A barrer izquierdosos

La ultraderecha latinoamericana -específicamente, la sudamericana- no podía aguantarse más.

Argentina (nuevamente, peronismo, y con miras a seguir), Chile (otra vez, socialismo), Colombia (un ex M19, en la presidencia, y una líder negra de la base, en la vice, para gobernar por “los nadies”), Honduras (Libre, creado por “Mel” Zelaya, después del golpe de 2009 que lo convirtió en izquierdista), México (Morena, fundado por AMLO), Perú (con un sindicalista maestro rural) y, para completar, el travalhista Lula a punto de convertirse-por tercera vez- en presidente de Brasil.

Sonaron todas las alarmas, en el universo conservador regional.

Había que empezar, urgentemente, una limpieza ideológica que, además -y principalmente-, fuese aleccionadora, en el escenario político de gobiernos.

Era necesario, sin demora, marcar la cancha ideológica, frenar la incipiente/preocupante izquierdización regional, consolidando una tranquilizadora/ejemplarizante/normalizadora derechización.

El punto de inicio de la cruzada ideológica tenía que ser Argentina, porque no se podía permitir que en el andino y rioplatense país sudamericano, el año próximo, se instalase, por voluntad popular, el sexto gobierno peronista desde 2003 -con la coyuntural interrupción del nefasto paréntesis cuatrienal macrista-.

Primero, fue Eduardo Duhalde (2002-2003), quien, por elección parlamentaria, terminó la interrumpida presidencia del renunciante Fernando De la Rúa (1999-2001) -de la histórica y centroderechista Unión Cívica Radical (UCR)-, luego del efímero interinato -apenas unasemana-, del también peronista Adolfo Rodríguez.

A continuación, llegó Néstor Kirchner (2003-2007), a quien siguió su esposa, Cristina Fernández -mediáticamente conocida como CFK, por sus iniciales combinada con la del apellido de su esposo (fallecido en 2010)-, por dos cuatrienios consecutivos (2007-2011, 2011-2015).

De inmediato -en uno de los aparentemente ineludibles movimientos pendulares que suelen registrar las democracias-, sobrevino el tóxico período del autoritario/corrupto derechista Mauricio Macri (2015-2019).

Y, el 10 de diciembre de 2019, regresó el peronismo, con Alberto Fernández en la presidencia, y CFK en la vice, para el mandato que cierra el año próximo.

Pero la extrema derecha se propuso impedir la previsible tercera candidatura presidencial de la dirigente.

Si se postulase -y ante un posible nuevo intento presidencial de Macri-, la primera presenta argentina por elección popular -y también por reelección popular- estaría en condiciones de llegar, por tercera vez, a la conducción del país -un record histórico, más allá del género-.

Por lo tanto, ese reaccionario -y machista- sector, consideró necesario eliminar

-metafórica o literalmente- a la líder del área progresista de esa histórica fuerza política ideológicamente variada -constantemente presente, formal o informalmente, en el poder- que es el peronismo.

El Plan A -eliminación metafórica- consistió, con singular tenacidad, en manipuliar al sistema judicial argentino, algo de lo cual se encargó, flagrantemente, el corrupto y autoritario régimen de Macri -el personaje inspirador, como impopular gobernante, de la rítmica consigna, viralizada nacionalmente y en redes sociales: “Mau-ri-cio Macri: la puta que te parió!!!”.

Fue así cómo CFK se convirtió en víctima de una de las más brutales y flagrantes ofensivas de lawfare -el uso, en diferentes países, de los sistemas de justicia, y las instituciones, nacionales, para deslegitimar a adversarios, o para impedir que personas ejerzan sus derechos, o meterlas en prisión-.

Primero, la ofensiva consistió en tratar de acusarla de haber intentado el encubrimiento de la autoría del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) -ataque terrorista que ocurrió el 8 de julio de 1994, o sea, más de una década antes de la primera asunción presidencial de Fernández, la que ocurrió en 2007-.

Resultado del tan extenso cuanto ilegítimo y satanizador trámite judicial: sobreseimiento.

