“En mi condición de Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad y en atención a su consulta acerca de “… si dentro de los tribunales de Familia existe alguna directriz para que se efectúe con mayor rapidez o prioridad los matrimonios donde uno o dos de los contrayentes son personas con discapacidad o adultos mayores y requieren este trámite dentro de sus logros para alcanzar su autonomía personal.”, le comunico que el Poder Judicial está regido por la normativa nacional e internacional -de carácter supraconstitucional- que regula los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo la reciente ley que incluyó el Capítulo VIII sobre Acceso a la Justicia a la Ley 7.600”, manifestó la Magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia Damaris María Vargas Vásquez.
“Esas normas junto con la Política de Igualdad para Personas con Discapacidad en el Poder Judicial constituyen el marco de acción de las personas servidoras judicial. Dentro de esos lineamientos está la priorización en la atención de todos los procesos judiciales en los cuales participe una persona con discapacidad, para lo cual se identifican los procesos en referencia cuando son físicos, y los virtuales, tienen también identificadores, que facilitan a las personas servidoras judiciales concretar de qué casos se trata”, puntualizó.
“La Política en referencia, se encuentra en proceso de actualización mediante el Proyecto Política de Acceso a la Justicia y Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad en el Poder Judicial, en co-construcción con las personas con discapacidad y sus organizaciones y la asesoría técnica del CONAPDIS” agregó.
