Los legisladores de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos aprobaron el informe de mayoría negativo que presentó la subcomisión al expediente 22.362 que contiene modificaciones a la Ley para la Gestión Integral de Residuos y a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Sobre esta misma iniciativa se presentó una moción de fondo que contenía un texto sustitutivo, sin embargo, la misma fue rechazada. En la próxima sesión se conocerá por el fondo el proyecto.
Con relación al proyecto 22.530 Ley para la Protección al Sector Autobusero Nacional Ante la Crisis Sanitaria, Social y Económica provocada por el covid-19 se aprobó una moción para posponer, por este día, el conocimiento de las mociones 137 pendientes.
El expediente 22.714 Reforma del Artículo 23 de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas se aprobó una moción de consulta a la Cámara Costarricense de la Salud.
La empresa IN DRIVER deberá emitir su criterio en torno de la iniciativa 23.310 Ley del Servicio de Transporte Privado Colaborativo.
Sobre el proyecto 22.947 Ampliación de los Beneficios del Régimen de Tributación Simplificada para Apoyar a la Pequeña Empresa, deberán brindar su criterio la Contraloría General de la República, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, el Sistema de Banca para el Desarrollo y el Ministerio de Economía.
El expediente 23.348 que contiene una serie de modificaciones a la Constitución Política para el reconocimiento de los cuidados como un derecho constitucional, se envió a una subcomisión que deberá presentar un informe en el plazo de 30 días.
SOLIDARISTAS DESTACAN VALORAR SUS APORTES A LA SOCIEDAD*
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
José Alberto Briceño
Varios representantes del sector solidarista expusieron ampliamente ante la Comisión Permanente de Asuntos Sociales los aportes que a lo largo de los decenios han brindado a la sociedad costarricense y pidieron fortalecer el funcionamiento de estas agrupaciones según los contiene el Expediente 22.980, Ley de fortalecimiento de las Asociaciones Solidaristas.
Álvaro Villalobos Garro, Presidente Asociación Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría resaltó que desde el año 1993 se aprueba la reforma que define el marco regulatorios de las asociaciones para evitar interferencias y que la propuesta de ley tiene participación de la red de Asociaciones Solidaristas de las universidades estatales y sale de los estudios en la Universidad Nacional y los alcances del voto constitucional del 2010 en el que la Sala establece que cada una tiene naturaleza jurídica con legislación independiente.
Villalobos resaltó que el movimiento solidarista cubre el 28 por ciento de la población costarricense y maneja el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) por lo que se debe permitir la inversión en obras públicas, así como la expansión al resto de la economía costarricense con lo cual hay una gran tarea pendiente en términos de educación de los beneficios de este tipo de organizaciones.
El dirigente expuso que el expediente propone mantener los recursos invertidos una vez que el empleado se pensione y se permite la actuación de oficio ante situaciones de manejo irregular de los recursos del Ministerio de Trabajo al tiempo que también se propone baja de 12 a 5 los requisitos de cantidad mínima de trabajadores para formar una asociación. Actualmente hay 1446 asociaciones solidaristas y según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hay 71581 empresas registrada, por lo cual debe señalarse que sólo el 2 por ciento tienen asociación solidarista como parte de su organización.
La propuesta de ley además les daría un asiento fijo a representantes patronales para velar por las inversiones y se busca autorizar que menores de edad de 15 años se les permita la integración en caso de presentarse una situación así.
Adrián Zamora, de la Asociación Solidarista de la Universidad Nacional comentó que plantearon la mención de que las asociaciones solidaristas no son actividades financieras razón por la cual no tiene sentido la supervisión de entidades financieras. Si se logra representación patronal muchas de las situaciones presentadas se podrían corregir.
Las diputadas Johanna Obando Bonilla y Luz Mary Alpízar Loaiza plantearon diversas inquietudes sobre la designación de utilidad pública y sobre el tema de los organismos fiscalizadores, así como el tema de los patronos que tendrían voz, pero no voto.
La Comisión aprobó una moción de la diputada Johanna Obando Bonilla que propuso llamar al Superintendente de la SUGEF y al presidente del Banco Central para escuchar la posición en este proyecto de ley. Se propuso consultar este expediente con la Superintendencia General de Entidades Financieras.