Después, vino la también larga telenovela de los cuadernos en los cuales un chofer gubernamental llevó un supuesto registro escrito respecto al traslado de kilos -literalmente- de dinero en efectivo, en bolsas, como parte de una estructura de enriquecimiento ilícito.

En este caso, el juez Claudio Bonadío -corrupto y macrista, valga la redundancia- procuró, por ilegítimos medios ensañadamente humillantes, demostrar que CFK era parte del supuesto entramado de corrupción presuntamente descrito en esas anotaciones.

El proceso incluyó arbitrarios allanamientos policiales en cuyo desarrollo -durante días- paredes del apartamento de la entonces senadora, en Buenos Aires, fueron bestialmente demolidas -a mazazos- para buscar el cash supuestamente oculto allí -dinero que no fue hallado porque, sencillamente, no existía-.

Fueron, en realidad, invasiones similares las llevadas rutinariamente a cabo por la dictadura militar de 1976-1983, y a los recurrentes ataques escuadroneros de la triple A, en esa época.

Las autoritarias invasiones al apartamento bonaerense de CFK, también fueron escenificadas dentro de su residencia en la localidad de El Calafate -en la sureña provincia argentina de Santa Cruz, fronteriza con Chile-, donde las destructoras turbas policiales que asaltaron la casa, además de causar daño material, robaron documentos históricos y obras de arte, entre otros objetos.

Resultado, después de años del nuevo -e igualmente ilegítimo e insultante- proceso judicial: otra vez, sobreseimiento.

Esos dos ataques -con notorio componente de violencia de género-, cuyo objetivo fue el de soezmente sabotear la popularidad de Fernández -ex primera dama (2003-2007), ex senadora (2005-2007, 2015-2019), ex presidenta (2007-2011, 2011-2015), y, ahora, vicepresidenta de Argentina (2019-2023), y, por lo tanto, presidenta del Senado-, se desarrollaron durante el nefasto régimen de Macri.

Se trata del corrupto personaje quien, como parte del grupo empresarial familiar, lucró con negocios amarrados con dictaduras militares.

Ejemplos: el régimen (1966-1970) encabezado por el criminal ultraderechista general Juan Carlos Onganía, y la sanguinaria junta militar (1976-1983) dirigida por el general Jorge Rafael Videla -el secuestrador de bebés, encontrados durante allanamientos, entre otros crímenes de lesa humanidad-.

Los turbios negocios dictatoriales del grupo Macri incluyeron al paraguayo Alfredo Stroessner, el también general cuya dictadura (1954-1989) fue una de las más extensas-además de corruptas y crueles- de la militarmente castigada América Latina.

Ahora, fracasados, estruendosamente, los dos ataques de lawfare, la persecución anticristina generó una nueva acusación de supuesta corrupción, en este caso por concesiones de obra pública en la patagónica provincia de Santa Cruz, también en el extremo sur argentino, igualmente fronteriza con Chile.

El acusador fiscal federal Diego Luciani, planteó que Fernández -a quien, en una audiencia judicial, le fue negado el derecho a declarar para defenderse- fuese condenada a 12 años de prisión, y a inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos -algo así como: hay que asegurarnos de que la mina esa, no vuelva a la presidencia, viste?-.

Al ejercer, en un mensaje nacional, el negado -no obstante inalienable- derecho a la defensa, la vicepresidenta del país aseguró, entre otros fuertes conceptos, que ese arbitrario proceso judicial apuntaba contra “los que peleamos por una mejora de salario, de las jubilaciones, y la obra pública”.

“Este no es un juicio a Cristina, es un juicio a los gobiernos populares”, denunció.

Fracasada una parte del Plan A -la Amia, y los cuadernos-, y en desarrollo la más reciente

-la referida a obra pública en Santa Cruz-, entró en operatividad Plan B: la eliminamos, viste?

CFK saludaba, la noche del 1 de setiembre, a decenas de simpatizantes reunidos frente al edificio donde se ubica su apartamento, en Buenos Aires, para expresarle solidaridad por el ataque de lawfare del que era blanco -el montaje de la obra vial-.

