George Rodríguez/Foto-Medios
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) expresó “repudio y condena” respecto a la reciente detención, por parte de efectivos del Ejército de Nicaragua, de dos ciudadanos nicaragüenses quienes regresabas a su país de origen tras haber permanecido algunos meses en Costa Rica, donde solicitaron refugio.
Se trata de Hader Humberto “Comandante Cero” González Zeledón y Cristian David “El Chino” Meneses Machado, quienes fueron detenidos, en territorio nicaragüense tras haber cruzado desde territorio costarricense, la frontera binacional terrestre de 309 kilómetros, de acuerdo con l indicado por la Anpdh, en un comunicado leído, en conferencia de prensa, el 18 de agosto, por su secretario ejecutivo, el abogado Álvaro Leiva.
González y Meneses fueron detenidos el 15 de este mes, según lo indicado en el texto de 10 párrafos, dado a conocer, por el activista de derechos humanos, en la sede de la Anpdh en San José, donde la entidad opera, desde 2018, en el exilio.
La asociación expresó “repudio y condena a estas nuevas detenciones ilegales de ciudadanos nicaragüenses que regresan a su país, por el delito de ser opositores al actual régimen dictatorial de Nicaragua”.
“La captura de ambos jóvenes nicaragüenses se produjo entre la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, en el momento que estos trataban de ingresar a territorio nicaragüense procedentes de Costa Rica, país en el que habían solicitado refugio político meses atrás”, agregó.
“Hasta la fecha, el Ejército de Nicaragua no ha dado a conocer el paradero de ambos jóvenes detenidos, cosa que tampoco ha hecho la sancionada Policía al servicio del régimen Ortega Murillo del Estado de Nicaragua”, precisó, en alusión al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Los dos detenidos “han pasado a engrosar la lista de más de 100 presos políticos que el régimen Ortega Murillo mantiene injustamente en diferentes cárceles del país, violando sus más elementales derechos humanos según denuncia de los familiares de los prisioneros”, puntualizó además.
“Uno de los casos más destacados de estas graves violaciones a los derechos humanos, se sigue cometiendo contra el reo político Edward Enrique Lacayo Rodríguez (alias La Loba), contra quien el régimen Ortega Murillo se ha ensañado aplicándole las prácticas más crueles de torturas”, denunció, a continuación.
“Familiares de Edward Enrique han denunciado que su vida corre peligro inminente, por lo que, una vez más, demandamos al régimen que lo ponga en libertad de manera inmediata”, agregó.
La Anpdh expresó, asimismo, que “exige la libertad inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua, quienes además de padecer la privación de su libertad y condiciones carcelarias inhumanas, ahora están expuestos al contagio del nuevo coronavirus o COVID-19, ante la indiferencia del régimen para brindarles condiciones sanitarias adecuadas”.
La asociación hizo así referencia a la pandemia mundial de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19) -que golpea, también, a Nicaragua-.
Igualmente, reiteró el llamado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, lo mismo nicaragüenses que internacionales a presionar al gobierno de Ortega, en procura de la pronta liberación de las personas encarceladas por razones políticas.
“Además, solicitamos a los organismos nacionales e internacionales que promueven y tutelan los derechos humanos, ejercer más presión ante el régimen Ortega Murillo del Estado de Nicaragua, para que todos los reos políticos sean puestos en libertad de manera inmediata”, planteó.
La Anpdh indicó, asimismo, que, una vez derribado el régimen orteguista, se constituya un nuevo sistema judicial, una de cuyas tareas clave debe ser la revisión de los viciados procesos penales por los que centenares de opositores han pasado por prisiones en Nicaragua.
“El nuevo sistema de Justicia que debe imperar en Nicaragua tras la caída de esta oprobiosa dictadura, deberá realizar un examen exhaustivo de la larga lista de juicios penales, que en la práctica se han constituido en verdaderos linchamientos jurídicos, por motivos políticos, implementados contra ciudadanos honorables que se han atrevido a cuestionar y protestar cívicamente contra el régimen dictatorial encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo”, recomendó.
En declaraciones posteriores a la lectura del comunicado, Leiva denunció que las constantes violaciones a los derechos humanos que registra Nicaragua, desde que estalló, en abril de 2018, la violenta crisis sociopolítica -ahora, también sanitaria-, están en el origen del masivo fenómeno migratorio, con decenas de miles de personas huyendo del país, principalmente, por tierra, hacia la vecina Costa Rica.
Al país fronterizo centroamericano han llegado, desde entonces, aproximadamente 100 mil nicaragüenses, en procura de refugio.
Leiva se encuentra asilado, desde 2018, en Costa Rica.
