George Rodríguez/Foto-Medios
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son conscientes de que, en elecciones libres, no tienen posibilidad de victoria, razón por la cual el mandatario ha impulsado legislación que le garantice el triunfo en la votación presidencial de este año, denunció el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), el abogado Álvaro Leiva.
Ortega quiere, de ese modo, evitar lo ocurrido el 25 de febrero de 1990, cuando, en el desempeño de la presidencia, sufrió la primera de tres derrotas electorales, indicó Leiva, en un extenso mensaje en el cual, además, analizó la situación del país centroamericano en el marco de la violenta crisis sociopolítica estallada en 2018.
El dramático panorama nicaragüense se agudizó, el año pasado, por la afectación a causa de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, que, causante de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Desease 2019, Covid-19), también golpea, desde marzo, a Nicaragua, señaló el activista, al leer la declaración, en nombre de la Anpdh.
Las circunstancias empeoraron aún más, a causa de la afectación de los huracanes Eta e Iota, que, en el lapso desde el 31 de octubre hasta el 16 de noviembre, sucesivamente golpearon a Centroamérica, en particular a Honduras y a Nicaragua, precisó.
“Ortega y Murillo saben perfectamente que, en unas elecciones realmente libres, bajo observación nacional e internacional confiable para todos los participantes en los comicios y con todas las garantías de participación ciudadana, jamás obtendrían un resultado favorable”, reflexionó.
Al respecto, formuló una referencia histórica, al indicar que “Ortega cometió un error de cálculo en 1990, error que nunca más estará dispuesto a cometer”.
Ese año, en desempeño de la presidencia en el marco del primer gobierno (1979-1990) del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Ortega, postulado por esa agrupación política, sufrió su primera derrota electoral, frente a Violeta Chamorro, candidata por la derechista Unión Nacional Opositora (UNO).
También perdió, siempre como candidato presidencial por el FSLN, las siguientes dos votaciones -1996, 2001-, pero volvió a triunfar en 2006, lo mismo que en 2011 y 2016, para obtener, en cuestionados procesos electorales, la reelección.
De ese modo, además del período como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) -1979 a 1985-, Ortega acumula, hasta ahora, cuatro mandatos presidenciales quinquenales (1985-1990, 2007-2012, 2012-2017, y el actual,
2017-2022), con aspiración a la cuarta reelección consecutiva, en la votación de noviembre de este año.
El autoritario gobernante ha acumulado, así, algo más de cuatro décadas en el poder, tiempo similar al que permaneció en el poder la dictadura somocista, derrocada, en 1979, por la guerrilla del FSLN -ahora, partido nuevamente gobernante-.
Leiva aseguró que para evitar, este año, la derrota electoral, el mandatario está, ilegalmente, tomando medidas que le garanticen la continuidad en el poder -con lo que contabilizaría cinco ininterrumpidos períodos presidenciales-.
Ello, mediante una serie de leyes, aprobadas en el último trimestre del año pasado, puntualizó.
“Nuevamente Ortega quiere elecciones a su medida en 2021”, planteó el activista de derechos humanos.
En tal contexto, entre otras acciones, “ordenó sesión extraordinaria del (Poder) Legislativo a su servicio”, llevada a cabo el 21 de diciembre, “para aprobar ley que inhibirá postulación de candidatos ajenos a su control”, de modo que “sigue cerrando el cerco y alejando soluciones democráticas”, señaló.
En esa sesión, la Asamblea Nacional -parlamento unicameral, controlado por el FSLN- fue aprobada la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.
En el primero de sus dos artículos -redactado en una sola, y por demás extensa, oración- determina quiénes son los nicaragüenses “que no podrán optar a cargos de elección popular”.
Para implementar la prohibición, a esas personas puede aplicarse “las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los ‘Actos de Traición’, los ‘Delitos que comprometen la Paz’ y los ‘Delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua’”, según la disposición.
La amplia lista de vetados, incluye a “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares”.
Asimismo, margina a quienes “se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, así como a las personas “que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico”.
Según la arbitraria ley de eufemístico nombre, todos ellos, “serán ‘Traidores a la Patria’”.
Previamente, la mayoritaria máquina legislativa oficialista aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y la reforma al artículo 37 de la Constitución.
En referencia a esos nuevos y cuestionados instrumentos legales, Leiva denunció que la legislación sobre ciberdelitos apunta a “controlar las redes sociales”, y agregó que se trata de “una medida bautizada por la prensa local como ‘ley mordaza’ o ‘bozal’, porque es una nueva forma de censura”.