De pronto, un infiltrado avanzó -hasta ubicarse frente a la vicepresidenta-, le apuntó una pistola -a escasos centímetros del rostro-, y activó, dos veces, el gatillo.

Milagrosamente, un desperfecto impidió que las balas fuesen disparadas.

Ante el fracaso del sicario, la sobrepoblación de troles ultraderechistas -intelectualmente limitados, por naturaleza- inundó redes sociales con el nada creativo ni sorprendente argumento de que el intento de magnicidio fue una movida “de la izquierda”, para desviar la atención del nuevo lawferazo, o para victimizar a CFK y fortalecer sus posibilidades de ser la candidata presidencial peronista 2023.

Pero -ignorantes en general, y de la historia en particular- no tuvieron en cuenta que el ataque armado contra Fernández, no fue el primer fallido intento de magnicidio en la historia de Argentina, ni que las agresiones golpistas fracasaron -al igual que ahora- por providenciales desperfectos mecánicos.

Al final del siglo 19, el gobernador (1829-1832, 1835-1852) de la provincia Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, fue, en 1841, blanco de un sofisticado/creativo intento de asesinato.

Rosas recibió, entonces, un obsequio, enviado por un grupo de opositores, consistente en una pequeña caja de madera en cuyo interior había, supuestamente, varias medallas.

Denominada, luego, la “máquina infernal”, el objeto contenía una docena de pequeños cañones que, mediante activación mecánica, se dispararían al abrirlo.

También al final del siglo 19, el presidente (1868-1874) argentino Domingo Faustino Sarmiento fue, el 21 de agosto de 1873, el objetivo de una emboscada, cuando el vehículo en el cual se desplazaba, por un sector del centro de Buenos Aires, debió detenerse, a causa del tránsito.

El arma de fuego usada por uno de los tres atacantes estalló, al ser activada, impidiendo el disparo, e hiriendo a uno de ellos.

Casi un siglo después, el entonces presidente (1983-1989), Raúl Alfonsín, el primer gobernante democrático luego de la sanguinaria y corrupta dictadura de 1979-1983-régimen de facto eufemísticamente autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, con el que lucró el grupo empresarial/familiar Macri-, fue blanco de dos intentos magnicidas.

Durante una visita que llevó a cabo, el 19 de mayo de 1986, a la ciudad de Córdoba -la capital de la central provincia argentina de igual nombre-, fue desactivado un artefacto explosivo.

Posteriormente, una detonación tuvo lugar -el 6 de octubre de 1989- en el edificio, en el centro de Buenos Aires, donde se ubicaba un apartamento que servía como residencia temporal del mandatario.

Casi dos años después, mientras participaba, el 23 de febrero de 1991, en un acto electoral de la UCR, un asistente a la actividad, quien se había ubicado cerca del ex presidente, intentó disparar contra el dirigente, pero desperfecto en el tambor del revólver frustró el atentado.

Y, ahora, otra providencial falla mecánica en el arma potencialmente homicida, salvó, a la vicepresidenta argentina, de uno o dos balazos a escasos centímetros de su rostro.

Poco más de tres meses después del fracasado intento de magnicidio contra CFK, los plomazos del nuevo atentado judicial, sí, impactaron.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 quienes dirigieron el cuestionado proceso referido a la “causa Vialidad”, anunciaron, vía teleconferencia, la tarde del 6 de diciembre, la sentencia contra CFK y una docena más de acusados en el mismo caso.

Fernández fue condenada -por el supuesto delito de corrupción en la concesión de obra vial, cometido durante su mandato presidencial- a seis años de prisión, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Pero la agredida respondió, a la barbaridad, revelando la existencia de lo que -en detallada precisión- describió como “un estado paralelo mafia, mafia judicial”, algo que definió como peor que el lawfare.

En ese contexto, señaló el parentesco que une a varios de los altos funcionarios judiciales involucrados en la maniobra -uno de ellos, puesto, irregularmente, en el cargo, por Macri-.

En el enérgico mensaje -de algo más de una hora- que difundió, el 7 de diciembre, vía la red social YouTube, anunció que no se postulará, a ningún cargo de elección popular, en los comicios programados para el año próximo.

“Ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta”, reafirmó.

“Termino, el 10 de diciembre, y me vuelvo -como me volví, el 10 de diciembre del 2015- a mi casa”, subrayó, en alusión a las fechas de conclusión, respectivamente, de su actual mandato vicepresidencial, y de su segundo período presidencial.

“Esto, es para explicar qué sistema está funcionando en la Argentina”, señaló, en alusión a corrupción -incluidos flagrantes sobornos y más que evidente tráfico de influencias, que la vicepresidenta y presidenta del senado, ilustró documentadamente, en el mensaje-.

“Mafia, y Estado paralelo: eso es lo que está pasando, en Argentina, y eso es lo que, hoy, me condenó a seis años de cárcel, y a inhabilitación perpetua”, denunció, para subrayar, con precisión: “esa es la verdadera condena, eso es lo que querían: la inhabilitación perpetua”.

“Me va a poder meter presa, después del 10 de diciembre”, planteó, dirigiéndose, entre otros empresarios, a Héctor Magnetto -CEO del Gripo Clarín, que publica el conservador periódico Clarín- a quien hizo reiterada alusión como uno de los manipuladores del sistema judicial.

“Eso, sí: siempre y cuando (…) no se les ocurra financiar, a algunas otras bandas de marginales, y, antes del 10 de diciembre del 2023, me peguen un tiro, que eso es lo que usted quiere: presa, o muerta”, advirtió.

Simultáneamente al anuncio de la condena contra CFK, la enésima crisis presidencial se escenificó en Perú.

Después de tres mandatos presidenciales cumplidos según los tiempos constitucionales -Alejandro Toledo (2001-2006), el segundo de Alan García (1985-1990, 2006-2011), Ollanta Humala, un militar retirado, ex comandante del Ejército del Perú- (2011-2016)-, el agitado ambiente político del andino país sudamericano registra, desde 2016, seis titulares de la presidencia -en promedio estrictamente matemático/estadístico, a razón de uno por año-.

Al inicio de la lista figura Pedro Pablo Kuczynski (28 de julio de 2016 a 23 de marzo de 2018), quien renunció y, al año siguiente, fue detenido bajo cargos de corrupción y lavado de dinero.

Kuczynski fue reemplazado por su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien desempeñó, desde el 23 de marzo de 2018 hasta el 9 de noviembre de 2020, la jefatura de Estado.

Vizcarra fue destituido por el parlamento, que -de acuerdo con lo previsto en numeral 2 del artículo 113 de la Constitución- lo declaró en “permanente incapacidad moral”.

Una particularmente fugaz presidencia, durante el caótico sexenio fue la de Manuel Merino -el reemplazo de Vizcarra-: cinco días -del 10 al 15 noviembre de 2021-.

Merino renunció, en un contexto de protestas populares -con saldo de dos manifestantes fallecidos en el marco de la represión policial-.

A continuación, el entonces presidente del congreso, Francisco Sagasti, se convirtió en presidente del país, e inauguró, el 16 de noviembre de 2020, lo que denominó “gobierno de transición y emergencia”.

Los conflictos sociales se agudizaron -incluida una protesta rural que resultó en cinco manifestantes fallecido-, todo lo cual llevó al fin de su administración, el 28 de julio de 2021.

En tal cuadro de absoluta inestabilidad, incontenible desorden político/institucional, Pedro Castillo inició, el 28 de julio de 2021, el primer gobierno de no solamente un outsider político sino, además, alguien ajeno al establishment gubernamental peruano, de humilde origen rural, un docente rural de educación primaria, además de líder sindical del magisterio nacional.

Como dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), y Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep), integró la dirigencia de la huelga magisterial nacional de 2017 -durante la administración del corrupto Kuczynski-.

Oriundo de la localidad de Puña, en la norteña provincia peruana de Chota, Castillo es el tercero de nueve hijos de Ireño Castillo y Mavila Díaz, campesinos agricultores quienes no tuvieron acceso a educación -ni siquiera básica-.