“En Nicaragua existe una crisis permanente, profunda, de violaciones a los derechos humanos, con consecuencias que se mantienen de manera permanente, que activa uno de los flagelos sociales, que es el tema de la migración”, expresó el activista de derechos humanos.
“Y, en ese sentido, el tema del asedio, persecución, detención, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, inclusive ciudadanos desaparecidos por grupos paramilitares afines a la ideología partidaria del régimen Ortega-Murillo, es permanente”, subrayó, en la conferencia de prensa difundida, en vivo, por la red social Facebook.
“De tal forma que, en Nicaragua, no hay una normalidad que garantice, para los nicaragüenses, la paz social que tanto añora el mismo pueblo”, agregó el jurista nicaragüense especializado en derechos humanos.
“En ese sentido, nosotros estamos mirando que la conducta del régimen Ortega-Murillo es una conducta de una falta de voluntad política de mejorar la radiografía de respeto hacia los derechos humanos de los nicaragüenses”, agregó.
“Y, esto, lo estamos mirando en situaciones de persecución, represalias, en situaciones de asedio contra ex presos políticos, contra ciudadanos que han venido, de manera permanente, manifestándose sobre el tema del respeto a sus derechos constitucionales y a sus derechos humanos”, precisó.
Leiva subrayó que esa situación de inseguridad se ha intensificado con la liberación de delincuentes comunes, cuyas condenas a prisión quedan sin efecto, a cambio de que se incorporen a la Policía Nacional o a los grupos paramilitares que operan, ilegalmente, en apoyo a esa fuerza de seguridad.
“Definitivamente, hoy, con esas liberaciones que se han hecho, de manera ilegal, de parte del sistema penitenciario (…) hemos llegado a la inseguridad ciudadana, que está golpeando, de manera permanente”, siguió denunciando.
“Todos los grupos paramilitares -o parapoliciales, como se les ha venido denominando- (…) fueron armados por el ejército del régimen, la policía, y el mismo gobierno”, puntualizó.
“Todos los grupos paramilitares -o parapoliciales, como se les ha venido denominando- (…) fueron armados por el ejército del régimen, la policía, y el mismo gobierno”,
Se trata de grupos “que están promoviendo actos delincuenciales, en la comisión de delitos en contra de ciudadanos, y en contra de personas que son hostiles para el régimen Ortega-Murillo”, explicó Leiva.
“Es decir, esto es lo que ha provocado el régimen Ortega-Murillo: inseguridad ciudadana, al haber liberado una gran cantidad de delincuentes que estaban en el sistema penitenciario, cumpliendo sus penas, y que, definitivamente, por tener una afinidad ideológica, para ser encubridores, o actores de sus actos delincuenciales del régimen, fueron puestos en libertad, y (…) están golpeando la seguridad ciudadana de todos los ciudadanos”, subrayó además.
Las detenciones, por parte lo mismo del ejército que de la policía, son, invariablemente, ilegales, aseguró el dirigente de la Anpdh.
Se trata de “capturas que ha efectuado el mismo ejército, ilegalmente, al igual que la policía del régimen Ortega-Murillo”, y, “todos, han sido actos en el marco de la ilegalidad, es decir, fuera del marco de la ley”, explicó el experto.
Ello significa que “el régimen Ortega-Murillo no cumple, ni el Código Procesal Penal, ni la Constitución Política, ni ninguna ley”, por lo que “es un Estado vacío, totalmente, de cumplimiento de la ley, y (está) fuera del marco y del orden de la ley”, dijo.
“En Nicaragua, no existe (…) institucionalidad”, ya que “el tema del respeto a la Constitución y a las leyes, es una utopía, en Nicaragua”, reflexionó Leiva.
El activista aseguró, en ese sentido, que “tenemos un régimen de facto, un régimen que es ‘por mis pistolas’, que está mandando, en contra de la voluntad, en contra de la ley, y en contra de la Constitución Política de los Nicaragüenses”.
Nicaragua es escenario, desde el 18 de abril de 2018, de una violenta crisis sociopolítica en cuyo marco sectores de la sociedad civil, y ciudadanos a nivel individual -aunque masivamente-, exigen la renuncia de la pareja gobernante, demanda que ha recibido, desde entonces, constante represión policial y paramilitar.
Según los más actualizados datos de la Anpdh, la violencia antiopositora ha cobrado por lo menos 728 vidas, generado unos 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
La situación se ha agravado, desde marzo de este año, a causa de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, emergencia sanitaria ante la cual el gobierno orteguista ha sido básicamente omiso en canto a implementar medidas para tratar de evitar la propagación de la enfermedad.
