La Dra. Joicy Solís, directora del Hospital Fernando Escalante Pradilla, ha respondido a consultas sobre el cumplimiento del artículo 13 de la Ley 7600. Esta ley, que promueve la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en Costa Rica, establece que las instituciones deben consultar a las organizaciones de personas con discapacidad al planificar y evaluar servicios. No obstante, la Dra. Solís aclara que el hospital, al ser una unidad de atención de salud de segundo nivel, no está encargado de planificar ni evaluar acciones exclusivamente dirigidas a la discapacidad.
Cumplimiento de la Ley 7600 en el Hospital
El enfoque del hospital, según la Dra. Solís, se limita a cumplir con las disposiciones de accesibilidad que establece la Ley 7600. Aunque no están obligados a realizar consultas amplias con organizaciones de personas con discapacidad, en servicios como fisiatría y rehabilitación sí se abordan necesidades relacionadas con la discapacidad. Las planificaciones que realizan en estas áreas se centran en atender la demanda de servicios médicos y no en el desarrollo de políticas integrales sobre discapacidad.
Además, en proyectos de infraestructura y servicios, el hospital garantiza que se cumplan los requisitos de accesibilidad, tal como establece la ley. Un ejemplo de esto es la implementación de mejoras en emergencias para personas con discapacidades auditivas, como la designación de un consultorio exclusivo y la utilización de alertas visuales para facilitar la atención.
Recomendaciones y Retos
En cuanto a la integración de recomendaciones de organizaciones, la Dra. Solís menciona que, aunque no están obligados a consultar de manera proactiva, valoran cualquier aporte recibido. Un caso exitoso fue la solicitud de un consultorio especial para personas con discapacidades auditivas, que el hospital implementó con el objetivo de mejorar la atención y facilitar la comunicación.
Sin embargo, Solís recalca que la aplicación del artículo 13 de la Ley 7600 está más orientada a instituciones como el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), el Ministerio de Salud o la Defensoría de los Habitantes, que tienen un rol directo en la planificación de políticas para personas con discapacidad.
Colaboración con Organizaciones Pro-Salud
El hospital trabaja con organizaciones Pro-Salud que cumplen con los requisitos legales, como estar inscritas en el Registro Nacional y al día con sus obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La Dra. Solís señala que estas organizaciones a veces brindan recomendaciones que son evaluadas y, cuando corresponde, implementadas.
Un ejemplo es la adaptación de servicios en emergencias, donde se implementaron mejoras a partir de recomendaciones para pacientes con discapacidades auditivas. Estas medidas, aunque aisladas, contribuyen a mejorar la accesibilidad y la calidad de la atención, pero no forman parte de un enfoque sistemático de consulta con organizaciones de personas con discapacidad.
Conclusión
La Dra. Joicy Solís destaca los esfuerzos del Hospital Fernando Escalante Pradilla para cumplir con la Ley 7600 en el contexto de sus competencias. Aunque el hospital no tiene la responsabilidad directa de planificar servicios específicos para personas con discapacidad, se asegura de que sus instalaciones sean accesibles y responde a recomendaciones cuando es necesario. La colaboración con organizaciones de personas con discapacidad, aunque no es obligatoria, se da en casos puntuales, y el hospital está dispuesto a implementar mejoras que beneficien a esta población.
Este enfoque pone en evidencia los desafíos de cumplir plenamente con las expectativas de la Ley 7600 en una unidad de atención de salud de segundo nivel, y subraya la necesidad de una colaboración más estrecha con instituciones responsables de la planificación y ejecución de políticas de discapacidad a nivel nacional.