Candidato presidencial -para las elecciones de 2021- por el izquierdista Partido Político Nacional Perú Libre (Ppnpl) -popularmente conocido como Perú Libre (PL)-, los puntos centrales de su propuesta electoral fueron, esencialmente, de enfoque social.

Entre otros aspectos, incluyeron la convocatoria a una asamblea constituyente -para reformar la Constitución de 1993-, la realización de lo que definió como una revolución educativa -para mejorar la calidad de la enseñanza estatal-, la eliminación de la importación de alimentos básicos -en los casos en que se producen en el país-.

Respecto a la reforma constitucional, señaló que era necesario llevarla a cabo, porque el texto vigente “ha terminado con todos los derechos”, además de que ha propiciado “el saqueo del país”.

Castillo aludió, así, a la Constitución, que, en reemplazo del texto que regía desde 1979, fue puesta en vigencia durante el dictatorial y corrupto régimen de Alberto Fujimori (1990-1995, 1995-2000, julio-noviembre 2000).

En el marco de un escándalo de corrupción -principalmente, sobornos a dirigentes de diversos partidos, para que lo apoyaran-, Fujimori -de ascendencia japonesa-, viajó -aún como presidente-, en noviembre de 2000, a Brunéi -en el norte de la isla de Borneo, en el Sureste Asiático Marítimo-, para participar -el 15 y el 16 de ese mes-, en la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Asia-Pacific Economic Forum, Apec).

Antes de que finalizara la reunión, el entonces mandatario se dirigió a Tokio, donde redactó su renuncia a la presidencia peruana, texto que dirigió, vía fax, al entonces presidente del Congreso, Valentín Paniagua.

En razón de la conducta de Fujimori, el Congreso rechazó la renuncia, declaró “la permanente incapacidad moral” del gobernante, y, consecuentemente, “la vacancia de la Presidencia de la República”.

Además, inhabilitó, por 10 años, a Fujimori, “para el ejercicio de toda función pública”.

Tras cinco años de refugio en Japón, el defenestrado político, viajó, en 2005, a Chile, desde donde fue extraditado, en 2007, a Perú, y, al cierre de un juicio por abuso de autoridad -entre otros cargos- fue condenado, también en 2007, a ocho años de prisión.

Sumado a ello, se le tipificó el delito de violaciones a los derechos humanos, cometido durante su extenso mandato presidencial, por el que fue condenado, en abril de 2009, a 25 años de prisión.

Resultado de otro juicio -por cargos de corrupción-, le fue impuesta, tres meses después, pena adicional de siete años y medio de cárcel.

En la segunda vuelta de la contienda presidencial de 2021, Castillo enfrentó a Keiko Fujimori -hija del ahora encarcelado ex presidente-, postulada por el ultraderechista partido Fuerza Popular -que se identifica con la letra K, la inicial de su máxima dirigente-.

En ajustado triunfo -50.12 a 49.87 por ciento-, Castillo venció a su rival -acusada, por lavado de dinero, y condenada tres veces, en el período 2016-2020, a prisión preventiva, habiéndosele otorgado libertad bajo fianza-.

Antes de llegar a la presidencia, en declaraciones formuladas durante su exitosa campaña proselitista, Castillo hizo recurrente referencia a su origen.

“No necesito disfrazarme de paisano (campesino) para llevar una propuesta a mis hermanos agricultores”, dijo, en algún momento de la intensa actividad electoral que llevó a cabo.

“Soy chacarero (trabajador de una chacra, o pequeña granja), soy obrero, soy agricultor, soy rondero (integrante de una Ronda Campesina, organización peruana de defensa comunal), y soy maestro, a mucha honra”, agregó el único de los candidatos presidenciales quien llegó, el 11 de abril de 2021, a su centro de votación, a caballo -su habitual medio de transporte en la zona de su comunidad natal-.

Se trata de un tipo de sombrero, blanco, de copa considerablemente alta y ala notoriamente ancha, que se confecciona con tejido de paja de palma, proceso artesanal que suele insumir -según el tamaño de cada uno- de dos semanas a tres meses.

El nombre deriva de Chota, la provincia donde esa prenda típica es principalmente usada-por trabajadores rurales, lo mismo mujeres que hombres-.

