La Asamblea Legislativa de Costa Rica dio a conocer una serie de acciones, políticas y recursos institucionales orientados a garantizar la accesibilidad de las personas sordas y, en general, de la población con discapacidad en los servicios que brinda a la ciudadanía.
La información fue suministrada mediante el oficio AL-DDSO-OFI-0047-2026, en respuesta a una consulta periodística realizada por el Periódico Informativo JBS, donde se detallan avances importantes en materia de inclusión, aunque también deja ver los desafíos estructurales que aún enfrenta el sector público en esta área.
Políticas institucionales: base para la inclusión
La institución cuenta actualmente con dos políticas clave que orientan su accionar en materia de discapacidad. La primera es la Política sobre Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2021, que establece un marco político y administrativo para garantizar el respeto y promoción de los derechos de esta población.
La segunda es la Política Institucional para la Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2022, la cual busca asegurar el acceso al empleo inclusivo dentro del órgano legislativo, en concordancia con la Ley N.º 8862.
Ambas políticas representan un avance en la formalización de compromisos institucionales, alineados con la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos.
Cambios organizativos para una mejor atención
Uno de los cambios relevantes es la transformación del antiguo “Área de Discapacidad” en el actual Área de Accesibilidad e Inclusión para Personas con Discapacidad, aprobado en julio de 2024. Esta dependencia forma parte del Departamento de Desarrollo Sostenible y tiene un rol estratégico en la asesoría, promoción y fiscalización del cumplimiento de derechos dentro de la institución.
Intérpretes LESCO: avance significativo en comunicación accesible
En cuanto a la atención directa, la Asamblea Legislativa informó que cuenta con un servicio de interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO), contratado mediante un proceso público. Este servicio es brindado por un consorcio compuesto por seis profesionales certificadas y validadas por la comunidad sorda.
Este recurso permite la participación de personas sordas en actividades legislativas, sesiones y otros espacios institucionales, lo cual representa un paso importante hacia la inclusión efectiva.
Además, la institución ha desarrollado un programa permanente de formación en LESCO dirigido a su personal, el cual consta de seis niveles. Hasta la fecha, tres generaciones de funcionarios han sido capacitadas como asistentes en comunicación.
Programas de formación y participación ciudadana
Durante el año 2025, se implementó el proyecto “Programa de capacitación para personas sordas sobre el sistema político costarricense y la formación de la ley”, desarrollado con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.
Este programa fue calificado como exitoso por sus participantes y será replicado en 2026 con una mayor cobertura, lo que permitirá ampliar la participación de personas sordas en los procesos democráticos.
Capacitación institucional: un proceso en marcha desde 2015
Desde el año 2015, la Asamblea Legislativa impulsa el programa “Servicios Institucionales Accesibles para personas usuarias con discapacidad”. Este curso busca sensibilizar y capacitar al personal en la eliminación de barreras físicas, tecnológicas y actitudinales.
El programa se imparte dos veces al año y ha sido declarado de interés institucional, con el objetivo de alcanzar progresivamente a toda la población funcionaria.
Estrategias estructurales y cumplimiento normativo
El Área de Accesibilidad e Inclusión, creada originalmente en 2005, se mantiene como una dependencia permanente encargada de velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, la institución cuenta con la Comisión Especializada de Empleo y Discapacidad, la cual supervisa la aplicación de la normativa vigente en materia de inclusión laboral.
Retos y perspectivas
Si bien los avances señalados reflejan un compromiso institucional, especialistas coinciden en que la accesibilidad no debe limitarse a políticas o programas aislados, sino que debe integrarse de manera transversal en todas las decisiones y servicios públicos.
La disponibilidad de intérpretes, la capacitación del personal y la creación de espacios de participación son pasos positivos, pero el verdadero desafío radica en garantizar que estas medidas se mantengan, se amplíen y respondan efectivamente a las necesidades reales de la población sorda.
En un país donde la inclusión aún enfrenta barreras culturales y estructurales, iniciativas como estas representan avances importantes, pero también un recordatorio de que la igualdad de oportunidades requiere vigilancia constante, inversión sostenida y voluntad política.
Conclusión
La respuesta brindada por la Asamblea Legislativa evidencia un marco institucional en desarrollo que busca responder a las demandas históricas de accesibilidad. No obstante, el seguimiento ciudadano, el control político y la participación activa de las personas con discapacidad seguirán siendo claves para transformar estos esfuerzos en una inclusión plena y efectiva.
