George Rodríguez/Foto-Medios
Más de sesenta por ciento de los exiliados nicaragüenses quienes han solicitado refugio en Costa Rica enfrenta dificultades para alimentarse, y solamente algo más de la mitad de las familias exiliadas en el país centroamericano cuenta con ingresos mensuales fijos, a causa de la afectación económica de la pandemia del nuevo coronavirus, de acuerdo con los más recientes datos divulgados por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Ello genera el riesgo de que alguna proporción de esa población migrante opte por regresar a Nicaragua, no obstante el riesgo de seguridad y la precariedad socioeconómica que ello implicaría, de acuerdo con lo indicado, en conferencia de prensa, el 28 de agosto, en la sureña ciudad suiza de Ginebra -sede de Acnur-, por Shabia Mantoo, vocera, para Europa y las Américas, de la agencia especializada de Naciones Unidas.
Mantoo aclaró que la situación ocurre no obstante los esfuerzos de Costa Rica, por atender las necesidades de esas personas, no obstante el hecho de que las comunidades costarricenses también están afectadas por la pandemia.
Los nicaragüenses exiliados en territorio costarricense, huyen de la violenta crisis sociopolítica estallada en abril de 2018 en Nicaragua, dramática situación ahora agudizada por el impacto de la pandemia mundial del virus causante de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19) -que golpea a ambos países con frontera terrestre común de 309 kilómetros-, explicó además.
Nicaragüenses quienes han huido a otras naciones del istmo centroamericano están enfrentados a similares problemas, como consecuencia de la crisis sanitaria mundial, precisó la portavoz, quien indicó que, entre esos países figuran Panamá -en el extremo sur de la región y limítrofe con Costa Rica-, y Guatemala -en el extremo norte y fronteriza con México-.
“Más de las tres cuartas partes de los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica pasan hambre y comen solo una o dos veces al día, como resultado del impacto socioeconómico de la pandemia de Covid-19”, indicó.
“Al Acnur (…) le preocupa que esto pueda generar retornos en condiciones adversas.
“Antes de la pandemia, y gracias a las iniciativas de integración local efectivas en Costa Rica, solo el tres por ciento de los refugiados comía una vez al día o menos”, señaló.
“Ahora, esto se ha cuadruplicado hasta el 14 por ciento, según una evaluación humanitaria realizada por Acnur, en julio y agosto, con el objetivo de ayudar a las autoridades costarricenses a atender las necesidades de más de 81,000 nicaragüenses que han buscado protección internacional en el país”, agregó.
“La mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en el país, el 63 por ciento, informan que ahora comen solo dos comidas al día”, indicó, a continuación.
En materia de afectación económica derivada de la crisis sanitaria, “solo el 59 por ciento de las familias refugiadas en Costa Rica informaron flujos de ingresos constantes relacionados con el trabajo a fines de julio, una disminución asombrosa del 93 por ciento en comparación con el período previo a la pandemia”, informó.
“Esto también deja a muchos en riesgo de ser desalojados y quedar sin un hogar”, advirtió, para, de inmediato, aportar el dato de que “una quinta parte de los refugiados nicaragüenses encuestados en Costa Rica dijeron que no saben dónde vivirán el próximo mes”.
Al destacar lo que describió como la generosa actitud del gobierno costarricense en cuanto a recibir al considerable flujo migratorio nicaragüense, Mantoo precisó que “las comunidades de acogida de refugiados se enfrentan a condiciones similares”.
“Costa Rica acoge generosamente a casi el 80 por ciento de todos los refugiados y solicitantes de asilo de Nicaragua que han huido de las violaciones de derechos humanos y la persecución, rondando las 81,000 personas, y se encuentra entre los diez países de todo el mundo que recibieron la mayor cantidad de solicitudes de asilo nuevas el año pasado, con unas 59,200”
“La contracción económica en estos países (receptores de exiliados) hará que sea aún más difícil para los refugiados y las comunidades de acogida recuperarse”, vaticinó.
Con una gran proporción de personas desplazadas por la fuerza en América Latina dependiendo de la economía informal, especialmente al inicio de su integración en las comunidades que las acogen, las medidas de cuarentena relacionadas con la COVID ahora están afectando los medios de vida y generando inseguridad alimentaria.
En el contexto de los exiliados quienes han huido desde Nicaragua hacia Costa Rica, una proporción considerable de esas personas evalúan la posibilidad de regresar a su país de origen, no obstante los riesgos -de seguridad personal y, ahora, de saludo- que esa decisión implica.
Numerosos nicaragüenses quienes, antes de la pandemia, optaron por el regreso, fueron hostigados y detenidos.
Un porcentaje de ellos, quienes habían tramitado exitosamente el refugio en Costa Rica, regresaron portando los respectivos documentos de identidad que los acreditaban como poseedores de ese estatus migratorio, documentos que les fueron decomisados por efectivos policiales, en sus comunidades.
Al riesgo de seguridad personas, por represión antiopositora, se suma ahora el referido a salud, dado que el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha sido omiso en cuanto a adoptar medidas sanitarias -tales como aislamiento social (cuarentena), obligatoriedad de uso de mascarillas en calles, medios de transporte, y otros espacios públicos- que son implementadas por la mayoría de gobiernos a nivel mundial.