En cuanto al texto sobre agentes extranjeros, precisó que “permite que el gobierno de Ortega controle las actividades de cualquier persona que reciba fondos o apoyo del exterior, incluidas organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes”.
Respecto a la reforma constitucional, expresó que “establece cadena perpetua para castigar los delitos de odio, a discreción de los operadores judiciales del régimen”.
Esas leyes, contienen “numerosas disposiciones de contenido excesivamente amplias que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y podrían ser usadas fácilmente para perseguir a críticos y medios de comunicación”, continuó denunciando.
Al respecto, mencionó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -adoptado el 16 de diciembre de 1966, por la -Asamblea General de las Naciones Unidas-, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos -aprobada en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969, en San José, la capital de Costa Rica-.
Leiva subrayó que el pacto y la convención fueron ratificados por Nicaragua, y agregó que “establecen que las leyes solamente pueden limitar los derechos a la libertad de expresión y libertad de asociación cuando ello resulte necesario y proporcional para conseguir un fin legítimo, como la protección de la seguridad nacional o los derechos de terceros”.
Al contextualizar las críticas situaciones registradas en 2020, Leiva expresó que “ha sido un año muy difícil para todos, por no decir trágico para toda la humanidad, estremecida por las graves secuelas de la pandemia del COVID-19 en el aspecto humano, social y económico”.
La crisis sanitaria, “en Nicaragua adquirió características de genocidio ante la indiferencia del régimen Ortega Murillo, que le dio la ‘bienvenida’ al coronavirus organizando y promoviendo concentraciones masivas sin ningún tipo de protección para la población”, enfatizó.
“Pero además de la pandemia y los fenómenos naturales, durante 2020 los nicaragüenses han tenido que sufrir una intensa escalada represiva del régimen Ortega Murillo”, precisó.
Esto se implementó con “acciones encaminadas a sembrar el terror y a cerrar, aún más, los escasos espacios de participación de las organizaciones políticas democráticas, de la prensa independiente, de los organismos de la sociedad civil, promotores y defensores de los derechos humanos y hasta de la misma Iglesia Católica, cuya valiente voz contra las injusticias ha intentado ser silenciada por el régimen dictatorial”, expresó.
En tal sentido, también denunció, entre otros actos violatorios de los derechos humanos, acciones de represión militar y paramilitar contra campesinos -con saldo de víctimas fatales-, ocupación ilegal de tierras pertenecientes a comunidades indígenas, ataques a templos católicos -incluida la Catedral Metropolitana de Managua, la capital nacional- y contra sacerdotes.
Igualmente, se refirió a la crítica situación de los presos políticos, la que calificó de inhumana.
“La ANPDH realiza una labor de denuncia a nivel internacional para que se respeten los derechos humanos y la vida de los reos políticos, de sus familiares y de sus abogados defensores, quienes también son víctimas del acoso de los fanáticos del régimen y del mismo sistema judicial”, informó.
“La situación de los más de 100 presos políticos en Nicaragua sigue siendo un tema apremiante, debido a las inhumanas condiciones carcelarias en que son mantenidos por el régimen Ortega Murillo, que se ha ensañado, principalmente, contra aquellos ciudadanos que participaron en las protestas de abril de 2018 y acciones posteriores”, explicó.
“Igual que lo hizo a finales del año 2019, el régimen Ortega Murillo pretende engañar a la comunidad internacional dejando en libertad a una gran cantidad de delincuentes comunes y a unos pocos prisioneros políticos, mientras diariamente acosa, hostiga y encarcela a más ciudadanos honestos que se oponen al régimen dictatorial”, continuó denunciando.
Nicaragua es escenario, desde el 18 de abril de 2018, de la violenta crisis sociopolítica en cuyo marco masivos sectores de la sociedad civil, y ciudadanos a nivel individual -aunque en altos números-, exigen la renuncia de Ortega y de Murillo, demanda que ha recibido, desde entonces, constante represión policial y paramilitar -ahora, más selectiva que masiva-.
Según los más actualizados datos de la Anpdh, la violencia anti opositora ha cobrado por lo menos 728 vidas, generado unos 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
La asociación estima que, como resultado de esa dramática realidad, más de 100 mil ciudadanos nicaragüenses han optado por desplazarse, en procura de protección, a la limítrofe Costa Rica.
La crítica situación se ha agravado, desde marzo de este año, a causa de la emergencia sanitaria causada por la pandemia, ante la cual el gobierno orteguita ha sido básicamente omiso en cuanto a implementar medidas para tratar de evitar la el contagio masivo-precauciones que son, en términos generales, adoptadas por las personas, a nivel individual-.
