La paz, en Nicaragua, depende de la capacidad de voluntad política que demuestre la
comunidad internacional, advirtió la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos
(Anpdh).
Se trata de la última oportunidad de solución pacífica a la violenta crisis sociopolítica y de
libertad que golpea, desde abril de 2018, al país centroamericano, según lo indicado por la
Anpdh, en un comunicado leído, en redes sociales, por su secretario ejecutivo, Álvaro
Leiva, abogado y defensor de los derechos humanos.
El régimen dictatorial nicaragüense, encabezado por el presidente Daniel Ortega y su
esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, al mantenerse en el poder sobre la base de brutal
represión y masificada corrupción, cerró, para los nicaragüenses, toda posibilidad de
ejercicio pleno de libertad, agregó la organización -que trabaja, hace algo más de tres años, en el exilio, en Costa Rica-.
Ello deja abierto el legítimo camino de la rebelión, advirtió la asociación, en el texto de 11
páginas, dado a conocer simultáneamente con el desarrollo de los cuestionados comicios
realizados el 7 de noviembre, en Nicaragua, pronunciamiento que tituló “Posición de la
ANPDH sobre el proceso del fraude electoral organizado y ejecutado por el régimen
Ortega-Murillo”.
La rebelión es un recurso reconocido en históricos documentos, entre los que figura la
Declaración Universal de Derechos Humanos, indicó, en referencia al pronunciamiento
mundial aprobado, el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en sesión llevada a cabo en París.
En el marco de la dramática situación nicaragüense, “desde nuestro punto de vista, la últimaoportunidad para la paz, radica en la voluntad política de la comunidad internacional,
traducida en acciones contundentes, concretas y específicas contra la tiranía Ortega-Murillo
y contra sus cómplices internos y externos”, planteó la asociación.
Además, describió al mandatario como un “delincuente, obsesionado con acumular
riquezas mal habidas y perpetuarse en el poder para garantizarse impunidad, arrasando con quien se atreva a oponerse a sus demenciales objetivos”.
La Anpdh hizo, así, alusión a los presos políticos de la dictadura ortegamurillista,
específicamente a los siete precandidatos presidenciales, además de otros dirigentes
políticos, líderes empresariales, defensores de derechos humanos, a quienes ha encarcelado a raíz de la ofensiva policial/paramilitar lanzada al inicio de julio de este año.
“A pesar de tan horrenda trayectoria, algunos sectores políticos, económicos y sociales,
dentro y fuera del país, albergaron la justa esperanza de que Ortega haría, de las elecciones 2021, una alternativa cívica y pacífica para salir de la grave crisis política, social y humanitaria que ha provocado”, expresó la organización.
“Pero hizo todo lo contrario, cerrando la última oportunidad para la paz en Nicaragua”, denunció, a continuación.
Al respecto, la entidad defensora de los derechos humanos planteó que, “a lo largo de la
historia reciente, el derecho a la rebelión frente a la tiranía quedó consignado en diferentes
documentos de gran relevancia, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
En apoyo a ese señalamiento, citó un considerando del documento, en el cual se establece
que resulta “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión”.
También reprodujo un pasaje de la Declaración de los Derechos del Hombre y el
Ciudadano -uno de los documentos fundamentales de la Revolución francesa
(1789-1799)-: “cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el
pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más
indispensable de sus deberes”.
“La ANPDH siempre ha sido partidaria de la solución pacífica a cualquier conflicto”,
aclaró la asociación, en el texto leído por Leiva, quien reside, desde 2018, en Costa Rica en
condición de asilado político.
Por lo tanto, “es nuestra obligación hacer pública, hoy, la gran preocupación que durante
los últimos días hemos venido compartiendo con representantes diplomáticos de diferentes
países acreditados en Costa Rica, algunos de ellos concurrentes en Nicaragua, acerca del
posible incremento de acciones armadas en contra del régimen dictatorial, como única
opción viable del pueblo nicaragüense para liberarse de la tiranía que lo oprime”, relató.
“Lo haría en ejercicio del derecho humano de la rebelión, frente a un régimen oprobioso
que ha conculcado todas las libertades y, por ende, ha cerrado la posibilidad del ejercicio
irrestricto de las libertades y de los derechos civiles y políticos, que son inherentes a la
condición del ser humano en un estado de Derecho pleno”, explicó.
Al cerrar todo espacio para el disenso, “una estrategia de los Estados dictatoriales para
desmontar la protesta o el activismo social, es la criminalización de la misma”, planteó la
asociación, en referencia a las dictaduras militares que sojuzgaron, durante el siglo pasado, a la mayoría de los países latinoamericanos.
