Con la colaboración de Lorraine María Vargas Barrantes
El agua brota escasa entre los surcos agrietados de Santa Cruz, Carrillo y Nicoya. Los pozos bajan, las sequías se alargan, y los pobladores se preguntan, cada vez con más angustia: ¿qué pasó con nuestra agua?
En las últimas dos décadas, Guanacaste ha sido el laboratorio donde se ensaya el modelo extractivista costarricense: turismo de lujo, monocultivos para exportación, urbanización sin regulación y concesiones hídricas otorgadas con ligereza. Mientras, los pueblos caminan kilómetros para conseguir agua potable.
Entre piscinas y picheles vacíos
En las comunidades costeras de Playa Panamá y Playa Hermosa, los hoteles cinco estrellas garantizan agua para sus piscinas, campos de golf y spa. A menos de cinco kilómetros, en sectores como El Coco o Sardinal, hay días enteros en que las familias no tienen ni para cocinar. La paradoja es tan brutal como evidente: el agua fluye para el negocio, pero se seca para la vida.
“Uno se siente como un estorbo para el desarrollo”, dice doña Isabel, vecina de Sardinal, quien participa en el comité comunitario que durante años ha denunciado la sobreexplotación de los acuíferos. “Ellos quieren vender Costa Rica como paraíso turístico, pero lo que nos queda a nosotros es tierra seca y facturas que suben cada mes”.
La legalidad al servicio de la desigualdad
El problema no es solo ambiental: es estructural. El marco legal costarricense permite la concesión de grandes volúmenes de agua a empresas privadas, muchas veces sin consultar a las comunidades. El SENARA ha sido duramente criticado por priorizar intereses corporativos, mientras el AyA enfrenta limitaciones para ampliar redes públicas de abastecimiento en zonas rurales.
Organizaciones como el Frente Nacional de Comunidades en Defensa del Agua han insistido en la urgencia de una reforma profunda a la Ley de Aguas, congelada en la Asamblea Legislativa desde hace más de una década. «No puede ser que el agua sea tratada como un bien económico antes que como un derecho humano», denuncian.
Cambio climático: la otra cara de la crisis
La crisis hídrica no puede desligarse del cambio climático. Guanacaste ha sido una de las regiones más impactadas por el incremento de temperaturas y la reducción de lluvias. Sin embargo, lejos de adoptar un modelo de desarrollo resiliente y sostenible, se siguen impulsando megaproyectos que dependen intensamente del agua.
El Programa de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), promovido como la solución estatal al problema, ha despertado preocupaciones legítimas por parte de campesinos y pobladores que temen ser los últimos en la fila cuando llegue el reparto.
¿Quién decide sobre el agua?
En el fondo, la disputa por el agua en Guanacaste es también una disputa por la soberanía. ¿Quién decide qué se hace con los recursos naturales? ¿Quién define el modelo de desarrollo? ¿Y a quién se escucha?
Mientras las comunidades organizadas piden participación, transparencia y justicia hídrica, las decisiones se toman en oficinas con aire acondicionado y mapas satelitales que no conocen la sed.
Revertir el modelo, sembrar futuro
No hay soluciones mágicas, pero sí rutas posibles: declarar el agua bien público no privatizable, fortalecer el control ciudadano sobre las concesiones, invertir en tecnologías de captación y conservación, y repensar la vocación territorial de Guanacaste en clave ecológica y humana.
En palabras de un joven ambientalista de Filadelfia: “El agua es de todos. Pero si seguimos así, no será de nadie. Porque se acabará”.
Costa Rica se juega su futuro en cada gota. La disyuntiva es clara: o construimos un modelo justo y sostenible, o seguiremos viendo cómo el agua se convierte en privilegio… y el despojo en rutina.
