El resguardo de la información personal de los costarricenses vuelve al centro del debate público tras una seria advertencia del diputado Gilberto Campos Cruz, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), quien asegura que los datos sensibles de salud siguen siendo vulnerables a accesos no autorizados.
El foco de la denuncia es el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), sistema clave de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que almacena los historiales médicos de millones de personas. “Los datos sensibles de salud de todos los costarricenses siguen siendo accesados por terceros”, denunció Campos, al señalar que la seguridad digital institucional no está garantizando la privacidad de los pacientes.
El legislador fue más allá al comparar esta situación con la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), creada en la administración del Partido Acción Ciudadana (PAC), y aseguró que el actual gobierno, liderado por Rodrigo Chaves, “no tiene nada que envidiarle a ese tipo de estrategias”.
Campos sostiene que ya existen expedientes judiciales que evidencian accesos indebidos a la información médica y criticó que la CCSS no muestra una respuesta institucional clara. “Lo principal que pone en riesgo es la credibilidad de la Caja”, afirmó.
No se trata de un reclamo aislado. En abril de 2022, la Contraloría General de la República (CGR) ya había señalado debilidades en los controles del EDUS, advirtiendo sobre posibles brechas en la protección de datos. Desde entonces, las acciones correctivas han sido, según Campos, insuficientes o inexistentes.
Además del EDUS, el diputado también ha cuestionado la receta digital, impulsada por el Ministerio de Salud junto con la Radiográfica Costarricense (Racsa), por su presunto potencial de exponer datos médicos sin consentimiento informado. Campos denunció recientemente la supuesta vulnerabilidad de otra base de datos confidencial relacionada con registros médicos.
Este llamado de atención pone nuevamente en entredicho el manejo ético y técnico de la información personal en el sector público costarricense, en particular en materia de salud. La ausencia de una política robusta de ciberseguridad sanitaria, así como la falta de auditorías independientes frecuentes, abren la puerta a abusos, negligencia institucional y pérdida de confianza ciudadana.
En tiempos donde la salud digital avanza, la protección de la privacidad debe ser un pilar y no una ocurrencia tardía. ¿Responderá la CCSS a estas advertencias con acciones concretas, o se esperará una crisis más grave para actuar? La credibilidad de uno de los pilares del Estado Social de Derecho está en juego.