“Logran esto, mediante la modificación y el uso de las leyes para detener y condenar, con altas penas, a los activistas sociales”, indicó, a continuación.
“Igualmente, al imponer otras medidas fuera de la ley, tales como la delación, el
hostigamiento, la persecución, el encarcelamiento, la tortura e incluso el asesinato”,
continuó contextualizando.
“Esto es lo que ha venido haciendo, hasta hoy, el régimen criminal de los Ortega Murillo”,explicó.
En relación con los cómplices -lo mismo nicaragüenses que internacionales- de la
dictadura, la Anpdh advirtió que “ya se alistan para ser parte de un supuesto ‘diálogo’,
(mecanismo) que Ortega ha utilizado muchas veces para continuar en el poder repartiendo
privilegios, prebendas, cuotas de poder, liberando rehenes a capricho, engañando a la
comunidad internacional”.
Por esa razón, desarrollar conversaciones con la dictadura resulta inaceptable, de acuerdo
con lo planteado por la entidad.
“Es imposible sentarse a dialogar con un régimen criminal, que ha cometido delitos de Lesa
Humanidad desde la década de los 80´s y que siguió cometiéndolos durante las acciones
represivas contra las protestas de 2018, según consta en el informe (de ese año) del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”, de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
El régimen expulsó, en diciembre de 2018, de Nicaragua, al GIEI y a la CIDH.
La Anpdh fijó drástica posición, también sobre este punto, al plantear que, “desde ya,
condenamos y rechazamos cualquier acción de supuesto diálogo convocada por el régimen
Ortega-Murillo y avalada por cómplices con intereses particulares”.
La agrupación defensora de los derechos humanos informó, asimismo, que está
promoviendo el sometimiento, de la pareja gobernante -al igual que de sus colaboradores-,
a juicio.
Es una acción antidictatorial “que la ANPDH ha venido argumentando y defendiendo, de
manera vehemente, desde hace más de dos años”, de acuerdo con lo expresado en el
pronunciamiento.
Álvaro Leiva/Foto-George Rodríguez
Se trata del “acceso a la ‘justicia universal’, para el juzgamiento y castigo de los crímenes en contra del pueblo nicaragüense por parte de la dictadura y sus cómplices”, precisó. “Este no es un objetivo antojadizo”, ya que “hemos venido trabajando en ello, de manera ardua, constante, y con el asesoramiento discreto de destacadas personalidades del mundo del Derecho Internacional y de defensores de derechos humanos de renombre mundial”, indicó.
En esa dirección, “la ANPDH ha encontrado grandes coincidencias, al consultar con
profesionales del Derecho Internacional y con diplomáticos acreditados ante diferentes
organismos -regionales y mundiales-, en el sentido de que el principio de ‘no intervención
en los asuntos de otros Estados’ jamás puede prevalecer sobre el principio jurídico que, a
nivel mundial, tutela y defiende la vida humana, como derecho fundamental”.
Leiva leyó -en redes sociales- el pronunciamiento, al promediar, en Nicaragua, la jornada
electoral.
Con el triunfo -previsto desde antes de iniciarse el proceso electoral- de la fórmula
presidencial oficialista, constituida por la pareja gobernante, Ortega acumularía 31 años en
el poder, distribuidos en dos momentos gubernamentales.
Al contabilizar sus décadas en el poder, hay que tener en cuenta que Ortega empezó en
calidad coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) -instalada
cuando cayó la dictadura somocista-, cargo que desempeñó desde 1979 hasta 1985.
A continuación, su primer mandato presidencial -como resultado de las primeras elecciones
sin somocismo- se extendió de 1985 a 1990.
Durante el momento de gobierno revolucionario, Ortega sumó 11 años.
Luego de tres derrotas electorales seguidas -1990, 1996, 2001-, logró ganar la votación de
2006.
A partir de ahí, y fruto de una irregular reforma constitucional, ha estado tres quinquenios
consecutivos en la presidencia (2007-2012, 2012-2017, 2017-2022) -el primero, por
elección, los otros dos, por reelección-.
En su momento de regreso al poder, ha acumulado 15 años, para un total global -de
momento- de 26 años.
Ahora, con la tercera turbia ratificación, se apunta a cumplir su cuarto período
presidenciales en cadena -para reunir el gran total de 31 años gobernando-.
Se trata de la última oportunidad de solución pacífica a la violenta crisis sociopolítica y de
