CCSS analiza alcance de histórico criterio de la Corte Internacional de Justicia sobre el derecho de huelga
La institución afirma que estudia el pronunciamiento internacional y que cualquier eventual valoración se realizará en armonía con el ordenamiento jurídico costarricense y los criterios de las autoridades nacionales competentes.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que se encuentra analizando el reciente pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relacionado con el alcance del Convenio N.° 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical y el derecho de huelga, una decisión considerada histórica en el ámbito del derecho laboral internacional.
La respuesta fue remitida al Periódico Informativo JBS tras una consulta periodística sobre las posibles implicaciones que este criterio internacional podría tener para las personas trabajadoras de la institución y para la prestación de los servicios de salud en Costa Rica.
El pronunciamiento de la CIJ, emitido el 21 de mayo de 2026, concluyó por diez votos contra cuatro que el derecho de huelga está protegido por el Convenio N.° 87 de la OIT, aun cuando dicho tratado no menciona expresamente ese derecho. Sin embargo, la propia Corte aclaró que su opinión no define el contenido preciso, el alcance ni las condiciones específicas para ejercer una huelga, aspectos que continúan dependiendo de los marcos jurídicos aplicables en cada país. (OIT)
La posición de la CCSS
Consultada sobre si ya existe un análisis institucional, la CCSS respondió de manera breve: «Nos encontramos analizando el pronunciamiento.»
Respecto a una eventual modificación de protocolos internos relacionados con movimientos laborales, la institución indicó que: «La resolución forma parte del contexto de valoración para las situaciones relativas con los derechos y deberes inherentes a la relación de empleo público que mantiene la CCSS con sus funcionarios.»
La institución también confirmó que mantiene vigente el Protocolo Institucional para la Prevención y Atención de Conflictos Socio-Laborales en la CCSS, señalando que actúa conforme al ordenamiento jurídico nacional.
Asimismo, explicó que cualquier interpretación institucional sobre el alcance del criterio de la CIJ dependerá de las valoraciones que emitan las autoridades nacionales competentes, particularmente en materia laboral y constitucional.
Un fallo de importancia internacional
El origen del caso se remonta a una controversia que durante más de una década dividió a trabajadores y empleadores dentro de la Organización Internacional del Trabajo sobre si el Convenio N.° 87 protegía o no el derecho de huelga.
Ante esa diferencia de criterios, el Consejo de Administración de la OIT decidió en 2023 solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia.
La Corte concluyó que la protección de la libertad sindical prevista en el Convenio comprende también el derecho de huelga como un mecanismo mediante el cual las organizaciones de trabajadores pueden defender sus intereses colectivos. No obstante, precisó que ello no significa que el derecho sea absoluto, ya que puede estar sujeto a limitaciones compatibles con el derecho internacional y con las legislaciones nacionales. (OIT)
¿Qué significa para Costa Rica?
Aunque la opinión consultiva de la CIJ posee un importante peso jurídico e interpretativo en el ámbito internacional, no modifica automáticamente la legislación interna de los Estados.
En el caso costarricense, cualquier efecto práctico deberá analizarse a la luz de la Constitución Política, la legislación laboral nacional, la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de las normas que regulan el empleo público y la prestación de servicios esenciales.
Precisamente por esa razón, la CCSS manifestó que cualquier eventual valoración institucional será realizada en concordancia con los criterios que emitan las autoridades nacionales competentes.
El reto de equilibrar derechos
Uno de los aspectos consultados fue cómo concilia la institución el derecho de organización sindical con la obligación de garantizar la atención médica de la población.
La respuesta institucional enfatiza que la CCSS reconoce los derechos de las personas trabajadoras conforme al ordenamiento jurídico nacional y los instrumentos internacionales aplicables.
Al mismo tiempo, subraya que debe asegurar permanentemente la continuidad, accesibilidad y oportunidad de los servicios de salud, especialmente para personas adultas mayores, personas con discapacidad y poblaciones en condición de vulnerabilidad.
Este equilibrio constituye uno de los principales desafíos para los sistemas públicos de salud, donde el ejercicio de los derechos laborales debe coexistir con la protección del derecho fundamental a la salud y a la vida de millones de personas usuarias.
Debate continuará
El criterio emitido por la Corte Internacional de Justicia representa un precedente relevante para el derecho laboral internacional y será objeto de análisis por parte de la Organización Internacional del Trabajo durante sus próximas sesiones, donde se definirán eventuales acciones de seguimiento. (OIT)
Mientras tanto, en Costa Rica, la CCSS mantiene una posición de cautela institucional, indicando que continúa estudiando el alcance del pronunciamiento antes de definir cualquier valoración oficial sobre sus posibles implicaciones para las relaciones laborales dentro de la institución.