Al usar el chotano durante la campaña proselitista y siendo presidente, el peruano marcó una similitud visual con el brutalmente derrocado presidente (2006-2009) hondureño Manuel “Mel” Zelaya, caracterizado por el uso de sombrero tejano, también blanco.

En invariable apego a su origen, la oferta electoral de Castillo -quien rechaza la etiqueta de “marxista”, con la cual la ultraderecha peruana ha tratado, tercamente, de desacreditarlo- se centró en la base social, en la gente -el sector poblacional que, con admirable precisión, la vicepresidenta colombiana, la líder negra Francia Márquez, define como “los nadies”-.

El plan de gobierno castillista apuntó a reformar el modelo económico del país, por ejemplo, mediante una nueva Constitución que, al asignar al Estado la responsabilidad de regular el mercado, permita la construcción de una “economía popular con mercados”.

En tal contexto reformador, planteó que la actividad privada debe funcionar como un componente de “beneficio de la mayoría”, además de que, en materia comercial y financiera, un objetivo consistía en que el país se sacudiese lo que definió como la sumisión a Estados Unidos.

Dispuesto a materializar, en ejercicio de la presidencia, su oferta electoral, y aunque no abandonó el discurso reformador, Castillo se vio imposibilitado de cumplirle a la gente.

Un factor de incidencia clave en ello fue la brutal oposición de la derecha y la ultraderecha en el Congreso -el unicameral parlamento peruano-.

Ese bloque constituye la abrumadora mayoría de los 130 legisladores -apenas 15 son del fugazmente gobernante Perú Libre-, y fue engranaje clave en el bulldozer opositor legislativo contra el cual no pudo el presidente campesino.

Entre los partidos empecinados con expulsar, al sombrero chotano, de la Casa de Pizarro -la sede del Poder Ejecutivo, así llamada porque fue construida por el español Francisco Pizarro (1468-1541), fundador de Lima, la capital nacional -, figuraron el ultraderechista Fuerza Popular (K) -con 24 legisladores, la mayoritaria bancada de oposición-, los derechistas Acción Popular (AP) -la segunda fuerza opositora parlamentaria, con 14-, Alianza para el Progreso (A) -la tercera, con 10-, entre otros.

El bloque tuvo que llevar a cabo cuatro intentos, para remover a Castillo, valiéndose del numeral 2 del artículo 113 de la Constitución, para declararlo en “incapacidad moral”.

Pero, la cuarta vez, el entonces gobernante cometió, el 7 de diciembre, la novatada de anunciar el cierre del Congreso, medida que -si bien es parte de las facultades constitucionales del presidente- Castillo usó inoportunamente.

O sea: según el bloque ultraderechista legislativo, el entonces presidente incurrió -al cumplir casi un año y medio de su frustrado quinquenio presidencial (2021-2026)-, en el delito de autogolpe de Estado.

Con esa extemporánea acción, Castillo le regaló, a la cavernaria mayoría legislativa, la excusa para lograr el objetivo de remover, al “marxista” rural, de un cargo que no debe ejercer ningún representante de “los nadies”.

Sin embargo, si se aplica la hipótesis del vaso medio lleno, lo que probablemente ocurrió fue que, sobre la base de la inexperiencia gubernamental de Castillo, la intrigante oposición extremista manipuló la situación, solapadamente guiando, al ex presidente, a hacer, precisamente, lo que hizo -y sobre todo, cuándo lo hizo-.

De ser ello así, el autogolpe no existió sino que, en realidad, fue la ultraderecha -dentro y fuera del parlamento- la que llevó a cabo un golpe -aunque sin apariencia de tal-.

Algo similar ocurrió en junio de 2009, cuando el Congreso de Honduras fue actor decisivo en el cruento golpe de Estado que derrocó a Zelaya -hasta falsificando una carta de renuncia que el depuesto presidente catracho no redactó, y, por lo tanto, no firmó-.

En el caso peruano actual, a nivel de actores internacionales, las reacciones a la remoción del presidente fueron inmediatas, y variadas.

