En un movimiento que ha generado debate en el ámbito político y social, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, ha respaldado un plan que busca reducir los aranceles a las empresas que contratan mano de obra extranjera para labores agrícolas en Costa Rica. Este plan, que ha sido presentado como una medida para impulsar la actividad agrícola en el país, ha recibido apoyo tanto del Ministerio de Seguridad Pública como del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El anuncio fue realizado durante la comparecencia del ministro Zamora ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. En sus declaraciones, Zamora enfatizó en la importancia de esta propuesta para el sector agro y subrayó que los trabajadores extranjeros que ingresan al país no tienen intención de quedarse permanentemente, sino que vienen específicamente para participar en la recolección de cosechas, como las de caña, piña y melón, entre otros cultivos.
El plan en cuestión busca modificar la Ley General de Migración y Extranjería con el objetivo de reducir en al menos un 50% los aranceles migratorios para los trabajadores agrícolas extranjeros que sean contratados para periodos inferiores a seis meses. Actualmente, estos aranceles aumentan a $60 y cobran sobre los empleadores. Desde el gobierno central, se argumenta que la reducción de estos aranceles es fundamental debido a los altos costos operativos que enfrenta el sector agrícola.
El texto de la ley que respalda esta iniciativa subraya la necesidad de encontrar un equilibrio entre la creación de un ambiente favorable para los negocios y la integración adecuada de los trabajadores migrantes en la sociedad costarricense, preservando sus derechos sociales.
El ministro Zamora destacó que el flujo de migrantes bajo esta propuesta estaría controlado y con un propósito específico, por lo que no se prevén problemas relacionados con la entrada de individuos para actividades agrícolas.
«Reducir los aranceles permitirán la regularización de estas personas extranjeras. Tendrán un acceso y un estatus de trabajador», afirmó Zamora.
El ministro dijo que la naturaleza de esta migración no sería masiva, citando el ejemplo de los nicaragüenses que ingresan al país temporalmente para trabajar en la agricultura y regresan a su país de origen al finalizar la temporada.
El tema de la migración laboral en Costa Rica no es nuevo. Según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los migrantes representan aproximadamente el 12,4% del empleo total en el país.
Además, se destaca que un porcentaje significativo de los trabajadores migrantes se encuentran en empleo informal, una cifra que aumenta en el trabajo doméstico remunerado, llegando a un 74% de informalidad.
Esta propuesta ha desencadenado un debate en la sociedad costarricense, donde las opiniones están divididas entre quienes ven esta medida como una oportunidad para reactivar la economía agrícola y regularizar a los trabajadores extranjeros, y quienes expresan preocupación por el impacto potencial en los empleos locales y en las condiciones laborales de los migrantes.
En última instancia, la decisión de implementar este plan surgió de la aprobación legislativa y de la capacidad del gobierno para gestionar los posibles efectos tanto en la economía como en el ámbito social del país.