Esa situación llevó al secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), el abogado Álvaro Leiva, a acusar, al régimen de Ortega, de estar cometiendo, entre otros, el delito de genocidio viral.
En el marco de la crisis sociopolítica que, hace más de dos años, golpea a Nicaragua, a la que ahora se suma la emergencia sanitaria, el gobierno orteguista está cometiendo “los delitos, graves, de violaciones a los derechos humanos, genocidio viral, y delitos de lesa humanidad”, dijo Leiva, hace algo más de dos meses, a Informativo JBS.
La Anpdh opera, desde 2018, en el exilio en San José, la capital de Costa Rica, país en el cual Leiva se encuentra, desde ese año, en calidad de asilado.
Respecto a la opción de volver a su país de origen, Acnur estima que un sector considerable de los exiliados nicaragüenses la evalúa.
“El 21 por ciento de los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses encuestados dijo que al menos un miembro de su hogar ahora está contemplando regresar a Nicaragua, principalmente debido a la falta de ingresos o alimentos”, dijo Mantoo.
“Esto, a pesar de los riesgos de los que informaron haber huido”, precisó.
“Hasta la fecha, más de 3,000 solicitudes de asilo en Costa Rica han sido retiradas, principalmente por ciudadanos nicaragüenses”, informó.
Entretanto, y desde la irrupción del virus en Centroamérica -el primer caso costarricense fue detectado el 6 de marzo- Acnur ha intensificado sus programas asistenciales a nivel regional.
Esto, “para ayudar a las personas desplazadas por la fuerza en condiciones vulnerables”, explicó.
“En Costa Rica, ACNUR ha ayudado a 1.221 familias vulnerables y en riesgo”, precisó.
“A través de su alianza con el Sistema de Seguridad Social de Costa Rica, Acnur también está asegurando la cobertura de salud para 6.000 solicitantes de asilo con enfermedades graves y crónicas”, indicó, además, en alusión a la Caja Costarricense de Seguro Social, una de las principales instituciones del país.
“Sin embargo, una grave falta de financiación está obstaculizando la capacidad de abordar las necesidades humanitarias urgentes”, marco en el cual “la operación del Acnur en Costa Rica, cuyas necesidades financieras para 2020 ascienden a 26,9 millones de dólares, se ha financiado solo en un 46 por ciento, hasta la fecha”, advirtió la vocera.
No obstante ello, la agencia especializada “continúa apoyando los esfuerzos de los Estados para atender las necesidades de las personas obligadas a huir, en Centroamérica, como parte del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones al desplazamiento forzado en Centroamérica, conocido como Mirps”, aseguró.
“También pide a todos los Estados miembros del Mirps que intensifiquen la coordinación y el apoyo ante los nuevos desafíos relacionados con la Covid”, planteó, a manera de exhortación.
Según la definición contenida en el Portal Operacional-Situaciones de Refugiados y Migrantes, de Acnur, el Mirps fue acordado en la reunión llevaba a cabo en la noroccidental ciudad hondureña de San Pedro Sula -por Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá-, iniciativa a la cual El Salvador se sumó, al año siguiente.
Mediante el mecanismo, sus adherentes se comprometieron a abordar las causas del desplazamiento forzado de personas, de manera integral y coordinada.
A nivel centroamericano, el fenómeno de la migración forzada tiene lugar, con particular fuerza, desde los países del Triángulo Norte -El Salvador, Guatemala, Honduras-.
Las razones fundamentales de los masivos desplazamientos de migrantes -por tierra, y principalmente hacia Estados Unidos- son la inseguridad y la violencia generadas por las estructuras de crimen organizado, incluidas las “maras” (violentas pandillas), y los críticos índices socioeconómicos.
El Triángulo Norte de Centroamérica es considerado como una de las regiones más violentas a nivel mundial.
De acuerdo con la explicación oficial, el Mirps es la puesta en práctica “concreta del Pacto Mundial sobre los Refugiados, el cual fomenta la cooperación regional entre los países de origen, tránsito y destino para una mayor responsabilidad compartida en materia de prevención, protección y soluciones duraderas”.
Aprobado el 17 de diciembre de 2020, y según uno de sus Principios Rectores, este mecanismo “representa la voluntad política y la ambición de la comunidad internacional en su conjunto de fortalecer la cooperación y la solidaridad con los refugiados y los países de acogida afectados”.
Nicaragua es escenario, desde el 18 de abril de 2018, de una violenta crisis sociopolítica en cuyo marco sectores de la sociedad civil, y ciudadanos a nivel individual -aunque masivamente-, exigen la renuncia de la pareja gobernante, demanda que ha recibido, desde entonces, constante represión policial y paramilitar.
Según los más actualizados datos de la Anpdh, la violencia antiopositora ha cobrado por lo menos 728 vidas, generado unos 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
La situación se ha agravado, desde marzo de este año, a causa de la pandemia mundial del nuevo coronavirus.
De acuerdo con los datos que, sobre la pandemia global, la estadounidense Universidad Johns Hopkins mantiene actualizados cotidianamente, a nivel centroamericano, en materia de casos, Nicaragua, con 4,491, se ubica en el sexto lugar entre los siete países.
No obstante, el dato no es plenamente confiable, dado que el régimen orteguista maneja, de manera confusa, las cifras referidas a la pandemia.
