En los últimos años, Costa Rica ha experimentado un incremento alarmante en los delitos informáticos. En 2024, el país registró un promedio de 27 casos diarios, duplicando la cifra del año anterior.
Este aumento ha generado preocupación tanto en las autoridades como en la ciudadanía.
Medidas Adoptadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)
La SUGEF ha tomado acciones para fortalecer la ciberseguridad en el sector financiero. En julio de 2024, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) aprobó el Acuerdo CONASSIF 5-24, que establece lineamientos para la gestión de la tecnología de la información y sus riesgos asociados. Este acuerdo busca mitigar las estafas electrónicas y reforzar la educación financiera de los usuarios. Su implementación es gradual, reconociendo la complejidad del marco normativo.
Adicionalmente, en mayo de 2024, se aprobaron modificaciones al Reglamento sobre la Transparencia ante el Usuario Financiero en la Prestación de Productos y Servicios (Acuerdo SUGEF 10-07). Estas modificaciones establecen requisitos y controles mínimos que las entidades financieras deben implementar para prevenir fraudes informáticos, con vigencia a partir del 1° de junio de 2025.
Desafíos Persistentes y Necesidad de Reformas
A pesar de estas iniciativas, las estadísticas reflejan un panorama preocupante. Entre 2019 y 2023, las estafas informáticas aumentaron en un 410.50%, pasando de 639 casos a 3,262.
Además, en el primer semestre de 2024, las estafas electrónicas ya superaron el total registrado durante todo el año anterior.
Estos datos sugieren que las medidas actuales, aunque relevantes, pueden no ser suficientes para abordar la magnitud del problema. Expertos y autoridades han señalado la necesidad de una mayor inversión en tecnología y recursos humanos especializados para enfrentar el crimen cibernético de manera efectiva. Asimismo, se ha propuesto la creación de una comisión interinstitucional para coordinar esfuerzos y desarrollar soluciones innovadoras que protejan tanto a la población como al sistema financiero.
Conclusión
La lucha contra los fraudes electrónicos en Costa Rica requiere un enfoque integral que combine regulaciones más estrictas, inversión en tecnología, capacitación especializada y una colaboración efectiva entre las autoridades y las entidades financieras. Aunque la SUGEF ha dado pasos importantes, es esencial evaluar y ajustar continuamente las estrategias para enfrentar los desafíos que plantea el entorno digital en constante evolución.
