Asociación para el Desarrollo Accesible sin Fronteras solicita ampliación de recurso de amparo por exclusión y falta de accesibilidad en debates electorales
San José, 25 de enero de 2026 – La Asociación para el Desarrollo Accesible sin Fronteras presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un documento de ampliación en el marco del recurso de amparo expediente N.° 26-001661-0007-CO, explicando los hechos recientes ocurridos durante un debate electoral en el cantón de Paraíso, así como cambios en la sede de un próximo debate en Turrialba.
Según la Asociación, el debate organizado el 24 de enero de 2026 por el Comité Cantonal de la Persona Joven de Paraíso no contó con la participación de dos candidatas debidamente inscritas para diputación por la provincia de Cartago: Daniela María Cerdas Ramírez, del partido Centro Democrático y Social (CDS), y Melissa de la Trinidad Montero Aguilar, del partido Aquí Costa Rica Manda. La omisión, calificada por la Asociación como una exclusión objetiva y verificable, habría afectado directamente los principios de igualdad de oportunidades, pluralismo político y equidad electoral, así como el derecho de la ciudadanía a recibir información política completa y diversa.
Además, se destacó que aunque la candidata Aura Marina Martínez Pérez sí fue invitada tras la interposición del recurso, el debate no contó con interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO) en tiempo real, incumpliendo lo dispuesto en la Ley N.° 9822. La Asociación explicó que si bien se proyectaron videos en LESCO elaborados por el Tribunal Supremo de Elecciones, estos únicamente informaban sobre el procedimiento de votación, sin transmitir el contenido de las intervenciones ni las propuestas de los participantes. Como consecuencia, las personas sordas presentes o siguiendo la transmisión en vivo quedaron excluidas del acceso al contenido sustantivo del debate y del derecho a información política.
La Asociación también informó un hecho nuevo vinculado al debate programado en Turrialba, que fue trasladado de sede, originalmente anunciada en un bien municipal, al Salón de Actos del Colegio Instituto de Educación Dr. Clodomiro Picado (IET), gestionado por la Cámara de Comercio, Turismo y Servicios de Turrialba. Este cambio, señala la Asociación, mantiene la obligación de garantizar principios constitucionales como accesibilidad universal, neutralidad institucional, igualdad, equidad electoral y no discriminación, independientemente de la naturaleza pública o privada del inmueble.
Por estas razones, la Asociación solicitó formalmente a la Sala Constitucional:
Tener por aclarados los hechos ocurridos en el debate de Paraíso.
Ampliar el recurso de amparo a favor de las candidatas Daniela María Cerdas Ramírez y Melissa de la Trinidad Montero Aguilar.
Incluir como parte recurrida al Colegio Instituto de Educación Dr. Clodomiro Picado y a la Cámara de Comercio, Turismo y Servicios de Turrialba.
Valorar estas nuevas circunstancias como hechos sobrevinientes que refuerzan la afectación real, concreta e inminente a los derechos fundamentales tutelados.
La petición se fundamenta en la normativa vigente, especialmente la Ley N.° 9822 sobre Lengua de Señas Costarricense, que obliga al Estado y a las instituciones públicas y privadas a garantizar interpretación en LESCO en espacios de deliberación pública, incluyendo debates electorales, con el fin de asegurar el acceso en igualdad de condiciones a la información y la participación política de las personas sordas. Asimismo, la Ley General de la Persona Joven (Ley N.° 8261) refuerza la obligación de garantizar accesibilidad y medidas inclusivas en espacios de deliberación para jóvenes, incluyendo aquellos con discapacidad.
La Asociación concluyó que la falta de interpretación en LESCO en debates públicos y electorales constituye una vulneración directa de derechos fundamentales, al impedir que personas jóvenes y sordas accedan de manera efectiva a la información y puedan formar criterios propios en los procesos democráticos.