Por una parte, los centroizquierdistas gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, y México, emitieron un comunicado conjunto en el que denunciaron que Castillo “fue víctima de un antidemocrático hostigamiento desde el día de su elección”.

Sumado a ello, esas cuatro administraciones, lo mismo que varios gobiernos caribeños-incluido el régimen de Cuba-, la administración de Honduras, y la dictadura de Venezuela, indicaron que no reconocen a Dina Boluarte -la vicepresidenta del gobierno de Castillo-, quien fue designada, por el Congreso, para reemplazar al ex mandatario.

El inmediato nombramiento de Boluarte -quien fue expulsada, en enero de 2022, de Perú Libre- se concretó mientras efectivos policiales detenían a Castillo, captura que generó inmediatas protestas populares, a nivel nacional, con saldo de víctimas fatales a causa de la represión lanzada contra las manifestaciones.

“Los Estados Unidos rechaza categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato”, tuiteó, ese día, la embajadora estadounidense en Perú, Lisa Kenna.

“Los Estados Unidos insta enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas de Perú funcionen según la Constitución”, agregó, en el segundo de dos mensajes que, sobre el tema, escribió en la cuenta de la embajada, en la red social Twitter.

“Alentamos al público peruano a mantener la calma durante este tiempo incierto”, recomendó, a continuación.

De acuerdo con versiones periodísticas locales e internacionales, Kenna se reunió, el día antes -6 de diciembre-, con el ministro de Defensa de Perú, el general retirado Gustavo Bobbio -quien apenas el 3 de diciembre había reemplazado al dimitente José Luis Chávez, y se había convertido en el sexto jefe de ese ministerio en la breve administración Castillo-.

En una escueta nota que difundió algunas horas después, la estatal agencia informativa peruana Andina indicó que la reunión se desarrolló “para abordar temas de interés bilateral”.

De acuerdo con el contenido del breve Certificado de Competencia (Certificate of Competency) que el Departamento de Estado dirigió, el 14 de mayo de 2020, al Comité sobre Relaciones Externas, del Senado de Estados Unidos -postulándola para el cargo que desempeña en Perú-, entre otros numerosos cargos en el Servicio Exterior, Kenna “sirvió en la Embajada de Estados Unidos en Cairo, Egipto, como oficial Política/Militar”.

Y, “antes de ingresar al Servicio Exterior, sirvió, por nueve años, como oficial de la Agencia Central de Inteligencia”, según los datos oficiales.

Probablemente sobre la base de los antecedentes profesionales de la embajadora, el medio de comunicación electrónico estadounidense Multipolarista, planteó, el 14 de diciembre -siete días después de la destitución parlamentaria -e inmediata detención policial- de Castillo, la hipótesis de participación de Estados Unidos en el detonante de la enésima crisis política en Perú.

En la extensa nota informativa que tituló -en la versión en español- “La embajadora de EEUU en Perú fue agente de la CIA. Un día antes del golpe, se reunió con el ministro de defensa”, Multipolarista destacó que “La embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, trabajó con la CIA y el Pentágono”.

Asimismo, que, “un día antes del golpe de estado contra el presidente electo de izquierda, Pedro Castillo, Kenna se reunió con el ministro de defensa de Perú, quien luego ordenó a los militares que se volvieran contra Castillo”.

“En el momento de esta reunión, se sabía en Perú que el congreso, que es notoriamente corrupto y está controlado por los oligarcas de derecha, estaba preparando un nuevo voto para derrocar al presidente que fue elegido democráticamente, Pedro Castillo”, agregó.

También denunció que Castillo, “quién había sido elegido democráticamente”, fue “derrocado en un golpe de estado y encarcelado sin juicio”.

Multipolarista planteó, igualmente, que “el congreso de Perú es bien conocido por su extrema corrupción”, y que, en tal contexto, “es bastante fácil para los oligarcas ricos de Perú comprar votos en el congreso para derrocar al presidente que fue elegido por el pueblo”.

“Y tan pronto como Castillo asumió el cargo el 28 de julio de 2021, el congreso trató de hacer exactamente eso”, precisó.