productivos de Centroamérica.
