San José, Costa Rica. La economía costarricense enfrenta una contradicción cada vez más evidente: mientras sectores estratégicos como la agricultura, la construcción, el comercio, los servicios y el trabajo doméstico dependen en gran medida de la mano de obra extranjera, una parte importante de esas personas continúa laborando sin que su situación migratoria y laboral haya sido plenamente regularizada.
Diversos análisis recientes coinciden en que existe una brecha entre el número de trabajadores extranjeros que participan activamente en la economía nacional y la cantidad de permisos laborales oficialmente otorgados. Esta diferencia refleja limitaciones institucionales para responder a una realidad productiva que evoluciona más rápido que los procesos administrativos.
La situación adquiere especial relevancia en un contexto donde Costa Rica experimenta escasez de mano de obra en actividades que históricamente han sido ocupadas por población migrante, principalmente proveniente de Nicaragua, aunque en los últimos años también ha aumentado la presencia de personas originarias de Venezuela, Colombia y Cuba.
Una economía que necesita mano de obra migrante
Desde hace décadas, la migración laboral constituye uno de los pilares silenciosos de la economía costarricense.
Las actividades agrícolas, especialmente la producción de café, banano, piña, caña de azúcar y diversos
cultivos hortícolas, dependen significativamente de trabajadores extranjeros durante las temporadas de cosecha.
A ello se suma la construcción, donde numerosas empresas reconocen dificultades para encontrar suficiente personal nacional para cubrir la demanda existente. Situaciones similares ocurren en labores de limpieza, vigilancia, hoteles, restaurantes, servicios domésticos y otras actividades que requieren mano de obra intensiva.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que los trabajadores migrantes representan un componente esencial para el funcionamiento de numerosas economías y ha reiterado la necesidad de garantizar condiciones de trabajo decente, igualdad de derechos y mecanismos eficientes de regularización laboral. (OIT)
La brecha entre la realidad y los registros oficiales
Especialistas en temas migratorios sostienen que los procedimientos para obtener permisos laborales continúan siendo complejos y prolongados.
Como consecuencia, miles de personas trabajan mientras esperan la resolución de solicitudes migratorias o permanecen vinculadas a categorías jurídicas que no reflejan plenamente su participación efectiva en el mercado laboral.
Esta situación genera diversos problemas:
- Mayor vulnerabilidad frente a la explotación laboral.
- Dificultades para denunciar abusos.
- Menor acceso a la seguridad social.
- Competencia desleal entre empresas que cumplen la legislación y aquellas que emplean trabajadores en condiciones irregulares.
- Menores ingresos para el Estado por concepto de cargas sociales e impuestos.
La propia OIT ha recomendado fortalecer la coordinación entre las autoridades migratorias , laborales para mejorar la inspección del trabajo y promover la formalización de las personas migrantes. (OIT)
Nuevas medidas buscan reducir el rezago
Durante 2026, el Gobierno costarricense anunció la creación de una categoría especial temporal que permitirá regularizar la situación migratoria de miles de personas provenientes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia cuyos procesos migratorios permanecían pendientes desde hace varios años.
La medida busca facilitar el acceso al empleo formal y disminuir la presión administrativa acumulada sobre el sistema migratorio nacional.
Analistas consideran que iniciativas como esta podrían beneficiar tanto a los trabajadores como a los empleadores, al reducir la informalidad y ampliar la cobertura de la seguridad social.
Un desafío para las políticas públicas
El fenómeno también plantea importantes desafíos para las instituciones públicas.
La formalización laboral requiere una coordinación efectiva entre la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el sector empresarial.
Asimismo, expertos advierten que la regularización no debe limitarse al otorgamiento de permisos migratorios, sino incluir mecanismos de inspección laboral, acceso efectivo a derechos laborales, capacitación, certificación de competencias y combate a la trata de personas y la explotación laboral.
La OIT insiste en que una gobernanza moderna de la migración laboral debe fundamentarse en los principios de trabajo decente, igualdad de trato y respeto a los derechos humanos. (OIT)
Equilibrio entre desarrollo económico y derechos humanos
Costa Rica continúa siendo uno de los principales destinos migratorios de Centroamérica debido a su estabilidad política, su sistema democrático y las oportunidades laborales que ofrece.
Sin embargo, el crecimiento económico sostenible dependerá en buena medida de la capacidad institucional para integrar de manera ordenada a quienes ya contribuyen diariamente al funcionamiento del aparato productivo nacional.
Más allá del debate migratorio, diversos organismos internacionales coinciden en que facilitar la formalización del empleo migrante no constituye únicamente una política de protección de derechos humanos, sino también una estrategia de desarrollo económico que fortalece la productividad, incrementa la recaudación de la seguridad social, mejora la competencia empresarial y reduce los espacios para la informalidad.
En ese contexto, el principal reto para Costa Rica consiste en transformar una dependencia económica que hoy opera parcialmente fuera del sistema formal en un modelo laboral más inclusivo, transparente y respetuoso de los derechos de todas las personas trabajadoras, independientemente de su nacionalidad.
